Asesinatos de líderes: regresa la guerra sucia

El asesinato de Erley Monroy encendió las alarmas. Los crímenes contra líderes sociales y defensores de derechos humanos ha ido in crescendo todo este año, pero la muerte de Monroy, líder de la Asociación Campesina Ambiental del Losada Guayabero (Ascal-G), hizo pensar que empieza una guerra sucia contra miembros del movimiento social en zonas de alta influencia de las Farc.

Su cuerpo apareció baleado en la zona rural de San Vicente del Caguán, en Caquetá. Ese mismo día también caía bajo balas de sicarios Didier Losada, presidente de la Junta de Acción Comunal de Platanillo, en Uribe, Meta. Y al día siguiente sufrió un atentado Hugo Cuéllar, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Victoria, de La Macarena, Meta, cuando salía del funeral de Monroy. A eso se sumaron dos ataques más a miembros de organizaciones cercanas a la Marcha Patriótica: Danilo Bolaños, en Nariño, que promueve zonas de reserva campesina, y el reclamante de tierras Argemiro Lara en Ovejas, Sucre.

La racha de crímenes de defensores de derechos humanos y activistas sociales no es nueva. Tanto la organización Somos Defensores, como la Oficina de Derechos Humanos de la ONU han alertado sobre un incremento de estos asesinatos selectivos en los últimos años. Solo en los primeros nueve meses de 2016 mataron a 54 de ellos, 31 de los episodios han ocurrido en los últimos tres meses. El promedio es de uno cada tres días. Las amenazas y el hostigamiento de bandas criminales y las enigmáticas Águilas Negras son incesantes.

Para frenar este desangre, el gobierno ha creado una comisión de alto nivel, encabezada por el ministro Juan Fernando Cristo, a la que asisten la Fiscalía y otras entidades del gobierno. Pero la respuesta hasta ahora es que se trata de casos aislados. Ni el gobierno ni la justicia han encontrado patrones que les permitan decir que hay un plan sistemático de exterminio. Para el Estado la mayoría de las muertes resultan de las dinámicas mafiosas regionales. Algunos líderes han pisado callos a quienes manejan la minería ilegal y el narcotráfico, especialmente en Nariño, Catatumbo, Cauca y Arauca. En otros casos, se trata del reacomodo de los grupos ilegales ante la inminente salida de las Farc. Por ejemplo en Cauca, donde las autoridades atribuyen al ELN el asesinato de 12 líderes.

Esta explicación no deja tranquila a la organización de izquierda Marcha Patriótica, cuyos dirigentes aseguran haber perdido bajo las balas de sicarios a 124 militantes en apenas cuatro años. Sin embargo, el gobierno les da la razón en algo: las muertes de los últimos días en la región del Yarí tienen otra connotación y podrían ser la primera advertencia de una guerra sucia para sabotear el proceso de paz.

Primero, porque los atentados han afectado a líderes de comunidades aledañas a la zonas veredales donde se concentrarán las Farc, y pertenecen a organizaciones sociales que respaldan abiertamente el proceso de paz. Para los jefes de las Farc, esta ola de asesinatos es la respuesta desesperada de sectores de la derecha que no se resignan a que el acuerdo de paz se implemente, y tratan de sabotearlo con violencia. Muchos analistas consideran que el clima de polarización política les da patente de corso a fuerzas oscuras para actuar. En otras palabras, que el triunfo del No ha envalentonado a sectores radicales que, al no lograr obstruir los acuerdos por la vía política, lo harán por las vías violentas.

La respuesta del Estado hasta ahora ha sido más la protección individual de los líderes, con escoltas, que una verdadera estrategia de seguridad integral para los territorios, incluida una seria investigación de estos crímenes. Esta estrategia está contemplada en el acuerdo de paz firmado esta semana y debe implementarse cuanto antes.