Así fue el saqueo de la UNGRD. SEMANA revela los 5 preacuerdos de la Fiscalía con los confesos corruptos: “Fue una empresa criminal”

El escándalo más grande de corrupción en el gobierno del presidente Gustavo Petro es sin duda el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al punto que ha cobrado el cargo de varios de los alfiles del primer mandatario. El último de ellos, el ahora exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Gran parte de los hechos corruptos se ha conocido por las confesiones de sus protagonistas, que al verse cercados por la justicia prendieron el ventilador en la Fiscalía para contar todo.

SEMANA revela los cinco preacuerdos que se convierten en la escritura de cómo operó esta empresa criminal. Las pruebas son demoledoras.

Los confesos corruptos dejaron plasmado en estos documentos los detalles de cómo sacaban las millonarias tajadas del presupuesto de la UNGRD, en el escándalo que nació con la compra irregular de 40 carrotanques, por 46.000 millones de pesos, para calmar la sed en La Guajira. En realidad, todo esto fue la excusa para sacar dinero con el fin de comprar congresistas, hechos que se repitieron con una feria de contratos entregados para comprar los votos y la conciencia de los parlamentarios.

Los preacuerdos que revela SEMANA son de Pedro Rodríguez Melo, asesor jurídico del exdirector de la UNGRD Olmedo López, quien habría diseñado la matriz corrupta; el del exsubdirector de Conocimiento de la UNGRD, Luis Carlos Barreto, quien trató de salir del problema con otro soborno, fue descubierto y no le quedó más remedió que confesar; está también el de Luis Eduardo López Rosero, el contratista que a cambio de coimas se quedó con el contrato de los carrotanques, y el de los dos testigos estrella de este caso, el exdirector Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla, quienes fueron los primeros en levantar la mano y con sus confesiones abrieron la caja de Pandora de la “empresa criminal”, como lo califica la misma Fiscalía.

Pedro, el asesor

Una de las confesiones más reveladoras es la de Pedro Rodríguez Melo, quien ha pasado de agache, pero fue —según la Fiscalía— el gestor del modelo corrupto y quien entendió que la UNGRD era la entidad adecuada para sacar millonadas del erario, sin tener que cumplir con la ley de contratación pública. Al tratarse de una entidad encargada de atender desastres, el presupuesto debe estar disponible en corto tiempo y basta con una orden de proveeduría para echar a rodar la plata, y así lo hizo con el primer “negocio”, el de los carrotanques.

“Para julio de 2023, previo al inicio del proceso contractual con la UNGRD, Pedro Rodríguez Melo le suministró al empresario y contratista Luis Eduardo López Rosero información de los bienes y servicios que la entidad requeriría, para que de manera anticipada realizara las cotizaciones de vehículos tipo carrotanque (…). Organizó con Olmedo López y Sneyder Pinilla el direccionamiento de las órdenes de proveeduría a las empresas de Luis Eduardo López Rosero a cambio de coimas por cada contrato adjudicado”, se lee en el explosivo documento de 22 páginas al que tuvo acceso SEMANA, que está firmado por la fiscal 9 delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño (ver imagen).

Rodríguez, quien era el asesor jurídico del entonces director de la entidad, Olmedo López, señala el preacuerdo, “tuvo pleno conocimiento de los planes contractuales de la entidad, entre estos, los tramitados en la subdirección de manejo de desastres”.

La descripción del actuar criminal de Rodríguez y sus cómplices continúa y en un aparte la Fiscalía advierte con claridad que “días después, informó Sneyder que ya tenían proveedor para el suministro de vehículos tipo carrotanques para La Guajira, y que en el negocio iban a ganar todos”.

En octubre de 2023, Rodríguez presentó en las instalaciones de la UNGRD a Luis Eduardo López con Sneyder Pinilla para la organización, planeación y direccionamiento de los contratos. Para finales de diciembre de 2023 y comienzos de enero de 2024, recibió 1.000 millones de pesos, su tajada, la cual fue cancelada en dos cuotas. La primera, una consignación a la cuenta de su pareja y la segunda, a través de pago en efectivo realizado por el contratista López en la casa de su pareja, en Pasto.

