Así habría sido el ‘torcido’ en el Ejército para cobrar recompensas con presupuesto de gastos reservados

Recientemente se conoció que un teniente coronel, un capitán y un sargento en retiro, en el Valle del Cauca habían sido capturados por presuntas irregularidades con los dineros que se destinan para el pago de recompensas a informantes que entregan datos relevantes sobre el crimen en el país.

SEMANA conoció parte del material probatorio con el que cuenta la Fiscalía, y que sirvió de soporte para que un juez de la república ordenara la captura en contra de los dos oficiales y el suboficial que formaban parte de las estructuras de inteligencia, que, sobra decirlo, es una de las columnas vertebrales para combatir a las bandas criminales como las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo.

Dentro del material que tiene la Fiscalía y que conoció SEMANA en contra del teniente coronel Robert Legarda, jefe de inteligencia del batallón #23, el capitán Édgar Ballesteros, oficial de inteligencia del mismo batallón y el Sargento (r) Fernando Vélez, hombre de apoyo, se encuentran documentos administrativos de inteligencia, presuntamente falsos.

Con el supuesto modo irregular que habrían empleado los militares para quedarse, supuestamente con el dinero de las recompensas, habrían engañado a un alcalde de un municipio del Valle del Cauca, quien creyendo en los informes de inteligencia de los oficiales ordenó que se pagara una millonaria recompensa.

El primer caso ocurrió en el mes de agosto de 2020, cuando el Ejército presentó como resultado positivo la ubicación de 170 cilindros de gas. La información que entregaron Legarda, Ballesteros y Vélez en los informes, según la Fiscalía, era que la localización de estos elementos se había logrado gracias a la información que había entregado una fuente humana.

Por esta razón, dice la Fiscalía, los uniformados anteriormente mencionados, elaboraron la respectiva carpeta para el pago de recompensas, en que consignaron información, supuestamente falsa, con el único propósito de cobrar los 5.500.000 pesos que se ofrecían por esta clase de informaciones.

SEMANA conoció que la Fiscalía cuenta con informes de inteligencia que habrían elaborado y avalado los procesados, como los es el documento 6498 del 21 de agosto de 2020, que es un informe de inteligencia que habría suscrito el teniente coronel y que habría contado con el visto bueno del capitán y del sargento.

SEMANA también conoció que la Fiscalía cuenta con otro producto de inteligencia, elaborado -al parecer- por los mismos militares mencionados, bajo el rótulo 6483, en el que se habla de la supuesta fuente humana que entregó la información sobre la ubicación de los cilindros de gas.

Sin embargo, al ahondar en la investigación, la Fiscalía encontró, luego de practicar varias entrevistas a soldados de dicha unidad militar en el Valle del Cauca, y quienes le aseguraron que los cilindros habían sido ubicados mediante labores de patrullaje en la región y no por información de fuentes humanas.

“Usted participó en lo que corresponde al peculado, participó en el tramite administrativo, usted fue el que cobró los 5.500.000 pesos producto del tramite de los 170 cilindros, informe que es falaz toda vez que este procedimiento fue realizado por parte de soldados en patrullajes de rutina y aprovechando cuando dieron parte, ustedes, comandante del batallón, capitán de inteligencia y suboficial de inteligencia, aprovecharon esa información y desarrollaron esos tramites como si hubiera sido información de una fuente”, señalan los documentos de la Fiscalía en contra de los militares Legarda, Ballesteros y Vélez.

Pero las presuntas habilidades de los uniformados para propiciar el pago aparentemente irregular de las recompensas no paran ahí.

De acuerdo con la Fiscalía, los uniformados habrían entregado información de inteligencia falsa a la Alcaldía del Dovio en el Valle del Cauca, argumentando que el capitán Ballesteros, había participado, presuntamente, en una operación militar en donde fue muerto un cabecilla del ELN, conocido como alias El negro Antonio.

En la información que le entregaron a la Alcaldía, y que según la Fiscalía fue avalada por el coronel Legarda, se asegura que el capitán Ballesteros pertenecía al batallón #10 de Tuluá.

Sobre esto aseguran los investigadores de la Fiscalía que cuentan con los documentos con logos del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares y del Ejército en los que se notifica la supuesta vinculación del oficial a dicha unidad militar.

Con estos documentos, y creyendo en la información entregada por la unidad a cargo de coronel Legarda, la Alcaldía del Dovio ordenó que se desembolsara el pago de 4.000.000 de pesos, que tenía como fin ser entregados a la supuesta fuente humana que había dado la información sobre el paradero del cabecilla del ELN. La solicitud del desembolso de los dineros, según la Fiscalía, la hizo la unidad de inteligencia al mando del coronel Legarda.

Pero luego de desarrollada la investigación, dice la Fiscalía que obtuvo una certificación del comandante de alta montaña #10, en donde deja constancia que el capitán Ballesteros no formó parte de la operación militar en donde murió el integrante del ELN por la cual, Legarda, Ballesteros y Vélez habrían cobrado a través de un tercero la recompensa de 4.000.000 de pesos.

Es decir, al parecer, los experimentados hombres de inteligencia que tenían a su cargo una de las regiones más golpeadas por las organizaciones ilegales, como lo es el Valle del Cauca, ya tenían en su cabeza cómo armar, presuntamente, carpetas con falsos informantes para cobrar dichos dineros.

Tras descubrir las supuestas maniobras a las que habrían acudido los hombres de inteligencia para cobrar los dineros de las recompensas, la Fiscalía capturó a los oficiales y al suboficial y les imputó los delitos de peculado doloso en calidad de coautores en concurso con fraude procesal, por haber hecho incurrir en error a la Alcaldía del Dovio para que desembolsara los recursos que provienen del pago de los impuestos de los habitantes del municipio.