Así fueron las ‘chuzadas’ del DAS a la Corte Suprema de Justicia

Le decían Betty y su código secreto era Y66-3. Su tarea, aunque sencilla, no dejaba de ser crítica: ubicar una grabadora en una cavidad de la mesa central de la sala principal de la Corte Suprema de Justicia, antes del inicio de las sesiones plenarias. Por ese trabajo, su agente de control -'Samantha', bautizada 'la Mata Hari' por los medios- le entregaba una platica que complementaba sus precarios ingresos como empleada de los tintos del Alto Tribunal. El jueves pasado, Janeth Maldonado fue destituida fulminantemente por la Corte, por haber violado la confianza de los magistrados. Este fue apenas el último episodio del peor caso de espionaje estatal de que se tenga memoria en el país.

Según la Fiscalía, el DAS espió a la Corte Suprema de Justicia por lo menos durante dos años. Se hizo de forma continua y a través de varios caminos que incluían desde seguimientos e inteligencia financiera, hasta lograr que personas muy cercanas a los magistrados traicionaran su confianza. Estas son algunas de las primeras conclusiones que se desprenden de las declaraciones dadas a la Fiscalía por los funcionarios de Inteligencia que, uno a uno, se acercan a la justicia buscando beneficios a cambio de contar la verdad y de ayudar a dar con quienes dieron las órdenes de tamaña operación de espionaje.

Ya son media docena de funcionarios del DAS, entre los que se encuentran los ex jefes de Inteligencia y Contrainteligencia, y la subdirectora de Operaciones de Inteligencia, que han suministrado importantes detalles que cada vez les dan más forma a los aterradores hechos que reveló SEMANA a comienzos de 2009. Al cruzar sus testimonios, aparecen cada vez con mayor nitidez las huellas de cómo se fraguó una conspiración contra la Corte Suprema de Justicia, que comenzó con la búsqueda de información reservada del Tribunal y la verificación de posibles nexos entre magistrados y personas non sanctas, y que terminó en una campaña de desprestigio en contra de los juristas.

Para ayudar a aclarar el caso, SEMANA relata cómo sucedieron los hechos, según los protagonistas.

La primera piedra

El lunes 25 de septiembre de 2006, el presidente Álvaro Uribe se salió de sus casillas. La gota que rebosó su copa fue una entrevista en SEMANA de Yesid Ramírez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, en la que el magistrado se fue lanza en ristre contra la decisión de Uribe de respaldar a la Corte Constitucional en el conocido choque de trenes por la tutela contra sentencias. Ramírez dijo que irían al Congreso "para que tomen la decisión patriótica de impedir que en este país se vuelva a consagrar una monarquía absoluta por la Corte Constitucional, avalada por el presidente Uribe". Esto desató el ánimo exaltado de Uribe, que el país conocería en más de una oportunidad, y llamó a Ramírez para hacerle fuertes reproches por sus declaraciones. Que el jefe de una rama del poder público le cante la tabla a otro no ocurre todos los días. Menos, que uno le tire el teléfono al otro, como hizo Ramírez. Ambos quedaron lejos de pensar que el incidente se había superado.

La Corte Suprema se sentía traicionada. Desde el comienzo de su primer mandato, el Presidente había cuestionado a la Corte Constitucional y había dicho que, como su nombre lo indica, la Suprema debía ser la instancia de cierre de la justicia. La Corte Suprema atribuyó el cambio de posición del gobierno a la aprobación de la primera reelección de Uribe por parte de la Constitucional.

Un mes después comenzó el escándalo de la llamada parapolítica, cuando la Corte Suprema llamó a indagatoria a tres congresistas de la coalición uribista. Ahí se selló la recíproca percepción de que había una conspiración: por un lado, la Corte no veía como genuino el cambio de posición filosófica del Ejecutivo, y este último no veía como una acción de la justicia la vinculación de sus aliados a procesos judiciales, sino como una retaliación que buscaba acorralarlo. La pelea estaba casada.

