2020: un líder asesinado por día

Solo en el primer día del año los líderes sociales tuvieron una tregua. Pero el 2 de enero volvió a comenzar la oleada de asesinatos que no cesa desde la firma de la paz con las Farc. Ese día, Carlos Cardona celebraba con algunos amigos en Ituango, Antioquia, cuando un desconocido se le acercó y le disparó. Cardona tenía 40 años, un hijo y lo acababan de nombrar subgerente del hospital de ese municipio. Su nombre aparece de primero en la lista de Indepaz, que ha registrado 21 líderes asesinados en lo poco que va de 2020. El Gobierno dice que hay 11 muertos, y prepara medidas.

Puerto Guzmán, en Putumayo, demuestra la gravedad de lo que está sucediendo. El 7 de enero asesinaron a Gloria Ocampo, una lideresa de amplio reconocimiento, secretaria de la junta de la vereda La Estrella y excandidata al Concejo. Ella, además, representaba a su comunidad en el programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito (PNIS). Al día siguiente, según Recsur, una red que investiga la violencia en el sur del país, cuatro hombres en dos motos hicieron un recorrido macabro. Pasaron por tres viviendas, en las que tocaron puerta a puerta. En las dos primeras casas mataron a dos hombres que eran miembros de juntas. Al tercero, un líder del municipio, no lo encontraron porque alcanzó a advertir lo que le venía y huyó. Ese mismo día, en otras veredas, asesinaron a otras dos personas. Y el jueves pasado asesinaron a Yordan Tovar, directivo de un sindicato campesino.

En septiembre pasado apareció en Putumayo un grupo de decenas de hombres armados que se hacen llamar “la mafia Sinaloa”. Al parecer esa estructura ha comprado los servicios de hombres que habían pertenecido a grupos guerrilleros o paramilitares, y negocia cocaína con los carteles mexicanos. Entraron tras declararle la guerra al frente Carolina Ramírez, disidencia de las Farc que dominaba el narcotráfico. Según el más reciente monitoreo de Naciones Unidas, ese departamento, con 26.400 hectáreas, es el tercero con más coca sembrada. Allí, con una institucionalidad débil, cualquier líder que encarne una alternativa distinta a la ilegalidad se convierte en un blanco fácil de estos criminales.

La reciente oleada de violencia ya acaparó la atención internacional. Esta semana, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se declaró “profundamente preocupada”, a la par que entregó la cifra oficial de 107 líderes asesinados en 2019, a los que podrían sumar 13 casos en verificación. La Defensoría del Pueblo reporta 118 asesinatos en ese periodo, y 15 en estudio. Mientras tanto, el diario londinense The Guardian calificó a Colombia como “la nación más sangrienta” contra los defensores de derechos humanos. El prestigioso medio recogió un informe de Front Line Defenders. Este indica que de cada tres activistas asesinados durante 2019 en todo el mundo, uno de ellos era colombiano. El país superó de lejos a Filipinas y Honduras, los siguientes en la infame lista.

Los muertos

La mayoría de los líderes asesinados en lo que va del año pertenecían a juntas de acción comunal. Dos de ellos coordinaban procesos de sustitución de cultivos ilícitos y varios eran indígenas, entre ellos una sabedora y médica tradicional del pueblo nasa. Hay una lista preliminar de 21 muertos, pero aún faltan verificaciones en curso, pues los números varían dependiendo de la fuente. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, tiene reporte de 11 asesinatos en lo que va del año, a partir de información de la Policía. En enero de 2018 y 2019 el Gobierno registró la muerte de 11. Es decir, los mismos que reportan este año en solo la mitad del mes. Según el criterio de conteo de la ONU, podrían ser 15.

La diferencia en los distintos registros se debe a un viejo debate: ¿A quién considerar líder social? Por ejemplo, es común que la mayoría de los habitantes de una vereda estén afiliados a una junta de acción comunal. En todo el país, 7 millones de personas hacen parte de esas organizaciones, y eso no significa que todos sean líderes. Por eso hay diferencias como que, para la Defensoría, desde la firma del acuerdo de paz han matado alrededor de 555, mientras que para Indepaz son casi 750. Pero con una cifra o la otra, el panorama es aterrador. Y el hecho de que tantas de las víctimas hagan parte de las juntas muestra que los criminales buscan debilitar los procesos asociativos locales. Estos, en muchos territorios, son los únicos que valientemente le pueden plantar algún tipo de resistencia a la ilegalidad.

En lo que va del año, al menos la mitad de ellos murieron asesinados en Putumayo y Cauca, lo que demuestra que los líderes sufren el fuego cruzado en zonas donde los criminales se disputan el control de las rentas a sangre y fuego. En el primer departamento, la mafia Sinaloa pretende desplazar a las ya establecidas disidencias. En el otro, las disidencias comandadas por el despiadado Mayimbú aterrorizan a la gente, en medio de su guerra con el ELN y un reducto de los Pelusos. En esa disputa han atacado a los indígenas que intentan preservar la autoridad en sus territorios. Además de estos dos departamentos, Nariño y Antioquia tienen la mayor cantidad de líderes asesinados en los años pasados. Allí padecen situaciones similares: varias estructuras disputan el narcotráfico y la minería ilegal.