A Rodríguez Melo se le fijó una pena de cuatro años, diez meses y 19 días, y el reintegro de 1.000 millones de pesos, en el preacuerdo.

Barreto, el sobornador

Otro de los implicados que decidió confesar fue el exsubdirector de Conocimiento de la UNGRD, Luis Carlos Barreto, quien, al verse cercado por las pruebas y luego de fracasar en un intento de soborno al exsubdirector Sneyder Pinilla para que no lo delatara, decidió confesar sus pecados. Este plan para avenir a la justicia fue revelado cuando el abogado de Pinilla, Gustavo Moreno, se vistió de agente encubierto y destapó todo.

En este preacuerdo aparece un dato escandaloso y es la gestión para conseguir una gran cifra de dinero de la UNGRD para pagar sobornos, silenciar a los testigos y comprar la impunidad. “El 29 de julio de 2024, el doctor Moreno Rivera, actuando en calidad de agente encubierto, se reunió con el abogado Édgar Eduardo Riveros a eso de las 2 p. m., en las instalaciones del Hotel Double Tree AR, de Bogotá, quien le mencionó un contrato por valor de doscientos cuarenta y dos mil millones, del cual saldría el dinero del soborno prometido con destino a Sneyder Pinilla”.

Lo que sigue es impactante, se trata nada menos que del acuerdo criminal que trató de lograr Barreto: “El 31 de julio de 2024, Moreno Rivera, Riveros Rey, Pinilla Álvarez y Luis Carlos Barreto, nuevamente, se reunieron en el Hotel Double Tree AR, de Bogotá, quienes hablaron del proceso por los hechos de corrupción de la UNGRD, especialmente de los contratos de pozos profundos, plantas desalinizadoras, un Fondo de Inversión Colectiva (FIC) por doscientos treinta y un mil millones de pesos, todos en el departamento de La Guajira, indicando que si se pagaban estos de dichos recursos, se cancelaría el valor del soborno ofrecido a favor de Sneyder Pinilla en tres cuotas de mil millones de pesos cada una”. (Ver imagen).

El descarado ofrecimiento, que buscaba tapar la corrupción con más corrupción, es explicado en detalle en el documento del preacuerdo que revela el plan. “Adicionalmente, se ofrecieron trescientos cincuenta millones de pesos con el propósito de que Pinilla Álvarez realizara el restablecimiento del valor del peculado imputado por la Fiscalía General de la Nación”.

Pero el acuerdo corrupto que fue revelado gracias a la participación del abogado Gustavo Moreno como agente encubierto también buscaba que el exdirector Olmedo López se quedeara callado, “se prometió además que si el dinero del contrato del Fondo de Inversión Colectiva (FIC) era cancelado, se entregarían diez mil millones de pesos al también imputado Olmedo de Jesús López, para que faltare a la verdad, a cambio de que se retractara de lo manifestado a la Fiscalía General de la Nación en contra de Luis Carlos Barreto, Pedro Rodríguez y César Manrique, para lo cual Luis Carlos Barreto Gantiva se encargaría de aportar toda la documentación y soporte do los procesos que adelantaron en la UNGRD, con el fin de sustentar Ias versiones en las que Sneyder Pinilla se retractaría”.

El documento también señala que el 6 de agosto se dio una nueva reunión, en el mismo hotel, a las 6 p. m., en la se ratificó la oferta corrupta. El acuerdo, que quería establecer Barreto con Pinilla para pasar de agache ante la justicia, contemplaba una retractación de lo que ya había dicho a la justicia, en particular los contratos por más de 92.000 millones de para los congresistas de la Comisión de Crédito Público. El pago por el silencio tenía dos opciones: 3.000 millones en efectivo o el 5 % de los 242.000 millones de pesos.

Este preacuerdo con Barreto estableció una pena de tres años, siete meses y 13 días de prisión, y el reintegro de 150 millones de pesos, un compromiso de retorno de dinero mínimo, pese a las millonadas de dinero que fue saqueado en la entidad.