El proceso de la parapolítica rápidamente creció. En febrero de 2007 ya ponía tras las rejas a siete congresistas más, cada cual más cercano a Palacio, entre ellos Álvaro Araújo, lo que llevó a que su hermana, María Consuelo Araújo, dimitiera como canciller. Un duro golpe para Uribe, quien había prometido mantener a sus ministros por largo tiempo, y que en este caso sentía que se lo habían tumbado con un escándalo, según él, infundado e injusto. Casi en simultánea, comenzaron los anuncios del congresista Gustavo Petro de que haría un debate para revelar los alcances de los paramilitares en Antioquia.

La infiltrada

En el DAS, el subdirector de Fuentes Humanas, William Romero, dio instrucciones a Alba Luz Flórez, hoy conocida como 'la Mata Hari' y cuyo alias era 'Samantha', de infiltrar a la Corte Suprema de Justicia, para buscar información de las investigaciones y de lo que se discutía en la Sala Plena. Esta operación, según el testimonio de Flórez ante la Fiscalía, empezó en marzo de 2007. A la misión de trabajo de Flórez se le puso el nombre de 'Escalera', y duró hasta mediados de 2009. Los indicadores de evaluación de esta espía son muy dicientes de su trabajo: "... en la misión de trabajo se me evalúa con unos objetivos muy específicos, como son el reclutamiento de dos fuentes semestrales del blanco (es decir, de la Corte Suprema) y suministro de información privilegiada de cuatro informes de inteligencia mensuales", dice Flórez en su declaración.

A la Mata Hari la felicitaron por su labor en "resultados de orden estratégico, que hace referencia a información privilegiada para la toma de decisiones del Alto Gobierno para la Seguridad Nacional".

Como fachada para acercarse a la Corte, Flórez fingió ser una distribuidora de productos naturales, pero su esfuerzo solo le permitió conocer a personas que no tenían el acceso a los magistrados que requería su misión. Ante el riesgo del fracaso, decidió acudir a otras tácticas. Revivió una antigua relación sentimental que había tenido con un oficial de la Policía que para ese momento era el jefe de Seguridad del Congreso de la República. Flórez dice que lo manipuló, que su fin era enamorarlo y entonces convencerlo de que si no le ayudaba en su misión con la Corte Suprema de Justicia, corría el riesgo de ser trasladada y no se podrían cumplir las promesas de matrimonio que le hacía.

Fue así como llegó a su primera fuente confiable, un suboficial de Policía, quien luego sería el escolta de Iván Velásquez, el magistrado auxiliar que lideraba las investigaciones de la parapolítica. "Usted tiene más compromiso con el Presidente que con la Corte", le dijeron al suboficial para convencerlo de traicionar a los magistrados.

A los pocos días, este suboficial lo contactó con otro funcionario que también se convertiría en su informante. Con esto, Flórez no solo había cumplido su cuota de lograr dos fuentes en ese primer semestre, sino que ya realizaba detallados informes de inteligencia a partir de los comentarios que sus infiltrados escuchaban en los pasillos, mentideros y reuniones privadas del Palacio de Justicia.

El segundo 'round'

El anunciado debate de Gustavo Petro fue mucho menor de la expectativa que generó. Pero sí logró extender el manto de duda sobre eventuales relaciones entre paramilitares y lo más sagrado para el presidente Uribe, su familia.

No pasarían muchos días para que en la Corte Suprema el nombre de Mario Uribe, primo del Presidente, empezara a sonar con más fuerza. Fue en junio que el jefe paramilitar Salvatore Mancuso y la congresista Eleonora Pineda dijeron haberse reunido con el senador, testimonios que le sirvieron a la Corte para abrir una investigación previa el 10 de julio contra Mario Uribe.

Para ese momento, las labores de infiltración del DAS a la Corte Suprema arrojaban sus primeros resultados. Con las pesquisas de sus fuentes, la detective Flórez preparó uno de sus primeros informes en el que, de forma detallada, relacionaba la estructura de la Corte, la conformación de sus tres salas, los nombres de los magistrados titulados y auxiliares, los empleados de los despachos y el número de la extensión de cada uno. Estos informes llegaban al DAS, a manos de William Romero, su jefe directo.

Entre tanto, las diferencias entre la Corte y el Ejecutivo se acrecentaban, y cualquier cosa, por mínima que fuera, servía de pretexto para que se mostraran los dientes.

