Radiografía: ¿en qué va el programa de reintegración en Colombia?

Ya pasaron dos años desde que Luis Hernando Varón Ramírez, excombatiente de las Farc, culminó su proceso de reintegración a la vida civil en la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN). Desde 2005 tomó la decisión de dejar sus armas y actualmente está vinculado con esta entidad, pero ya no en una etapa de formación y acompañamiento, sino como promotor reintegrador en diferentes regiones del país.

Hoy Varón trabaja directamente con la comunidad. La formación que recibió en su proceso de reinserción y en la Fundación para la Reconciliación le dio las herramientas necesarias para visitar a estudiantes, padres de familia y docentes, y hablarles desde su experiencia de vida para promover la convivencia en los territorios.

“Acompaño las reuniones con personas que se están reintegrando y allí les cuento sobre mi experiencia, pero no como combatiente, sino con el trabajo que he realizado durante estos últimos años. En los colegios motivamos a los jóvenes para que estudien y apliquen otras estrategias en sus proyectos de vida”, cuenta Varón, quien actualmente cursa una carrera profesional en psicología.

Como él, otras 2.535 personas también terminaron su proceso de reincorporación a la vida civil en el año 2016, según un informe reciente de la ARN. En lo que va corrido de este año, 1.424 excombatientes se han reintegrado voluntariamente.

Según Joshua Mitrotti, director de la ARN, la mayoría de la población reincorporada a la vida civil se concentra en capitales como Bogotá, Medellín y Cali. “En el sur del país y en los Llanos Orientales va a ser muy importante hacer trabajos de fortalecimiento porque de ahí saldrán muchas personas que van a requerir toda la atención por parte del Estado y la sociedad”.

El informe de la entidad también revela que el 72 por ciento de las personas que decidieron reintegrarse están empleadas. “Desde 2008 venimos trabajando en la vinculación del sector privado para promover oportunidades de empleo en esta población. Arrancamos trabajando con cuatro empresas y hoy ya se unieron 650 compañías que apoyan a las personas que abandonaron las armas”, explicó Mitrotti.

¿En qué consiste el Plan de Reintegración?

Es importante tener en cuenta que entre 2003 y 2017, 59.321 personas decidieron renunciar a sus actividades como miembro de alguna organización ilegal, es decir, se desmovilizaron. De ellas, 50.598 se vincularon al Plan de Reintegración y 18.129 cumplieron los requisitos y culminaron con éxito este proceso.

El proceso de vinculación a la vida civil dura alrededor de seis años. Se implementa un programa de trabajo individualizado que arranca con atención psicosocial por un periodo de 30 meses. “El año anterior, el 90 por ciento de estas personas llegó con algún tipo de trauma por la guerra y aquí los preparamos para que superen estas afectaciones y no representen ningún riesgo para la comunidad”, informó la ARN.

Dentro de este plan también se promueve la formación educativa y las personas desmovilizadas reciben apoyo para que culminen sus estudios. De acuerdo con el informe, a finales de 2016 aproximadamente 21 mil personas finalizaron la básica primaria, 8.064 aprobaron la básica secundaria y 2.763 personas comenzaron a cursar estudios de educación superior. “El 76 por ciento de los reintegrados llegó como como analfabeta funcional. Con ellos también realizamos procesos de alfabetización”, enfatizó Mitrotti.

Luego de esta etapa, la población reintegrada recibe un acompañamiento para desarrollar sus capacidades laborales. Adicionalmente, quienes tengan proyectos de emprendimiento, reciben un beneficio económico que les permite sacar adelante su idea. Esta labor también la apoya el Sena, donde se han formado más de 28 mil personas en cursos complementarios, técnicos y tecnológicos.

Desde luego, la comunidad también es involucrada en este plan a través de un enfoque de reintegración. En el 2016, se realizaron 141 intervenciones comunitarias en 104 municipios del país.

Los grandes desafíos

Los mayores retos que traerá este proceso de reintegración tienen que ver con vivienda y educación. Así lo hicieron saber 10.015 exintegrantes de las Farc que participaron en el censo socioeconómico aplicado específicamente a este grupo y liderado por la Universidad Nacional, el Dane y el Consejo Nacional para la Reincorporación.

De acuerdo con el informe, el 77 por ciento de los excombatientes de las Farc encuestados no tiene dónde vivir una vez culmine su proceso de reintegración. El 12 por ciento tiene vivienda en una zona rural dispersa, el 4 por ciento en un centro poblado y el 7 por ciento en cabeceras municipales. Además, aunque el 99 por ciento de esta población es colombiana, se registran personas de otros países.

Para la elaboración de los programas educativos se deberá tener en cuenta que, si bien el 90 por ciento de estos miembros de las Farc sabe leer y escribir, solo la mitad culminó sus estudios en básica primaria. El 21 por ciento tiene secundaria, un 3 por ciento cuenta con educación superior y un porcentaje de 11 no ha ingresado a ningún tipo de educación.

Para Angélika Rettberg, directora de la maestría en construcción de paz de la Universidad de Los Andes, es fundamental tener en cuenta que uno de los mayores anhelos de estos excombatientes, después de un amplio periodo de guerra, es quedarse en el campo. “Lo más recomendable es que no se les ofrezca incentivos para venir a las grandes ciudades ya que las habilidades y competencias que tienen no son aptas para ámbitos urbanos. Lo mejor que pueden hacer es ubicarlos en las zonas donde puedan poner mejor en práctica las habilidades agrícolas que la mayoría tienen”, advirtió.

Rettberg se refiere a la educación como uno de los retos más urgentes. “Se debe tener en cuenta que muchos ya tienen una edad avanzada y que tienen unas habilidades adquiridas por la práctica, pero no una certificación profesional que es lo que, para bien, exige el mercado laboral”.

Sobre el tema, Félix Antonio Muñoz, alias ‘Pastor Alape’, delegado de las Farc en el Consejo Nacional de Reincorporación, manifestó que este informe es una lectura profunda de la comunidad que sirve como insumo para la elaboración de programas que den paso a la construcción de la paz. “Lo que refleja este censo es la realidad de Colombia. Nos da elementos técnicos y científicos de las limitaciones y las deficiencias que ha tenido el Estado y que en el proceso de paz estamos obligado a resolver”, expresó.

La ARN anunció que a partir del censo se definirá una línea de trabajo para construir una política pública responsable con los reinsertados y enfocada, desde luego, hacia los colombianos que los reciben.

Por: Laura Rodríguez
@lau94rodriguez

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