Así responden los excomandantes de las Farc por imputaciones de la JEP

La Justicia Especial para la Paz (JEP) llamó a imputación de cargos a los miembros del exsecretariado de la Farc por el delito de secuestro. De inmediato salieron a la luz pública varias dudas sobre el impacto que esto generaría en el proceso que se adelanta contra los excombatientes.

De acuerdo con la Sala de Reconocimiento de la JEP, la medida cobija a Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Juan Hermilo Cabrera, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo y Rodrigo Granda, como coautores mediatos de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad relacionados con la privación de la libertad de miles de víctimas del conflicto armado.

La Justicia transicional le apunta con esta investigación a determinar el papel que cumplieron los máximos líderes de ese grupo guerrillero en una de las prácticas más reprochables de la guerra en Colombia.

En el documento, la JEP narra cómo la privación de la libertad de civiles fue una política desarrollada por las Farc con diversas finalidades, como obtener dinero o presionar la actividad política. En el extenso documento, narra además, con frases bastante fuertes, las graves violaciones a la dignidad humana a las cuales eran sometidos los secuestrados.

El organismo que hace parte de la Justicia Transicional señaló que los imputados tendrán que decidir si aceptan o no los cargos formulados en un término de 30 días.

Tras conocerse esta decisión, los excomandantes de las Farc expidieron un comunicado en el que señalan que “en el día de ayer 26 de enero del año en curso recibimos el Auto 0019 de 2021 en el marco del caso 001, emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”.

Afirmaron: “En este momento nos encontramos con nuestro equipo de defensa en el estudio de este y nos pronunciaremos en cuanto ese estudio haya concluido y definamos nuestra posición ante el mismo en el tiempo destinado jurídicamente para ello”.

“Durante las comparecencias, tanto individuales como colectivas, relacionadas con el caso en mención, tuvimos la oportunidad de aportar verdad, contribuir a esclarecer hechos de secuestro y satisfacer demandas de las víctimas; esa conducta nuestra no cambiará ya que nuestro compromiso con la paz y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición es indeclinable”, indicaron.

Finalmente, señalaron: “Agradecemos a la sociedad colombiana y la comunidad Internacional su acompañamiento al proceso de implementación, saludamos el avance de la JEP que demuestra la solidez de los instrumentos creados por el Acuerdo Final de Paz y pedimos que se respeten las rutas establecidas en estos procedimientos”.

El comunicado lleva las firmas de: Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra, Pablo Catatumbo Torre Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.

“No perderán beneficios de la JEP”

Para aclarar algunas de esas dudas, SEMANA consultó a Alejo Vargas, quien es profesor de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional y director del Centro de seguimiento y pensamiento al proceso de paz.

Para Vargas, con la imputación de cargos que decidió hacerle la Justicia Especial de la Paz al exsecretariado de las Farc lo que se busca ahora es mediar la clase de verdad que estas personas han aportado al sistema de justicia transicional y de esta manera determinar la clase de pena que le impondrá.

Según el profesor de la Universidad Nacional, la JEP funciona distinto a la justicia ordinaria, y si se llegó a este punto de la imputación de cargos es porque se da por entendido que ellos ya aceptaron su responsabilidad en los delitos.

“Es una fase del proceso que está establecido una vez que han comparecido, la JEP ha recibido los expedientes que le entregó la Fiscalía, ha recibido las versiones de los mismos miembros de las Farc y por eso va a formular de manera individualizada cargos por ese macrocaso (…) Lo que viene ahora es que los ocho imputados por la JEP van con sus abogados a hacer su contribución a la verdad y, por ser una justicia trasnacional, se fijará la sanción, que irá en relación con el nivel de contribución a la verdad y reparaciones a las víctimas”, explicó Vargas.

Recordó que por ser un sistema alterno de justicia, los excombatientes de las Farc no van a pagar en un centro carcelario por sus delitos en el momento que la JEP los condene, sino que se impondrán sanciones alternativas.

“Las penas son fundamentales, retributivas y reparatorias, y dependiendo de la contribución va a haber más o menos pena de parte de la JEP, con sanciones especiales y dónde las irán a cumplir (…) Por ejemplo, que ellos tengan que hacer como retribución, o alguno de ellos, un trabajo comunitario en alguna zona donde se cometió el delito. Y esos trabajos comunitarios tendrán que ser concertados con las víctimas”, agregó.

Explicó que por el momento el llamado a imputación de cargos por parte de la JEP a los exjefes guerrilleros no tiene incidencia sobre los beneficios que les otorgó el proceso de paz. Dijo que podrían perder dichos beneficios en casos como los de los disidentes Iván Márquez y Jesús Santrich, o si incumplen con las órdenes o condenas que les imponga la Justicia Especial para la Paz.

Lo que sería controversial es que ahora alguno de los imputados diga que no acepta, porque de antemano se cree que si se llegó hasta este punto es porque ya han aceptado su responsabilidad en los hechos que son investigados por la JEP, dijo Vargas.