Nación
Así operaba banda de presos que extorsionaba a otros detenidos en Medellín
La Fiscalía capturó y judicializó a los integrantes de una organización criminal que extorsionaba a personas que estaban detenidas en Medellín.
Si un detenido en los calabozos de la Escuela Carlos Holguín de la Policía Nacional y en la Estación de Policía del barrio Castilla de Medellín quería ir al baño o caminar por los pasillos, tenía que pagar una suma de dinero o de lo contrario lo golpeaban.
Así quedó registrado en las denuncias que recibió la Fiscalía General de la Nación y que dejaron al descubierto una modalidad de extorsión, conocida por muchos pero ignorada por otros, sobre todo si esta ocurría en espacios de detención custodiados por la misma Policía Nacional.
Ocho personas, quienes ya estaban detenidas, fueron cobijadas con otra medida de aseguramiento, por integrar una red criminal de extorsionistas que tenían como víctimas a sus propios compañeros de celda en salas de paso a cargo de la Policía en la ciudad de Medellín. Además, fueron capturadas tres mujeres que se encargaban de recibir el pago de las extorsiones, fuera de la cárcel.
#Fiscalía logró la judicialización de once presuntos integrantes de grupo delictivo señalado de extorsionar a personas detenidas en centros de paso de #Medellín, a cambio de permitirles usar los baños y de transitar por los pasillos del lugar. pic.twitter.com/Q0pHTQvSsp
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 12, 2021
“La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario contra 8 presuntos integrantes de un grupo delincuencial, investigados por los delitos de extorsión y acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir agravado”, dijo la Fiscalía, al informar sobre los procedimientos de captura.
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Los investigadores que recibieron las denuncias adelantaron las indagaciones del caso, recuperaron el material probatorio y establecieron la modalidad criminal. Lograron identificar que los extorsionistas les exigían sumas de dinero hasta de un millón de pesos a los otros detenidos para poder caminar e, incluso, usar el baño en estos centros de detención temporal.
“Por su parte, tres mujeres fueron judicializadas y afectadas con medida de aseguramiento por el delito de extorsión. Las hoy judicializadas, presuntamente se prestaron para recibir los dineros producto de las exigencias ilegales. Ninguno de los procesados se allanó a los cargos imputados”, señaló Natalia Rendón, directora seccional de Medellín.
En las labores de verificación que expuso la Fiscalía en las audiencias de imputación de cargos en contra de los capturados, los investigadores dejaron en claro la forma en la que actuaba esta organización criminal y cómo quienes se negaban a pagar las extorsiones se convertían en víctimas de golpizas en los mismos centros de detención.
“De acuerdo con el proceso adelantado por un fiscal destacado ante el Gaula, entre junio y julio de 2019 los procesados al parecer exigieron dinero a dos personas que estaban privadas de la libertad en los calabozos de la Escuela Carlos Holguín de la Policía Nacional y en la Estación de Policía del barrio Castilla de Medellín (Antioquia), a cambio de permitirles usar los baños y de transitar por los pasillos del lugar”, advirtieron los investigadores del caso.
Un hecho particular quedó identificado a lo largo de la investigación. En varios casos donde los otros detenidos se negaban a pagar las extorsiones o simplemente no tenían como cancelarlo, los delincuentes los obligaban, como parte de pago, a introducir en el cuerpo y en sus partes íntimas, celulares para evitar las incautaciones del personal de custodia.
“Los investigadores establecieron que las víctimas habrían pagado sumas hasta de 1 millón de pesos para poder movilizarse por las instalaciones oficiales. Además, quienes no pagaban, presuntamente eran golpeados o usados como caletas humanas para esconder celulares en sus cavidades íntimas”, explicó el ente acusador en un comunicado de prensa.
Todos los capturados y judicializados fueron cobijados con medida de aseguramiento, y lo que pretende ahora la Fiscalía es establecer la responsabilidad que tendrían los uniformados que formaban parte del esquema de seguridad o de custodia en esos centros de detención.