Peligroso: así operaba la poderosa red de corrupción en la UNP con venta de esquemas, carros falsos blindados y mucho billete. La vida de protegidos en juego

Cada semana está surgiendo un nuevo escándalo de corrupción en las entidades del país. Pareciera que se estuvieran carcomiendo el Estado, pasó en la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en la Aerocivil, y ahora le tocó el turno a la Unidad Nacional de Protección (UNP), en la que su mismo director, Augusto Rodríguez, quien asumió el cargo con el nuevo gobierno, le contó a SEMANA el rosario de irregularidades que encontró.

Falsos blindajes que ponen en riesgo la vida de personas amenazadas; carros que se varan y no son reemplazados a tiempo poniendo a los protegidos a andar por su cuenta y riesgo; funcionarios que salen de la entidad y resultan trabajando en empresas de seguridad y hasta una cuestionada exfiscal que se niega a devolver su esquema de seguridad, aunque no lo necesita, son solo algunas de las “perlas”.

Así, la difícil misión de proteger a 7.714 colombianos que están en alto riesgo, entre los que se encuentran jueces, congresistas, fiscales, líderes sociales, periodistas y hasta exguerrilleros, está cuesta arriba.

Uno de los casos más escandalosos tiene que ver con el falso blindaje de varios de los carros usados para la protección de personas con alto riesgo en el país.

Una investigación que, según Rodríguez, venía de tiempo atrás, pero que curiosamente se encontraba “engavetada” puso sobre la mesa que “No es uno, son por lo menos diez casos de vehículos supuestamente blindados por los cuales se paga un arriendo de entre 11 y 15 millones de pesos, pero que al retirar los tapizados de puertas, techos y pisos no tenían la protección. Solo tenían un blindaje de nivel bajo los vidrios laterales. Una reprochable y peligrosa trampa”, aseguró Rodríguez a SEMANA.

Este medio tiene en su poder fotografías de los peritajes que expertos le realizaron a varias camionetas de alta gama arrendadas a la UNP. En todas se observa claramente la trampa.

“Una de las cosas lamentables que se detecta es que habían dejado acumular todas las investigaciones sobre este tipo de incumplimientos. Se iniciaban los procesos, se dejaban ahí, no se resolvía nada”, asegura Rodríguez.

La trampa con los falsos blindajes llevó al director de la UNP a diseñar un estricto proceso para la revisión de los vehículos blindados y a generar un cambio en las reglas de juego de contratación para evitar otra de tantas irregularidades: la cartelización.

La llegada de nuevos contratistas de vehículos fue traumática y peligrosa. Una de las empresas salientes que tenía que hacer empalme amenazó con “apagar” los 25 vehículos arrendados, lo hizo con cuatro, entre los que se encontraban los de dos expresidentes. Se abrió un proceso sancionatorio, pero va a paso de tortuga.

Rodríguez asegura que el talón de Aquiles de la UNP es el arrendamiento de vehículos, por lo que buscan alternativas, “estamos buscando adquirir una parte de la flota (1.000 vehículos) bajo el sistema de renting o de compra. Si es compra sería bajo la modalidad de gobierno a gobierno o en sociedad con el Ministerio de Defensa, bajo la lupa de Colombia Compra Eficiente”, reveló Augusto Rodríguez.

Atentado por carro varado

Otra “perla” está relacionada con el deficiente mantenimiento que algunas empresas le realizan a los vehículos arrendados. Muchos carros alquilados a la entidad se varan frecuentemente y no son reemplazados a tiempo, en un evidente incumplimiento del contrato, que cuyo costo se podría contar en vidas.

Y para la muestra un botón. A mediados de abril de este año, la UNP le asignó un esquema de protección a Gabriel Ángel Quintero, líder de restitución de tierras en Norte de Santander. Entre mayo y septiembre el vehículo tuvo cuatro mantenimientos.

El 5 de octubre el carro quedó varado. La UNP solicitó a la empresa arrendadora, Neosecurity, la reposición, nunca llegó, y Quintero tuvo que moverse en moto, acompañado, a lo lejos, por sus dos escoltas. El 31 de octubre, fue víctima de un atentado en el corregimiento Llanos de los Trigos, cerca de Ocaña, Norte de Santander.

“Lo estaban esperando y comenzaron a dispararle. Los escoltas y Quintero se arrojaron a una zanja y desde allí repelieron el ataque. Nuestros escoltas no han sido preparados para el combate sino para la defensa y la protección de la persona. Tenían que sacarlo de la zona de peligro, pero no había forma porque no había vehículo”, reveló el director de la UNP.

Exfiscal cuestionada con protección

Pero la UNP no solo está en crisis por la falta de vehículos blindados o en mal estado. Hay un caso que resulta emblemático, la cuestionada exfiscal Yajaira Cáceres Pacheco, recientemente fue acusada por la Fiscalía porque cuando investigaba la posible reventa de boletas para la eliminatoria al Mundial de Fútbol de Rusia 2018, habría recibido boletas para los partidos contra Paraguay y Brasil, otras VIP para el Mundial.

“Pasó algo similar a lo del fútbol. Inició investigando en 2014 presuntos hechos de corrupción en la entidad y terminó muy amiga de los investigados”, reveló el director de la UNP.

Esa amistad le permitió, bajo un trámite de emergencia, obtener -a finales de 2015- un esquema de seguridad con vehículo blindado, dos escoltas y chaleco antibalas. En mayo de 2016 se encontró que el riesgo era mínimo y se ordenó devolver el esquema.

“No se dejó notificar, desapareció con su esquema. No atendió la solicitud de finalización. Dos años después, en 2018, reapareció interponiendo un recurso de reposición y le volvieron a decretar las medidas de protección”, explicó Rodríguez.

“Hay una curiosidad, la firma con la que el director de la época, Diego Fernando Mora, le retiró el esquema, es distinta a la firma con la que se le regresó”, asegura el director de la UNP.

Pero hasta hoy la exfiscal Cáceres no aparece para su notificación y continúa con un vehículo blindado y dos escoltas pagados por todos los colombianos con sus impuestos.

Puerta giratoria

La entidad no se salva de las llamadas “puertas giratorias”. Altos funcionarios se retiran con valiosa información, para trabajar luego en empresas contratistas de la entidad. Un conflicto de intereses, pero además una violación de la ley.

Así ocurrió con Diego Fernando Rodríguez Vásquez, quien se desempeñó, entre 2019 y 2020, como jefe de la oficina asesora jurídica y coordinador del grupo de contratación.

En 2021, un año después de su retiro, Rodríguez Vásquez se convirtió en el apoderado principal del consorcio Renting Blindados 2019-2021.

“Mi apoderado cuenta con las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial para transigir, desistir, sustituir, recibir, renunciar, reasumir y todos aquellos que tiendan al buen cumplimiento de su gestión”, sostiene un documento conocido por SEMANA, en el que se le entrega el poder para que represente a la empresa contratista de vehículos blindados en un proceso por presunto incumplimiento.

Hay una inhabilidad de dos años para quien ha sido funcionario público. Eso está definido en la ley 1474 de 2011

Augusto Rodríguez dice que el desafío en la Unidad Nacional de Protección es grande y que estará en el cargo mientras tenga la colaboración del personal de la entidad que le ha mostrado su respaldo en el compromiso de proteger la vida de los colombianos amenazados.