López Rosero, el Pastuso

Otro de los implicados en esta maraña de corrupción es Luis Eduardo López Rosero, conocido como el Pastuso, quien fue el encargado de organizar todo para quedarse con el contrato para la compra de 40 carrotanques para calmar la sed en La Guajira, por 46.000 millones, a cambio de una jugosa coima con la que, al parecer, pagaron el soborno de 4.000 millones de pesos para los expresidentes de Senado, Iván Name, y de Cámara, Andrés Calle. En la investigación, la Fiscalía logró identificar una matriz de 30 empresas manejadas por López Rosero.

El negocio con el Pastuso, tal como aparece en el documento del preacuerdo, era de largo aliento y buscaba de forma continua sacar tajadas de la contratación de la UNGRD. “Esta empresa criminal fue creada con vocación de permanencia e influencia en la contratación de la Unidad, pues durante el tiempo en que los imputados Olmedo López Martínez, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, Pedro Andrés Rodríguez Melo y Luis Carlos Barreto Gantiva, permanecieron en los cargos en la entidad, así como César Augusto Manrique Soacha, entonces director del Departamento Administrativo de la Función Pública, y el particular Luis Eduardo López Rosero”.

Más allá de los participantes que tienen que responder ante la justicia, en el preacuerdo queda claro que como se distribuyeron tareas para operar y quedarse con el dinero para la atención de emergencias, “se interesaron ilícitamente en múltiples órdenes de proveeduría y contratos, direccionando los suministros para la ejecución de la respuesta ante emergencias que hayan generado la declaratoria de calamidad pública, desastre o similar naturaleza, la organización delincuencial se estructuró con una división de trabajo preacordada, en razón de la cual cada uno de sus integrantes desarrolló un rol específico e indispensable en el suceso, sin el cual no se alcanzaría la finalidad propuesta”.

Rosero trató de pasar desapercibido y en principio defendió su inocencia, pero las confesiones de Olmedo López y de Sneyder Pinilla, sumado a la investigación patrimonial y empresarial de la Fiscalía derrumbaron sus argumentos y no le quedó más remedio que confesar. Hay un detalle que llama la atención, y se refiere a una persona llamada Pedro Castro, quien prestó a Rosero los 4.000 millones para los sobornos, con interés de 2,3 % mensual, y que fue desembolsado en tres cuotas, justamente las tres entregas que hicieron a Name, dos de 1.500 millones; y a Calle, una de 1.000 millones de pesos.

Los intereses de ese dinero, que suman 276 millones de pesos, fueron cancelados en los primeros días de 2024, cuando se hizo el anuncio, con bombos y platillos, de la llegada de los 40 carrotanques para La Guajira, que hoy están recogiendo polvo en un parqueadero. Pinilla había justificado la entrega del contrato a la empresa Impoamericana Roger SAS, de Rosero, con el argumento que no solicitaba anticipo, pero esto se cayó, y el pago quedó para realizar a contraentrega. En total, Rosero habría pagado 6.342 millones de pesos.

A Rosero le fue fijada una pena de seis años, ocho meses y 12 días de prisión, y el reintegro de 7.722 millones de pesos.

Sneyder, el primero en levantar la mano

Cuando el escándalo reventó, el primero en levantar la mano para confesar fue el exsubdirector Sneyder Pinilla, quien contó todo, mientras que la Fiscalía era renuente a avanzar en un acuerdo. Fue tal la contundencia de lo que contó Pinilla, y que en su momento publicó SEMANA, que a la Fiscalía no le quedó más remedio que escucharlo y acordar la colaboración. Llama la atención que, pese a destapar la corrupción y aventar a los protagonistas, su preacuerdo es menos favorable que el de los demás implicados.

Pinilla era clave en la matriz corrupta, pues era el enlace entre el alto gobierno, Olmedo López y los congresistas y contratistas que se quedaban con el dinero para atender emergencias. Así lo deja claro su preacuerdo.