El caso Tasmania

En solo un par de meses, las indagaciones en el caso de Mario Uribe se convirtieron en una investigación penal de la Corte, que fue abierta el 26 de septiembre de 2007. Tres días después, el gobierno quedaría enredado en un montaje que buscaba desprestigiar a Iván Velásquez, magistrado estrella de la parapolítica. De acuerdo con el testimonio de la ex subdirectora de Operaciones de Inteligencia del DAS Martha Leal a la Fiscalía, el sábado 29 de septiembre Fernando Tabares, el director de Inteligencia, la citó con urgencia al despacho de la nueva directora, María del Pilar Hurtado, con quien mantenía una estrecha amistad. Allí le dijeron que "una persona de Presidencia" los había contactado con una persona en Medellín que tenía información clave que demostraría cómo supuestamente el magistrado Velásquez estaba haciendo propuestas a un paramilitar para obtener declaraciones falsas contra el presidente Uribe.

A las pocas horas, Martha Leal salió hacia Medellín a reunirse con Sergio González, abogado de Tasmania, un paramilitar detenido. Leal llegó al aeropuerto de Rionegro a las 5:30 de la tarde, y al encontrarse con González, "subimos en su vehículo en compañía de su esposa, y nos dirigimos a un lugar que está a unos 15 minutos del aeropuerto donde nos sentamos a hablar del documento que me iba a entregar", dijo Leal en su declaración.

El abogado le contó que el magistrado Velásquez se había reunido de forma irregular con su apoderado, y que aprovechando su ausencia, lo presionó amenazándolo con años de cárcel si no declaraba contra el presidente Álvaro Uribe. Según el abogado González, en una carta Tasmania decía: "el señor Velásquez, según me parece, lo quiere perjudicar. Es lo único que le interesa. A cambio, entrega lo que sea".

Al día siguiente, domingo, la directora del DAS la llamó afanada, pues alguien de la Presidencia había quedado de pasar esa noche por su casa a recoger la información. El lunes Leal fue citada de nuevo al despacho de Hurtado. Allí recibió la instrucción de ponerse en contacto con Mario Uribe para viajar y regresar ese mismo día a Medellín, pues requerían enviar un documento urgente al Presidente. "Después de haber hecho las reservas... hablamos nuevamente con el doctor Uribe, y él me indica que va a enviar a alguien de su oficina para que me entregue un sobre en el aeropuerto de Rionegro... llegué a Rionegro, contacté a la persona, me entregó el sobre e inmediatamente me 'chequié' y salí en el mismo avión que había llegado", dice Martha Leal. Tan pronto regresó al DAS, se reunió con la directora y le entregó el sobre.

Luego cuenta que fue amonestada porque alguna vez no le prestó suficiente atención a una llamada del abogado Sergio González. La directora del DAS le dijo que "cada vez que él me llamara yo debía verme con él o atenderlo, de manera que tuve que viajar varias veces a Medellín cuando el abogado me llamaba, a fin de recibir mensajes que este enviaba a la Casa de Nariño y que se hacían llegar a través de la directora del DAS". Este particular servicio de mensajería se utilizó para informar en Palacio que otro paramilitar, Francisco Villalba, estaba en un tratamiento psiquiátrico, y que esto podría ser útil para desvirtuar una declaración que había hecho sobre la supuesta participación de Mario Uribe en una masacre.

Al comenzar octubre, el mismísimo Presidente hizo pública la denuncia de Tasmania. Acusó a la Corte Suprema de armar un complot en su contra. A través de un comunicado de prensa, el 8 de octubre Palacio informó de la carta de Tasmania en la que se estarían ofreciendo beneficios a él y su familia a cambio de acusar a Uribe y a otras personas de ser autores intelectuales del atentado contra un paramilitar. La Corte cerró filas y su presidente, César Julio Valencia, denunció cómo ellos estaban siendo sometidos a seguimientos y espionaje. La directora del DAS salió a los medios a negar que eso estuviera sucediendo.

Ocho meses después, la investigación de la Fiscalía descubrió que lo de Tasmania era un montaje y que lo urdido fue una campaña de desprestigio contra Velásquez que habría sido orquestada por un paramilitar conocido como el Tuso Sierra, también defendido por Sergio González.

