Estupor en el país por los asesinatos de niños

La barbarie contra los niños en Colombia se está convirtiendo en una constante. El mes de febrero tiene pocos días y algunos departamentos del país ya han lamentado las muertes de varios menores.

En el municipio de La Vega (Cundinamarca), la Policía Nacional encontró el lunes el cuerpo de un niño de siete años. Estaba desmembrado y con señales de tortura.

El menor había desaparecido desde el sábado 7 de febrero. La madre pidió ayuda a las autoridades, pero se debían cumplir 72 horas para que la Policía pudiera empezar la búsqueda. Cuando se cumplió el tiempo estipulado, ya era muy tarde.

El suroccidente colombiano también es testigo mudo de estos actos de crueldad. Este mismo lunes, un niño de seis años fue degollado por su propio padre, en una finca en el corregimiento El Carmen del municipio de Dagua (Valle del Cauca). El hombre también intentó asesinar a su otra hija, pero ella logró escapar.

Y mientras en Cundinamarca y en el Valle estaban estupefactos por estos casos, en Florencia (Caquetá), centenares marchaban por el asesinato a sangre fría de cuatro integrantes de la familia Vanegas Grimaldo.

Samuel, de 17 años; Juliana, de 14; Laura Jimena, de 10; y Déinner Alfredo, de cuatro, cada uno recibió un disparo en la cabeza que los hizo morir de manera instantánea. Aunque aún se están buscando los culpables, hay algo certero: los niños pagaron las consecuencias de una pelea entre adultos.

En Tuluá (Valle) un niño de 13 años fue desmembrado y decapitado con arma blanca el martes 3 de febrero. Según las autoridades, el menor tenía heridas a la altura del cuello, el tórax, el rostro y las extremidades superiores.

Un día antes, en el mismo municipio del Valle del Cauca, un niño de ocho fue también víctima de un hombre que lo atacó con cuchillo y le propinó dos heridas, una en el cuello y otra en el pulmón.

Este miércoles la capital del Atlántico también presentó un caso inaceptable de maltrato infantil. Una madre le inyectó raticida a su hijo de cuatro años.

El menor fue llevado de urgencias al Hospital Cari de Barranquilla y la mujer fue trasladada por la Policía a la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía. Aunque el niño se encuentra fuera de peligro, este es otro hecho que muestra que esta situación no es de poca monta.

Las cifras son alarmantes. Tan solo en el 2014, según Medicina Legal, se presentaron 1.780 muertes violentas de menores de edad. Un número no muy alentador. Lo más triste es que este año las cosas no mejoran.

“El panorama es desolador. Estamos en un país donde nuestros niños son víctimas de odios, de amenazas, de maldad. Lo más triste es que el país se haya acostumbrado a la violencia a los niños. Esto nos afecta a todos. Ahora nos preocupamos más por el narcotráfico, por el conflicto armado, pero no por el maltrato a un menor”, le aseguró Cristina Plazas, directora del ICBF, a Semana.com.

Son muchas las acciones que se quieren tomar. En una reunión del ICBF, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Policía Nacional, la Procuraduría, el Ministerio de Defensa y Medicina Legal, se creó un grupo élite que busca prevenir, investigar y sancionar estos actos de violencia.

Se espera que las acciones concretas de este grupo se empiecen a notar, pues en un hecho como la masacre en Caquetá fue evidente cómo una institución le tiraba la pelota a la otra. Cada una evadiendo responsabilidades.

“Estamos haciendo un llamado a la sociedad. No podemos seguir echándole la culpa al de al lado. Debemos crear entornos protectores y asumir una responsabilidad. ¿Los papás están aplicando los controles necesarios? ¿La Fiscalía y los jueces están castigando realmente a los culpables? ¿Será que estamos dejando que nuestra sombrilla principal sea la protección? Este es el momento para hacernos una autocrítica”, reflexionó Plazas.

Los casos mencionados sobre asesinatos a menores en Colombia no han sido los únicos. Las autoridades hacen un llamado para que las personas denuncien.

“Llegó la hora de conmovernos y de que reaccionemos como sociedad y como Estado, porque no se trata de situaciones normales”, aseguró el defensor del pueblo, Jorge Otálora. Es momento de ponerse el dedo en la llaga.