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Así quedó el Parque Nacional de Bogotá: como si lo hubiera sacudido un huracán
Las comunidades indígenas que reclamaron sus derechos durante ocho meses abandonaron el parque Nacional en Bogotá, que será prácticamente reconstruido.
Cruzar por la carrera Séptima con calle 38 en Bogotá despierta el asombro de los transeúntes. Pareciera que un huracán hubiera pasado por el sector: árboles caídos, palmas secas, sillas sin madera, ladrillos levantados, ropa, juguetes, costales, basura, comida y muchas cosas más en el piso. Así quedan las zonas afectadas por desastres naturales. Del verde pasto que le daba vida a los prados no hay más que lodo. Ese fue el panorama con el que el viernes 13 de mayo se despertaron los capitalinos. Han sido ocho meses de contraste desde que 15 comunidades indígenas decidieron ocupar el parque Nacional. Exigían sus derechos y esperaban que el Estado hiciera efectivo el pago de la deuda histórica que generación tras generación reclaman.
Contó Luis Piamba, indígena de la comunidad yanakona, que la idea inicial era marchar del sur al norte de Bogotá en una de las tantas jornadas de paro previstas, pero en medio del camino los niños empezaron a cansarse con la llegada de la noche, justo cuando iban pasando por el parque Nacional.
Teniendo en cuenta que muchos de ellos no tienen arraigo en la ciudad, decidieron dormir ahí a la intemperie. Al ser una zona amplia, fueron llegando más y más indígenas. “Nosotros trabajamos en comunidad y apoyamos al que nos necesita”, aclaró Piamba. Pero no solamente llegaron los emberas, sino también otros pueblos, incluso algunos que ya residían en la capital del país y municipios cercanos en precarias condiciones.
Dejaron de pagar arriendo y se fueron a vivir al parque, declarado Monumento Nacional de Colombia en septiembre de 1996. En total, arribaron a ese espacio alrededor de 1.900 personas. SEMANA conversó con algunas de las familias, en medio de las hogueras con las que improvisaron fogones para preparar sus alimentos.
La avenida, los pitos y la arquitectura discreparon durante más de 200 días con lo que se veía en el terreno del parque. Atravesar la cerca hecha con cuerdas, que servían para colgar faldas de colores llamativos, prendas típicas según la cultura y ropa de bebé recién nacido era como teletransportarse a los asentamientos indígenas. Niños desnudos corrían de lado a lado, adultos descalzos, no se hablaba una sola lengua, sino varios dialectos. Se gritaban unos a otros de choza en choza, todas hechas de plástico negro. Había camas, colchones y hasta neveras que no funcionaban, pero era la manera de sentirse en casa.
Mientras que unos indígenas, los más vulnerables, no encontraban las palabras para decir que tenían frío y hambre, otros pedían dinero por cada foto que tomaran los transeúntes. “Las fotos de los indígenas son las más caras en internet, pagar 50.000 por cada una o si no irse de aquí”, decían algunos, de manera desafiante, con un bastón de madera en su espalda. Bastaba mirar los simples marcos de la silla para entender de dónde habían salido los palos. Jairo Montañez, líder indígena que formó parte del comité de acuerdos, indicó que ellos no llegaron a afectar la seguridad de la zona, sino que protegieron el lugar de los expendedores de drogas, y, a diferencia de lo que muchos piensan, no estaban allí motivados por campañas políticas.
Lo aclaró luego de que se escuchara en uno de los parlantes de las familias indígenas fragmentos de una canción popular y que su gente cantaba: “Somos el Pacto Histórico y aquí estamos presentes, sin duda Gustavo Petro será nuestro presidente”.
Montañez argumentó que, si hubiese intereses políticos, no habrían muerto al menos diez personas durante la minga que se adelantó en el parque, entre ellos cuatro menores de edad, una mujer con ocho meses de embarazo y dos adultos mayores. Los niños presentan índices de desnutrición, y las fuertes lluvias afectaron la salud de todos.
Desde un principio, el Gobierno distrital, acompañado del nacional, y la Unidad para las Víctimas buscaron soluciones para esta comunidad. El retorno de los emberas a sus territorios en Chocó y Risaralda se ha efectuado desde diciembre de 2021. Ya 1.543 personas se encuentran en sus lugares de origen. Además, se adelantaron siete jornadas de traslados voluntarios de 221 integrantes de esta etnia.
El viceministro del Interior, Carlos Baena, dijo que desde el Gobierno están facilitando todo para que los indígenas cuenten con atención integral. Unos han sido reubicados cerca al parque La Florida, a las afueras de Bogotá, otros han sido acogidos por redes de apoyo de las comunidades étnicas, y el pasado jueves salieron del parque casi 800 personas, que se instalaron en centros de atención del Distrito, ubicados en el barrio San Bernardo. Están algo incómodos, sobre todo las familias numerosas, pero en condiciones dignas, bajo un techo, con baños, agua potable y alimentación.
El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, contó que está realizando el proceso para que el retorno sea seguro, voluntario y efectivo, por lo que calcula que en 15 días se logrará la meta. “No es sacarlos por sacarlos, sino garantizarles calidad de vida”, aclaró el funcionario, quien indica que en las tres fases de retorno se han destinado 1.900 millones de pesos. Por su parte, el secretario de Gobierno de Bogotá, Felipe Jiménez, aseguró que el Distrito ha sido el más solidario con otras regiones.
Incluso, entre los acuerdos de negociación establecidos, no se descarta que Bogotá entregue algunos subsidios para construcción o mejoramiento de vivienda en Chocó y Risaralda, y así ayudar a estas comunidades con el apoyo del Ministerio de Vivienda. Hablando de gastos, muchos se preguntan cuánto puede costar la restauración del parque Nacional. Esa cifra es desconocida por ahora. “¿No se supone que los indígenas protegen el medioambiente?”, preguntó una de las mujeres que pasó por el parque y vio la destrucción de la zona.
SEMANA consultó a algunos ingenieros forestales, que concluyeron que la afectación al ecosistema va más allá de lo que a simple vista se ve. La fauna migró y los nutrientes de la capa del suelo murieron, lo que dificulta una reforestación. Recuperar la vegetación podría tardar cinco años, sin contar la intervención que hay que hacer. “Cueste lo que cueste, vamos a hacer una pronta recuperación del parque”, dijo el secretario de Gobierno. Lo que hay que tener en cuenta es que ese es un gasto más que muy seguramente saldrá de los impuestos que aportan los bogotanos.