Robo de expedientes

Mientras las tensiones entre la Corte y el Presidente llegaban a uno de sus puntos más altos a finales de 2007 -y la directora del DAS negaba categóricamente cualquier clase de espionaje-,en el Palacio de Justicia las fuentes reclutadas por la Mata Hari seguían con su silencioso trabajo. En la medida en que crecían las exigencias, la detective tenía que diseñar nuevas estrategias para conservar sus fuentes. Por ejemplo, "debía mantener unos lazos afectivos con esta persona, en el sentido que los invitaba junto con su familia y sus hijos a almorzar. Ellos se sentían muy felices porque nunca habían tenido esa oportunidad de almorzar o cenar en sitios elegantes y comida rica".

Así, cada vez iba comprometiéndolos más. Según su declaración a la Fiscalía, su jefe le empezó a requerir copia de los expedientes de las investigaciones contra congresistas. Solo en el mes de noviembre entregó siete a su jefe. Según la detective, algunos meses después recibió la orden de encontrar el expediente del ex senador Mario Uribe (primo del ex presidente Uribe). "Así tuviera que hacer hasta lo imposible, debía obtenerlo", dice la detective, quien finalmente no lo logró porque el caso ya había pasado a la Fiscalía, pues en su estrategia de defensa el senador Uribe había renunciado a su fuero. 

La orden de Casa de Nariño

A finales de agosto de 2007 había llegado a la dirección del DAS María del Pilar Hurtado. Al ser nombrada directora se hacía historia: nunca antes una mujer había asumido la jefatura de la principal agencia de inteligencia del Estado. A los pocos días de su posesión, a principios de septiembre de 2007, el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, la invitó a un desayuno en el Metropolitan Club de Bogotá para hablar sobre los intereses del gobierno. Le pidió a Fernando Tabares, su director de Inteligencia, que la acompañara. Allí, según le contó Tabares a la Fiscalía, Moreno dijo que el Presidente quería estar detalladamente informado sobre las actividades de la senadora Piedad Córdoba, el periodista Daniel Coronell y los magistrados de la Corte Suprema. El mensaje fue recibido y aplicado al pie de la letra: a partir de ese momento, no hubo mayor prioridad para la Dirección General de Inteligencia del DAS que conocer las intimidades de los miembros de la Alta Corte.

Curiosamente, el primer punto de interés provino no del DAS sino del propio Bernardo Moreno. En noviembre, citó a Hurtado a la Presidencia para pedirle que investigara un viaje que algunos magistrados habían hecho a Neiva acompañados de un señor llamado Ascencio Reyes. Al mismo tiempo, hizo igual requerimiento a Mario Aranguren, el director de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (Uiaf). A él le entregó información del chárter y una consignación del pago. Durante los meses siguientes, tanto el DAS como la Uiaf esculcarían en Neiva y Bogotá para obtener evidencia que probara una relación non sancta de los magistrados con Reyes o cualquier otro personaje de dudosa reputación. Revisaron el listado de pasajeros y las cuentas de hotel en la capital opita donde se habían hospedado los juristas. Una investigación que, según el director de Contrainteligencia del DAS, Jorge Lagos, "no tenía razón legal ni motivo de inteligencia".

En diciembre, mientras por órdenes de la Casa de Nariño una parte del DAS enfocaba sus recursos para conocer las actividades extracurriculares de algunos magistrados de la Corte Suprema, proseguía el esfuerzo por encontrarle la comba al palo al magistrado auxiliar Iván Velásquez. A mediados de ese mes, nuevamente Hurtado y Tabares requirieron los servicios de Marta Inés Leal, la subdirectora de Operaciones de Inteligencia. Le ordenaron reunirse con Diego Álvarez, el abogado del jefe paramilitar Don Berna. Ese encuentro, según relató Leal, se llevó a cabo en un BMW negro frente a la clínica de Nicolás de Federman en Bogotá. Álvarez necesitaba la ayuda del DAS para grabar a un señor Henry Anaya, quien presuntamente le estaba ofreciendo unas prebendas a su cliente a cambio de 15.000 dólares. Anaya, supuestamente, hablaba a nombre del magistrado Velásquez.

