Así buscan frenar la exploración minera en zonas de reserva forestal

El representante a la Cámara por Bogotá Juan Carlos Losada radicó este miércoles en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una acción popular contra la Resolución 110 de 2022 del Ministerio de Ambiente, que permitiría las exploraciones mineras en zonas de reserva forestal como la Amazonía y la Sierra Nevada de Santa Marta.

La acción popular fue radicada con medidas cautelares con el fin de evitar que se puedan desarrollar proyectos de exploración minera que se puedan ver beneficiados con este trámite exprés y libre de controles.

La iniciativa pretende reclamar la protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y los derechos colectivos a la consulta de las comunidades indígenas y étnicas del país.

“No permitiremos que el Ministerio de Ambiente ponga en peligro las reservas forestales que fueron protegidas por la ley desde 1959. Mientras mundialmente se exigen verdaderos compromisos por la protección de los ecosistemas estratégicos, en Colombia, en lugar de avanzar en la protección de nuestros recursos, queremos retroceder flexibilizando los requisitos para intervenir las zonas de reserva, en favor de los intereses económicos de particulares.” afirmó Losada.

La Resolución 110 de 2022 del Ministerio de Ambiente le da vía libre al desarrollo de actividades de exploración minera tempranas, sin que sea necesario realizar el proceso de sustracción temporal de las reservas forestales, el cual obligaba a los interesados a identificar y mitigar o compensar los posibles impactos ambientales.

Pese a que el Ministerio de Ambiente ha señalado que a la fecha no se han radicado solicitudes para adelantar labores de exploración minera con base a esta nueva reglamentación, tan solo unos días después de la publicación de la resolución, la compañía canadiense Rugby Mining Limited publicó un comunicado celebrándola y señalando que en abril “planea iniciar un programa de exploración integral en Cobrasco, un sistema de pórfido de cobre-molibdeno a gran escala sin perforar en el occidente de Colombia”.

Según Losada, bajo esta nueva norma, la compañía no tendría que someterse a ningún tipo de autorización e incluso podría adelantar labores de exploración sin siquiera identificar si en la zona existen comunidades indígenas o étnicas, pues “la resolución guarda silencio sobre el tema”.

“Al quitar el proceso de sustracción, las empresas mineras podrán explorar zonas de reserva sin realizar los estudios ambientales sobre las posibles afectaciones que dichas actividades puedan tener, y además podrán explorar, sin verificar la existencia de comunidades indígenas y étnicas. Aún más grave, en caso de no encontrar minerales para explotar, las mineras no deberán compensar el daño causado por esa exploración. Conscientes de que esta reglamentación es claramente contraria a las disposiciones constitucionales y legales, radicamos una Acción Popular que pretende suspender los efectos de la resolución. Adicionalmente, y buscando evitar la consolidación de perjuicios irremediables, se interpusieron medidas cautelares para que la suspensión sea inmediata”, aseguró Losada, quien además agregó que la Resolución 110 de 2022 desconoce que, dentro de las reservas forestales que actualmente existen el país se encuentran ecosistemas diversos, los cuales se pueden ver impactados de diferentes maneras.