El documento en poder de SEMANA es contundente: “Coordinó, para el mes de octubre de 2023, con Olmedo López la entrega de 3.000 millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado Iván Leonidas Name Vásquez, a través de Sandra Liliana Ortiz Nova en su apartamento ubicado en la Suite Tequendama de Bogotá, quien para la época de los hechos se desempeñaba como alta consejera presidencial para las Regiones, y 1.000 millones de pesos en efectivo entregados, personalmente, por Pinilla Álvarez en Montería, Córdoba, al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas, de acuerdo con las instrucciones impartidas por Carlos Ramón González Merchán, entonces director del Dapre, a Olmedo López”.

Justamente, en los últimos días, SEMANA reveló el testimonio de María Alejandra Benavides, la exasesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien en medio del llanto confesaba que su jefe sabía todo y que detrás de estas transacciones también estaba el exministro de Interior Luis Fernando Velasco. La versión coincide con lo publicado y los chats que se han revelado para las gestiones conjuntas.

Pues bien, el preacuerdo dejó espacio para contar la participación de Benavides en la trama corrupta: “Coordinó con María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca, y Carmen de Bolívar, Bolívar, en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la República Julio Elías Chagüi Flórez, Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya, según las instrucciones impartidas por el ministro Ricardo Bonilla tanto a Olmedo López como a Pinilla Álvarez”. (Ver imagen).

El preacuerdo con Pinilla estableció una pena de tres años, siete meses y 13 días de prisión, y el reintegro de 150 millones de pesos.

Olmedo, el director de orquesta

Todo el entramado corrupto contó con la venia del exdirector de la UNGRD Olmedo López quien, como afirmó en SEMANA, recibía órdenes directamente de altos funcionarios de la Casa de Nariño. A esos encuentros en los que le daban las órdenes para repartir el presupuesto en los bolsillos de los congresistas los denominó cónclaves. En ellos, los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla; del Interior, Luis Fernando Velasco, y el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, le indicaban a López cómo feriar la plata de los más necesitados.

Pero hay un capítulo especial que refleja cómo desde el Gobierno encontraron el camino para desangrar el presupuesto a través de la UNGRD que, por tratarse de una entidad que atiende emergencias, no se rige por la ley de contratación pública, y el dinero es desembolsado con agilidad. Este fue el argumento para tratar de mover plata de la Agencia Nacional de Tierras a la UNGRD.

“Gestionó con Luis Carlos Barreto y su jefe político César Augusto Manrique, entonces director del Departamento Administrativo de la Función Pública la modificación del convenio n.° 9677CV020021 de 2023, celebrado entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) con el propósito de reducir su valor en 100.000 millones de pesos, liberar y trasladar los recursos restantes a favor del FNGRD”, se lee en el preacuerdo de 23 páginas. (Ver imagen).

La sinfonía que cantó Olmedo López ratifica cómo, de la mano de su subdirector Pinilla, hacían realidad las peticiones del cónclave: “Dirigió con Sneyder Pinilla la operación tendiente a conseguir dinero producto de la contratación ilícita de la Unidad con destino a congresistas (…). Lideró la operación tendiente a dirigir contratos de la Unidad para que fueran adjudicados a determinados congresistas y otros funcionarios públicos o particulares”.

El preacuerdo de López también detalla, como lo hicieron los otros implicados, la entrega de contratos por más de 62.000 millones de pesos para los congresistas de la Comisión de Crédito Público; la entrega de los 4.000 millones a Name y a Calle, y destaca que Olmedo López era un hombre de plena confianza en la Casa de Nariño, aunque hoy pretendan desconocerlo. Era parte del cónclave ministerial y de vieja data, militante del M-19, con el que considera su jefe en esa organización Carlos Ramón González y su compañero de lucha Gustavo Petro.

Estos preacuerdos están listos para llegar a las manos de los jueces que dictarán la última palabra. Sin embargo, SEMANA conoció que, en voz baja, algunos implicados están planteando a la Fiscalía contar nuevos detalles e implicados en el saqueo a la entidad, ya han dicho nombres que permitirían abrir un nuevo y espinoso capítulo. Pero hay un punto sobre el cual la Fiscalía avanza a paso muy lento y que tiene a los confesos frenados. ¿Qué está pasando con los principios de oportunidad?