El DAS consiguió los equipos de video y audio y los instaló en la oficina de Álvarez. El 21 de diciembre se reunieron el abogado de Don Berna y Anaya, y el video y el audio del encuentro fueron entregados a la directora del DAS. Luego, cuando se supo que Anaya no trabajaba en la Corte, la prueba perdió su atractivo. Pero no se afectó la colaboración del DAS con el abogado del paramilitar. En una ocasión, Álvarez grabó ilegalmente a Velásquez hablando con Don Berna y en otra, el blanco era el primer testigo de la parapolítica, Rafael García. Según Leal, toda esta información fue entregada a la directora, "pues ella comentaba que en Palacio estaban pendientes de recibir esa información".

La preocupación de los paras

El contacto con el DAS no fue suficiente para el abogado de Don Berna. Optó por reunirse directamente con el secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, en dos ocasiones en la Casa de Nariño, en febrero y marzo. Allí, Álvarez dijo que tenía pruebas de un supuesto complot de la Corte para enlodar al gobierno y, en particular, al presidente Uribe. Irónicamente, eran las mismas grabaciones que había compartido antes con el DAS. Del Castillo aceptó recibir al abogado y a un emisario de los paramilitares llamado 'Job' para revisar las presuntas pruebas. Una de las reuniones se efectuó en el apartamento de Juan José Chaux, quien en ese momento estaba de candidato a embajador en La Haya y luego fue nombrado representante de Colombia en República Dominicana. Hurtado fue invitada, pero según Marta Leal, el propio Presidente le sugirió que no asistiera.

El afán de los emisarios del ex jefe paramilitar Don Berna no era fortuito. Temían que el capo estuviera ad portas de ser enviado a una cárcel en Estados Unidos; más aún cuando el 2 de abril de 2008, la Corte Suprema autorizó la extradición de Macaco, otro jefe paramilitar. La jugada de Berna era avezada: ponerse al lado del gobierno en su agudo enfrentamiento contra la Corte. Y encontró una audiencia receptiva. Las relaciones de Uribe y los magistrados se habían agravado con la decisión del Presidente de demandar por injuria y calumnia al ex presidente de la Corte César Julio Valencia. Valencia había acusado a Uribe de haberlo llamado para hablar sobre el caso de su primo Mario Uribe. Algo que el hoy ex mandatario niega.

En esa disputa judicial también intervino la directora del DAS. Ordenó a su equipo investigar las cuentas y propiedades de Valencia y las de su abogado Ramiro Bejarano, información que le fue remitida en este mismo mes de abril por Marta Leal. El Presidente y Valencia tenían una audiencia de conciliación el 29 de abril.

Una semana de abril

En esos días el ambiente estaba caldeado en la Casa de Nariño. El 21 de abril de 2008, la Fiscalía ordenó la captura de Mario Uribe como presunto autor del delito de concierto para delinquir agravado. El ex senador se refugió por unas horas en la embajada de Costa Rica. La noticia retumbó por todos los medios; al lado del cuestionamiento de la coalición de gobierno se sumaban los aplausos a la justicia. El malestar se incrementó en Palacio, donde la opinión sobre la Corte y la Fiscalía era cada vez más negativa. La denuncia del enviado de Don Berna parecía confirmar su peor presentimiento: que la Corte estaba empeñada en hacerles daño a Uribe y sus aliados.

Edmundo del Castillo aceptó reunirse en la Casa de Nariño con el abogado del paramilitar Berna y con Job para revisar el material. Ese encuentro, celebrado a las seis de la tarde del 23 de abril, no produjo lo esperado. Las pruebas eran débiles, y aunque el objetivo era, según Leal y Tabares, "desacreditar a Iván Velásquez" en un caso estilo Tasmania, el encuentro se mantuvo en secreto hasta que SEMANA lo reveló en agosto. Don Berna y varios de los otros jefes paramilitares fueron extraditados en mayo, y Job fue asesinado a finales de julio.