En esencia, esta máquina de muerte ataca principalmente a quienes promueven la sustitución de cultivos, a quienes coordinan procesos de restitución de tierras y a los grupos étnicos que ejercen el control en los territorios. Según la Fiscalía, los principales asesinos de los líderes son, en ese orden, la delincuencia común, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc. El ente investigador, en un importante avance, ha podido establecer responsabilidades e hipótesis de los crímenes de líderes en más de la mitad de los casos. Recientemente ha llamado la atención que los grupos convirtieron a las mujeres en un blanco más regular. En 2018 mataron a 12 lideresas y en 2019 a 19, según la Defensoría. En enero ya van cuatro.

En el fondo, la violencia contra los líderes sociales poco ha cambiado en los últimos tres años, tras la firma del acuerdo de paz. Pero el comienzo de 2020 es uno de los peores periodos. Y eso puede tener mucho que ver con la llegada de los nuevos mandatarios locales, a quienes los criminales pretenden notificar del poder que ejercen. “Los actores violentos aprovechan el cambio de administraciones locales y departamentales para enviar un mensaje de poder”, dijo Carlos Negret, defensor del pueblo. Urge cortar esta racha.

Las soluciones

La oleada de asesinatos de líderes lleva más de tres años incontenible. Ese hecho deja en claro que las medidas tomadas han resultado insuficientes. Y esto pasa por varias razones. “Aquí ha faltado articulación entre las entidades nacionales y locales. Los mandatarios departamentales y municipales tienen que incorporar en su plan de desarrollo políticas de protección a los líderes sociales. Hasta ahora, se han desentendido de esos crímenes, sobre todo en políticas de prevención”, dijo el procurador Fernando Carrillo. En ese sentido, la llegada de los nuevos gobernadores y alcaldes es una buena oportunidad para que el Gobierno nacional promueva una política pública en materia de defensa de líderes que se implemente desde lo local.

Fernando Carrillo, el procurador general, y Carlos Negret, el defensor del Pueblo, coinciden en que urge enfrentar la estigmatización y los discursos de odio. Desde ellos parten muchos de los crímenes contra los líderes sociales.

Justamente en agosto pasado, los representantes de líderes presentaron una propuesta de política al Comité Nacional de Garantías de Seguridad, donde están el Gobierno, la fuerza pública y otros entes. Para el procurador Carrillo, ese es el planteamiento más completo que ha visto en esa materia. Incluye figuras para proteger a las personas que participan de la sustitución de cultivos, el desarrollo de estrategias contra la estigmatización y los discursos de odio, y la investigación penal en el contexto de los patrones de los asesinatos.

Para Negret, la estigmatización de los líderes, a quienes señalan por sus labores sociales, sigue impulsando los ataques. Mientras tanto, para Camilo González, director de Indepaz, “en los territorios más críticos ha sido muy lenta la llegada social del Estado. El problema del Gobierno es que insiste en una política de guerra en esos territorios, y no en una política de paz”. González señala el siempre diagnosticado problema de fondo: la necesidad de acompañar las respuestas policiales y militares con alternativas sociales y económicas en las regiones más azotadas por los violentos.

El año pasado hubo ocho asesinatos de líderes menos que en 2018, y eso muestra que el Gobierno no ha descuidado el tema. La ministra Gutiérrez reconoce la complejidad del problema, derivada del control que ejercen los ilegales en zonas donde hay dificultades para la presencia institucional por razones como la topografía y la falta de recursos para el desarrollo. “La situación debe abordarse desde una perspectiva multiagencial, pues requiere de la participación de diversos sectores. Es por esto, que desde el comienzo del gobierno se puso en marcha el Plan de Acción Oportuna, para la protección de líderes sociales, comunales, defensores de derechos humanos y periodistas. Esto con el objetivo de convocar a la institucionalidad nacional y local a estos territorios, escuchar de los líderes su situación y revisar las acciones de las autoridades para garantizar el bienestar de la población y proteger el ejercicio del liderazgo en estas zonas”, dijo.

El presidente Iván Duque estuvo esta semana en Nariño, uno de los focos de violencia contra los líderes. Nancy Patricia Gutiérrez, su ministra del Interior, reconoce que parte del problema pasa porque la institucionalidad no llega con fuerza a los territorios más azotados por los grupos ilegales.

Preocupado por lo que está pasando, esta semana el Gobierno activó un grupo élite integrado por funcionarios de la Fiscalía y de Naciones Unidas para investigar cada uno de los asesinatos de líderes ocurridos en lo que va del año.

Bojayá ofrece el ejemplo de la eterna espiral de violencia en la que parecen atrapados los pobladores de muchas regiones. Y Leyner Palacios muestra cómo esas comunidades resisten a la barbarie. Aunque perdió a 32 personas allegadas en la matanza perpetrada por las Farc en 2002, él regresó a su pueblo y, como representante de las víctimas, se convirtió en un líder reconocido a nivel mundial. Apenas comenzaba el año cuando le llegó una amenaza en la que lo sentenciaban a muerte si no se iba del municipio en menos de 24 horas. Hoy, Bojayá padece la presencia del ELN y del Clan del Golfo, y Palacios lo ha denunciado. Ahora él ha tenido que irse, y la verdadera tragedia consiste en que, sin sus líderes, las comunidades más vulneradas quedan aún más desprotegidas.

Leyner Palacios es uno de los líderes de víctimas más reconocidos en Bojayá. Tuvo que abandonar el municipio en los primeros días del año, tras recibir amenazas de muerte.