Así estarían engañando a la gente con falsas promesas por trámites ante Movilidad en Bogotá

La Secretaría Jurídica de Bogotá acaba de lanzar una advertencia por un grupo de abogados que estarían engañando a las personas con falsas promesas, especialmente, con trámites ante la Secretaría de Movilidad, y cobrándoles dinero para instaurar acciones de tutela o demandas infundadas contra el Distrito.

“Hay una clara diferencia entre lo que es un grupo de abogados que, en ejercicio de una actividad claramente permitida y con cierta astucia, son capaces de organizar la verdadera agenciación de derechos de ciudadanos que han podido ser violados por entidades públicas, y pedir esa plata. Eso puede pasar, y es legítimo. Pero otra cosa son aquellos procesos donde existen esas mafias, si lo podemos llamar así, que afectan el patrimonio público, u otros casos, que nos parecen más graves aún, que afectan a los ciudadanos con falsas promesas”, dijo el subsecretario jurídico, Iván David Márquez.

Se trata de un grupo de abogados que, presuntamente, estaría detrás de la mayoría de demandas y acciones de tutela en contra de la ciudad en materia de movilidad, las cuales al final son ganadas por el Distrito. Sin embargo, les estarían cobrando una buena cantidad de dinero a los ciudadanos.

“Se supone que las actividades de los abogados son de medios, es decir, nunca garantizan un resultado porque no depende de ellos. Pero en este caso en particular, viven de garantizarle a la persona que van a hacer la demanda para que el Distrito pague tanto dinero, pero piden cierta cantidad de adelanto y luego todo se convierte en una estafa”, aseguró Márquez.

Específicamente, estos engaños estarían ligados a acciones de tutela o demandas en contra de Bogotá, en su mayoría, por fotomultas impuestas por agentes de tránsito a conductores en la capital del país.

“Tenemos un gran problema con esas empresas de abogados que están ligadas a los tramitadores que están a las afueras de la Secretaría de Movilidad, por frases como ‘las fotomultas no se pagan’. Engañan al ciudadano porque están brindando información falsa que no corresponde al Código Nacional de Tránsito ni a los pronunciamientos que ha hecho la Corte Constitucional”, afirmó a SEMANA el subsecretario jurídico de la Secretaría de Movilidad, Paulo Rincón.

Estas acciones de tutela, si bien no buscan una reclamación de dinero que impacte las arcas del Distrito, sí afectan el éxito procesal de la ciudad, pues estos abogados no solo estarían engañando a los ciudadanos, sino también desgastando a la administración distrital y a la rama judicial.

Este no es un tema menor si se tiene en cuenta que, en general, la Secretaría Jurídica Distrital se ha gastado 5.500 millones de pesos en contratos de prestación de servicios con firmas de abogados o con personas naturales para defender a la Administración.

De acuerdo con el subsecretario Rincón, además de engañar a las personas, esta firma de abogados estaría cometiendo situaciones grotescas con la justicia y con sus propios clientes al presentar una única prueba en la mayoría de casos. No obstante, a cada persona le estarían cobrando una tarifa por separado.

“Hemos encontrado que de 2.437 acciones de tutela que se han presentado en este 2022, el 48 por ciento corresponde a la misma firma de abogados, casi la mitad. En 1.531 acciones de tutela, están presentando el mismo audio o pantallazo como prueba para todas”, explicó Rincón.

El audio al que hace referencia el subsecretario es el de un conmutador en el que se explica que por el momento no hay agenda disponible para la asignación de audiencia virtual. En el caso de los pantallazos, la situación es la misma. Un comparendo o fotocomparendo es tan solo una orden para comparecer ante un inspector de Policía, y dicha persona es quien decide finalmente si habrá multa o no.