El 24 de abril, al día siguiente del encuentro con Job, Bernardo Moreno se reunió con funcionarios de la Uiaf. El motivo: revisar la información solicitada sobre los magistrados que habrían viajado a Neiva. Al mismo tiempo, en el DAS se compilaban los datos de su propia investigación, tanto del periplo a la capital huilense como también lo referente al polémico empresario Ascencio Reyes. El expediente, denominado 'Paseo', era cada vez más voluminoso. Armados con aparente evidencia que dejaría mal parada a la Corte, y tal vez incluso al fiscal general, Mario Iguarán -se especulaba que Reyes habría asistido a su posesión (resultó falso)-, el sanedrín de Palacio preparó la filtración de los documentos a la prensa. El resumen de esos informes salió publicado el domingo en algunos medios, incluida SEMANA.

La investigación, tanto del DAS como de la Uiaf, no cesó. A varios magistrados, entre ellos Yesid Ramírez y César Julio Valencia, se les abrieron carpetas individuales de inteligencia. A Ramírez incluso le descubrieron que el lugar de nacimiento registrado en su cédula de ciudadanía (Chaparral, Tolima) no es el mismo que consta en su tarjeta profesional de abogado (Algeciras, Huila). En estas averiguaciones, desempeñó un papel fundamental la Mata Hari. Consiguió los números celulares de varios magistrados y funcionarios, entre ellos Velásquez, y los entregó a sus jefes. Con ello se habrían facilitado las interceptaciones. Ella fue quien también les comunicó a sus superiores en abril el rumor de que unos narcotraficantes le habían regalado a Ramírez unos caballos de paso. 

La falsa paz

Hasta ese momento, el país no se daba cuenta de cómo subía la temperatura entre los dos grandes poderes del Estado. Pero en junio de 2008, la olla a presión había recogido tanto vapor que explotó.

La Sala Penal de la Corte Suprema condenó a la ex congresista Yidis Medina por haber vendido su voto para aprobar la reforma que permitía la reelección presidencial, y en el fallo dejó entrever que el gobierno de Uribe sería ilegítimo. Esa misma noche del 26 de junio, el Presidente respondió al fallo con una carga de profundidad: dijo que algunos magistrados eran "nostálgicos del terrorismo agónico". Y, para rematar, ordenó a su sanedrín interponer acciones penales contra la Corte. Eso hicieron, al día siguiente, el entonces ministro de Protección Social, Diego Palacio, y el alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo. Un tiempo después se vino a saber que la denuncia de Restrepo contenía la información recogida por el DAS en sus seguimientos y 'chuzadas' ilegales a los magistrados.

En esos días, la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, había recibido de manos de sus detectives el informe final de los seguimientos ilegales que les hicieron a varios magistrados. En las carpetas de cada uno aparecía todo tipo de información sobre sus esposas, sus hijos, registros confidenciales de sus movimientos bancarios y de sus propiedades, un análisis político de sus posiciones, si tenían o no familiares con líos judiciales y hasta el tipo de plan de pago del teléfono celular. Tras varios meses de rastreo, a los magistrados no les encontraron nada de relevancia. Lo único fue el caso ya mencionado de Ascencio Reyes, que fue filtrado a la prensa.

A los magistrados les cayó encima, casi día por día, un aguacero de cuestionamientos. El 10 de agosto comenzó la andanada. Con información filtrada por el gobierno, artículos en los medios nuevamente cuestionaban al investigador de la parapolítica, el magistrado auxiliar Iván Velásquez, de presunta compra de testigos.

Pero el tema dio un giro cuando SEMANA publicó los detalles de la reunión de Job en la Casa de Nariño. La historia, lejos de implicar a la Corte, afectó la imagen del gobierno. El presidente de la Corte, Francisco Ricaurte, calificó lo ocurrido como un complot contra el Alto Tribunal. 

 El tapen-tapen

La trama montada por el DAS comenzó a desplomarse como una hilera de fichas de dominó. Y la primera en caer, en noviembre de 2008, fue la directora María del Pilar Hurtado, cuando se conoció un memorando en el que se ordenaba hacerle seguimiento a uno de los líderes de la oposición, el senador Gustavo Petro. Aunque ella dijo que el documento era un hecho aislado, una posterior investigación de la Fiscalía encontraría que desde la época de Jorge Noguera se montó un seguimiento a líderes de la oposición y activistas de izquierda.

Su caída no frenó el espionaje. La Mata Hari, en su confesión, cuenta cómo todavía en enero de 2009 sacó información de la Corte relacionada con el caso de Guillermo Valencia Cossio, el hermano del Ministro del Interior, para entregársela al DAS.

