Así se prepara el Congreso para tumbar polémico artículo que rebaja penas a violadores y asesinos de niños, ¿peligra la reforma a la justicia?

La Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y el Gobierno Petro están en aprietos. Hace dos semanas radicaron en el Congreso una reforma a la Justicia que fue bien recibida por la necesidad de hacer ajustes en el sector, pero toda la atención se centró en un polémico artículo que daría beneficios a violadores y asesinos de niños con una reducción de la pena.

En septiembre, dos semanas antes de que se radicara la iniciativa, SEMANA reveló el mico con el que llegó la iniciativa que nada más y nada menos cambiaría el Código de Infancia y Adolescencia para rebajar la pena de quienes cometen delitos contra los niños.

Aunque la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, ha hecho hasta lo imposible para explicar jurídicamente que “técnicamente no son beneficios” y que la iniciativa busca que los casos “no queden en la impunidad”, sus reflexiones no han logrado convencer a los colombianos y mucho menos a los congresistas.

El artículo objeto de la polémica, que es el séptimo de la reforma a la Justicia, indica que: “Cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo la modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se aplicarán las siguientes reglas: (...) En caso de celebración de preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado, o de allanamiento a cargos, se concederá la mitad de la rebaja de pena”.

Jurídicamente, es posible que surja un debate sobre la efectividad de la imposición de la pena, y varios abogados coincidirían en que ese artículo sería la solución para la impunidad. Sin embargo, el asunto en este caso es un mensaje político: no permitirán que se tramite dicha propuesta.

SEMANA conoció que los integrantes de la Comisión Primera del Senado ya le dijeron al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, a la fiscal Luz Adriana Camargo y al Gobierno Petro que no le jalarán a esa propuesta porque no están de acuerdo con esos beneficios y que no comparten la idea de que la Justicia esté colapsando por este tipo de delitos.

Todavía no hay acuerdo entre las partes y la Corte, la Fiscalía y el Gobierno Petro se llevaron unos insumos del Congreso para ser estudiados. Por ejemplo, hay una propuesta para aumentar al doble la pena de estos delitos con la finalidad de que si hay unos beneficios, el delincuente no salga en menos de 30 años de la cárcel y no 14, como lo propone la reforma.

Además, está la solicitud del retiro total del artículo, y finalmente una advertencia: “Si dejan el artículo, lo hundimos en el debate”, dijeron varios congresistas. “Con base en lo que hemos escuchado, vamos a realizar unas observaciones para el examen de los ponentes”, dijo la fiscal Camargo, quien señaló que no existe una postura radical por parte de ellos y que en los próximos días se conocerán decisiones de fondo.

Lo cierto es que aunque se quiera matizar la situación, la realidad es que no hay ambiente en el Legislativo para darles beneficios a quienes cometan delitos contra los menores de edad y mucho menos cuando en 17 meses habrá elecciones para elegir la nueva composición del Congreso.

Además de la polémica que genera la propuesta, nadie quiere ser expuesto como el legislador que aprobó la reducción de las penas para violadores y asesinos de menores de edad. Al margen de esa discusión política, 120 congresistas firmaron una proposición para que se elimine el artículo 7 de la reforma a la Justicia.

“No es posible que se busquen beneficios para quienes atentan contra los menores, entendemos que hay cifras de impunidad, pero ese no es el camino para solucionar el tema”, dijo la representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical.

El nacimiento de este bloque parlamentario para hundir dicho artículo está logrando que la reforma a la Justicia esté pendiendo de un hilo sin siquiera haber tenido su primer debate en el Senado. La próxima semana será clave para conocer el futuro de la iniciativa, que ya tiene este condicionamiento: o lo retiran o lo hunden. Solo resta conocer cuál será la salida salomónica que tomará el Gobierno Petro para evitar el fiasco en el Legislativo.