Así le fue al presidente Gustavo Petro durante su primer año en materia de seguridad; delitos como la extorsión aumentaron

Una de las críticas al presidente, Gustavo Petro, a falta de tres días para que complete su primer año de Gobierno, es la inseguridad que se vive no solo en las capitales, sino en los territorios que históricamente han padecido la violencia.

Al mandatario, entre otras, se le ha señalado por su política de ‘paz total’, con la que desde su Gobierno se han adelantado acercamientos con estructuras criminales para la dejación de armas. Algunos aducen que ha sido aprovechada por los grupos al margen de la ley. Pero, ¿qué tan cierto es?

El Mecanismo de Monitoreo del Sistema Integral de Paz de la JEP expone los indicadores del primer año del gobierno de Petro en comparación con el último año de Iván Duque como presidente de Colombia. Unos mejoraron, mientras que otros empeoraron.

Durante el primer año de Petro, por ejemplo, se redujeron en un 50 % los confinamientos de la población civil ordenados por estructuras criminales, problemática que se había acrecentado durante la pandemia, cuando los grupos armados asumieron el rol de “autoridades” en territorios donde desde siempre ha faltado institucionalidad.

Según el mecanismo de la JEP, durante el mandato de Petro también disminuyó el desplazamiento forzado, concretamente en un 42 %.

Aunque en los últimos días, el país se estremeció con el asesinato de una patrullera de la Policía en un semáforo de Neiva (Huila), el Mecanismo de Monitoreo del Sistema Integral de Paz de la JEP dejó ver que durante el primer año del presidente las emboscadas contra la fuerza pública se redujeron en un 52 % y que los enfrentamientos con las autoridades lo hicieron en un 46%.

Los índices que empeoraron

Durante el gobierno de Petro han aumentado en 38 % los combates entre estructuras ilegales al margen de la ley, lo que ha puesto en riesgo a los pobladores.

También han aumentado los retenes ilegales (se registran 46 en comparación con 32 en 2022), especialmente por obra del ELN, conforme con el mecanismo de monitoreo de la JEP, así como el asesinato de los otrora combatientes de las Farc que firmaron la paz.

También incrementó la extorsión, con 210 casos reportados en el transcurso de 2023, en contraste con los 154 registrados el año pasado. Una de las ciudades donde más aumentó este delito fue en Barranquilla, hecho por el que la Procuraduría también alertó semanas atrás.

El control territorial que ejercen los grupos armados ilegales

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, se reunió el pasado 27 de julio con 100 mandatarios locales y directivos de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) para revisar la situación de seguridad y de derechos humanos. En ese contexto, se refirió al fortalecimiento de los grupos al margen de la ley y su control territorial.

“El grupo armado con mayor presencia e influencia sobre el territorio nacional son las Autodefensas Unidas de Colombia (Clan del Golfo), que delinque o tiene injerencia en 24 departamentos y 392 municipios; principalmente, en el noroccidente y oriente del país. En segundo lugar, el ELN, con presencia en 19 departamentos y 224 municipios; de manera concreta, en todo el corredor de la frontera con Venezuela, como también en buena parte del Pacífico”, explicó Carlos Camargo Assis.

El defensor del pueblo, además, expuso cómo es la presencia de los dos grupos disidentes de las Farc, el Comando Mayor Central, en cabeza de Iván Mordisco, y la Segunda Marquetalia, de Iván Márquez, cuya muerte no fue confirmada por el Gobierno colombiano.

Las disidencias de las Farc lideradas por Iván Mordisco hacen presencia en 18 departamentos y 180 municipios del suroccidente del país, la Amazonía y territorios cercanos a la frontera con Venezuela. La Segunda Marquetalia delinque en 14 departamentos y 69 municipios, particularmente, en el suroccidente del país, aunque tiene injerencia en Cundinamarca, Antioquia, Bolívar, Norte de Santander, La Guajira y Guainía.