Durante meses, SEMANA había estado investigando denuncias sobre este espionaje a la Corte y otras personalidades del país. Así, tres días antes de la llegada de Felipe Muñoz como director, hubo un intento de borrar todas las evidencias. Los videos de las cámaras de seguridad del DAS mostraron cómo, entre el 19 y el 23 de enero de 2009, funcionarios adscritos a las direcciones de Inteligencia y Contrainteligencia sacaron de las oficinas decenas de documentos, discos duros de computador y memorias extraíbles, entre otros elementos. El mismo Fernando Tabares le confirmó a la Fiscalía estos hechos. La Mata Hari, sin embargo, según cuenta ella misma, siguió entregando información hasta junio. Y según Tabares, Muñoz, actual director del DAS, conocía de la existencia de esa informante.

El 22 de febrero, SEMANA reveló una portada donde se revelaban todos los seguimientos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, políticos de partidos de oposición, miembros de ONG, entidades internacionales de derechos humanos y periodistas.

La tónica general en algunos otros medios y, sobre todo, en el alto gobierno fue descalificar las revelaciones. En cambio, la Corte convocó a una sala plena extraordinaria para determinar qué camino seguir, y los 23 magistrados, por unanimidad, estuvieron de acuerdo en que este era el momento para revelar el asedio del que fueron víctimas, tanto ellos como sus familias, durante cerca de un año, y que hasta ahora solo habían discutido con mucha prudencia en la intimidad del Tribunal.

"Todos los casos ocurren después de que se inicia el proceso de la parapolítica. Antes, ningún magistrado había sentido ninguna hostilidad de este tipo", le dijo el presidente de la Corte, Francisco Ricaurte, en ese entonces, a SEMANA. Las aguas nunca volvieron a calmarse.

En agosto, el fiscal general, Mario Iguarán, terminó su periodo, y su vicefiscal, Guillermo Mendoza, asumió por encargo mientras la Corte Suprema elegía su reemplazo.

Mendoza le dio un giro de 180 grados al equipo de investigadores de las 'chuzadas' y arrancó en serio la investigación. Sin embargo, también comenzaron maniobras para tratar de torpedear la investigación. Aparecieron otras 'chuzadas' que desviaron la atención de la Fiscalía y salían como por arte de magia noticias de equipos de interceptación con los que nadie contaba, de la Procuraduría, del Ejército, del Inpec y hasta uno del Ministerio de Defensa que, supuestamente, figuraba como extraviado en el trayecto de Europa a Colombia. Empezaron a filtrarse en los medios, por cuentagotas, todo tipo de noticias sobre cómo en Colombia empresas privadas 'chuzaban' y que la embajada de Estados Unidos había rematado 32 equipos de interceptación telefónica que se encontraban en las calles. Todo, urdido por el Das y el alto gobierno, con el fin de confundir a la opinión.

Pero la tapa de la olla fue el caso de la llamada 'falsa fiscal'. A principios de noviembre del año pasado, una ex fiscal, Claudia Esther Pérez, luego de ser retirada de su cargo porque no pasó el concurso de méritos que la ley obliga, se despachó en los medios de comunicación. Dijo que tras dos meses de investigar el caso había logrado descubrir que las 'chuzadas' no se habían hecho en el DAS y que todo había sido un montaje contra el DAS. "Lo que se quería era generar un mayor choque de trenes entre el Presidente de la República y el presidente de la Corte", dijo la ex fiscal a La W.

En un primer momento muchos le creyeron. Pero dos días después, el fiscal Guillermo Mendoza y el vicefiscal Fernando Pareja desvirtuaron esas acusaciones, que estaban salpicadas de mentiras y verdades a medias. La realidad es que sin permiso de la cúpula de la Fiscalía, a escondidas, ella decidió montar una investigación paralela sobre el caso de las 'chuzadas'.

Hoy, ni en la Fiscalía ni en la Corte hay dudas de lo que pasó estos dos años. Son tantas las pruebas y las confesiones de los involucrados directos que la única pregunta que queda por resolver es quién dio la orden en el alto gobierno del presidente Uribe.