Así fue el infierno que vivieron 15 policías en el CAI de La Aurora durante el estallido social del 2021

Lo que ocurrió en la noche del 4 de mayo de 2021 en el CAI del barrio La Aurora, en la localidad de Usme, es lo más parecido a una película de terror: 15 policías que se resguardaron en la pequeña caseta fueron amenazados con ser quemados vivos por cientos de manifestantes en medio del llamado estallido social.

Obligados a salir por la multitud que incendió el CAI, los agentes fueron golpeados con palos y todo tipo de elementos contundentes. En medio del caos, lo único que escuchaban los policías eran los gritos y amenazas, en las cuales no los bajaban de cerdos que debían morir.

En un extenso juicio, las declaraciones bajo juramento de los policías dejaron claro los minutos de tensión que se vivieron en medio de las manifestaciones que se destacaron por su alta dosis de violencia y el ataque sistemático contra agentes e instalaciones de la Fuerza Pública.

Un policía, quien quebró en llanto durante su declaración, fue claro en señalar que estando en el CAI en sus actividades normales fueron informados por un ciudadano que se “avecinaba una multitud proclamando discursos violentos” en contra de los policías.

Pocos minutos después, armados con todo tipo de elementos, los protestantes rodearon el CAI de La Aurora. Con piedras y palos rompieron los vidrios blindados, para, acto seguido, arrojar bombas explosivas al interior, generando un incendio que quemó todo lo que estaba a su paso.

“Ante el fuego generado por los asaltantes, se hizo necesario que el patrullero Wilmer Andrés Parra Perdomo accionara de forma inmediata el extintor sobre el cuerpo de sus compañeros que resultaron quemados”, señaló el juez quinto especializado de Bogotá en la condena contra Edwin Raúl Murcia Rodríguez y Kevin Sebastián Hernández Socha.

Tras darle plena validez a las declaraciones de los quince policías que declararon durante todo el extenso juicio, se advirtió el sentimiento de miedo, zozobra y temor que vivieron todos los agentes.

El patrullero Freddy Jonathan Perdomo Hernández recordó cómo pese a que gracias a los extintores se aplacaron las llamas “el polvo químico arrojado por el extintor y el humo de las bombas molotov impidieron que los servidores de la Policía Nacional respiraran adecuadamente al punto de sentir asfixia”.

Para aumentar la sensación de miedo, los agentes recibieron una llamada desesperanzadora de la central de radio: el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) no arribaría a tiempo por los múltiples bloqueos que se habían efectuado en el sur de Bogotá.

Sin poder respirar y con los ojos rojos por el humo, los agentes salieron del CAI para salvaguardar su vida. En ese momento, como relataron con la voz entrecortada, fueron nuevamente atacados y agredidos en “forma inmisericordia” por los manifestantes.

Los policías coincidieron en afirmar que el deseo de sus agresores era causarles el mayor daño posible, e inclusive hablaron de matarlos “como los cerdos que eran”. En esos momentos la “desesperación era total”.

“Tal y como lo refirieron los uniformados los actos de los manifestantes indujeron a un estado de pavor por el riesgo que corrían sus propias vidas, llevándolos a pensar que morirían quemados o asfixiados”, señaló el juez al citar varias declaraciones.

Tres años y medio después las secuelas siguen para muchos de los policías. Como quedó consignado en la sentencia “todos (los policías) manifestaron haber padecido secuelas psicológicas como el temor a salir a la calle, sueños periódicos de los episodios violentos, eventos de tristeza y llanto recurrente, miedo al encierro o a las aglomeraciones de personas y problemas de readaptación al servicio, entre otros aspectos, de donde se infiere que los hechos génesis de esta actuación sin duda alguna provocaron en las víctimas un estado de terror y zozobra”.

El juez no dudó en calificar la acción como “repudiable y cruel”. Debido a esto Edwin Raúl Murcia Rodríguez y Kevin Sebastián Hernández Socha fueron, respectivamente, por su responsabilidad en los delitos de terrorismo agravado y violencia contra servidor públicos.