En ese orden de ideas, esta empresa de abogados estaría engañando a la ciudadanía de la siguiente manera, con la falsa promesa de bajarle una fotomulta: “Ofrecen un combo a las personas con el que se les garantiza sacar una cita para hablar con el inspector de Policía, un proceso que es totalmente gratuito. También prometen un derecho de petición si no les dan la cita y, si no hay respuesta, una acción de tutela”, dijo el subsecretario Rincón.

Y el modus operandi para demostrarles a las personas que ellos cumplieron sería el siguiente: “El día de hoy, a las 8:00 de la mañana, me interponen un derecho de petición, para el cual tenemos 15 días para dar respuesta, pero hoy mismo a las 5:00 de la tarde ya interponen la acción de tutela, pero lo hacen solamente para cobrar por el total de los servicios”, agregó Rincón.

Lo que las personas desconocen es que todo el proceso por el cual les están cobrando es totalmente gratis. Cualquier ciudadano, sin representación alguna, puede instaurar un derecho de petición o una acción de tutela.

Si bien es cierto que este grupo de abogados ofrece un servicio y las personas son quienes deciden si lo toman o no, el bufete estaría engañándolas al afirmar que tumbarán las “fotomultas inconstitucionales”. Dicha acción no depende de ellos sino de la decisión que tome el inspector de Policía. Además, las fotomultas en Colombia no son ilegales, pues la Corte Constitucional las avala siempre y cuando se logre comprobar que el dueño del carro era quien iba conduciendo.

Otra prueba del engaño son las cifras que tiene la propia Secretaría de Movilidad, en las que se evidencia que la mayoría de estas acciones de tutela radicadas sin fundamento son ganadas por el Distrito, y en últimas las fotomultas no son anuladas.

SEMANA investigó y tuvo acceso a la base de datos de las demandas y acciones de tutela que se radican en contra de la Secretaría de Movilidad. Efectivamente, en varias de ellas, las cuales se presentaron con fechas totalmente diferentes, las pruebas que se exponen son varios pantallazos que tienen la misma hora para varias tutelas.

Al analizar la base de datos, SEMANA conoció cuál es el grupo de abogados que efectivamente está detrás del 48 por ciento de las acciones de tutela que se radican en contra de la Secretaría de Movilidad. Este medio se abstiene de publicar su nombre para no interferir en las investigaciones.

Fuentes le afirmaron a SEMANA que en la Fiscalía hay una investigación para establecer responsabilidades en las personas que estarían engañando a los ciudadanos con estos servicios.

Estos abogados, por valores que sobrepasan los 100.000 pesos, ofrecen a través de redes sociales y una página web la impugnación de las fotomultas. En una especie de ‘combo’ que ponen al servicio de la ciudadanía, incluyen audiencias, tutelas e impugnaciones, recaudo de pruebas y hasta quejas contra funcionarios que, según ellos, se salten la ley.

Desde el primero de enero de 2016 hasta julio de este año, Bogotá ha sido condenada 2.691 veces por 839.000 millones de pesos, lo que quiere decir que a diario se pierden en la capital del país, por el pago de demandas, 350 millones de pesos en promedio. Según el concejal Rubén Torrado, del Partido de la U, las entidades más demandadas son las subredes de salud, pues desde 2016 han recibido cerca de 2.246 demandas por 263.000 millones de pesos.

Pero además del sector salud, las otras entidades con más procesos activos en su contra son el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), el Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (Foncep), la Secretaría de Integración Social, la Secretaría de Movilidad y el Acueducto de Bogotá.

Si bien la Secretaría Jurídica de Bogotá reconoce que en promedio se han perdido 350 millones de pesos al día por el pago de demandas, advierte que la cifra pudo ser aún mayor de no ser por la gestión de la entidad.

“La defensa jurídica de Bogotá es muy alta, nosotros ganamos la mayoría de casos, estamos por encima del 90 por ciento en el índice de éxito procesal. Efectivamente, hay casos que se pierden, sí, pero la cifra que se paga es pequeña para lo grande que es Bogotá”, aseguró el subsecretario Márquez.