Así fue como abogado defraudó al sistema tramitando reliquidaciones pensionales a docentes y fue condenado

En los últimos años, el sistema de pensiones de Colombia ha sido objeto de varios casos de fraude y corrupción. Uno de estos casos fue descubierto recientemente, cuando un juzgado penal declaró culpable al abogado Cristóbal Armando Maya Quintero de defraudar el sistema pensional del país.

Según las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, entre los años 2014 y 2015, Maya Quintero gestionó certificaciones falsas ante la Unidad de Gestión de Parafiscales y Pensión (UGPP) para solicitar la reliquidación de la denominada “pensión de gracia” a 41 docentes de Cundinamarca. Cabe recordar que la pensión de gracia se concede a los profesores oficiales que hayan trabajado en el magisterio por un término no menor a 20 años, y consiste en una compensación económica consagrada en la Ley 114 de 1913, que no los exime de recibir otra prestación económica adicional.

El abogado Cristóbal Maya Quintero logró que a uno de los profesores le fuera reconocido el pago de $27.229.451, una cantidad que estaba por encima de su factor salarial. Sin embargo, las demás peticiones fueron rechazadas por la UGPP, ya que se encontró información errónea en los documentos presentados.

El ente acusador demostró que Maya Quintero utilizaba los radicados de trámites realizados ante la Gobernación de Cundinamarca para respaldar las certificaciones falsas que presentaba ante la UGPP. Además, recibía pagos de los pensionados que le confiaban sus solicitudes.

Ante estas pruebas, el abogado fue sentenciado a 15 años y 10 meses de prisión por los delitos de falsedad material en documento público, fraude procesal y tentativa de estafa. Además, deberá cumplir una multa equivalente a 260 salarios mínimos legales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

Cabe destacar que esta decisión es de primera instancia y que contra ella proceden los recursos de ley. A pesar de ello, la sentencia de Maya Quintero es un recordatorio, dicen las autoridades, de la importancia de mantener la integridad y la transparencia en el sistema pensional del país. Solo de esta manera se puede garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan y se evite que se produzcan casos de fraude y corrupción.

Negocio familiar de estafas

Una madre, su hija y un conocido habría montado todo un entramado para quedarse con el dinero de incautos que soñaban con comprar una vivienda y carro. Las tres personas señaladas de estafa en Ibagué, Tolima, son Ángela Johanna Molina Trujillo, María Juliana Peñuela Molina y Jean Pierre Franco.

Ángela Johanna, la madre de María Juliana, ya tenía una medida de detención domiciliaria por hechos similares al delito de estafa. Por su parte, María Juliana y Jean Pierre Franco son acusados de participar en diferentes esquemas fraudulentos para engañar a personas.

En el caso de Ángela Johanna, la Fiscalía le imputó cargos por el delito de estafa agravada en concurso homogéneo y sucesivo con la misma conducta, ya que se logró asociar tres noticias criminales en las que esta mujer, en coordinación con su hija habría estafado a cinco personas por una suma total de $80 millones. Uno de los casos por los que están siendo investigadas tuvo lugar entre el 24 de abril y el 18 de septiembre de 2022, cuando obtuvieron de manera ilícita la suma de $8.750.000, los cuales fueron entregados en diferentes fechas por parte de la víctima y su familia.

Según la investigación, Ángela Johanna le habría hecho creer a la víctima que le ayudaría a obtener un beneficio de subsidio para vivienda de interés social y que debía entregarle inicialmente $750.000. Para mantenerla en el error y darle un viso de legalidad al proceso, le hizo firmar documentos como formatos de una entidad crediticia reconocida para el supuesto trámite; posteriormente, le dijo que el subsidio le saldría, y que mientras esto sucedía se convirtiera en su inversionista para contratar con el Estado.

El objetivo era comprar y vender porcinos y pollos, lo que le generaría rentabilidad y se ayudaría para el mismo proceso de la vivienda de interés social. Fue así como la víctima le habría entregado, al parecer, 8 millones de pesos. Sin embargo, ante las múltiples excusas y evasivas de Ángela Johanna, la afectada investigó y descubrió que la procesada contaba con medida de aseguramiento de detención domiciliaria por hechos similares, por lo que decidió dejarla al descubierto y denunciarla ante las autoridades.

Por su parte, Jean Pierre Franco fue imputado por el delito de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con estafa agravada en calidad de líder al servicio, al parecer, del grupo de delincuencia organizado denominado ‘Los Comisionistas’, dedicado a ofertar vehículos automotores a bajos precios y con prenda bancaria.

De acuerdo con las pesquisas, este grupo recolectaba sumas superiores a los 90 millones de pesos por parte de las víctimas, quienes jamás recibían el vehículo prometido ni recuperaban el dinero invertido en el falso negocio. Bajo ese modus operandi, la banda delincuencia se habrían apropiado de una suma cercana a los 1.8 millones de pesos.

Finalmente, ninguno de los tres sindicados aceptaron los cargos imputados por la delegada fiscal, que adelanta las investigaciones para determinar si más personas cayeron en este entramado de estafas o si, por el contrario, fueron víctimas de ‘Los Comisionistas’.