| Foto: Archivo particular

INVESTIGACIÓN

Así se roban la plata de los desayunos escolares en Cartago

SEMANA revela audios y fotografías de la investigación que culminó con la captura Jesusita Zabala de Londoño, madre del desaparecido abogado de la mafia Ignacio Londoño y del alcalde de Cartago. La Fiscalía procedió con capturas de otras dos funcionarias y cuatro particulares.

3 de septiembre de 2017

Con los desayunos o almuerzos escolares que se financian con los impuestos que pagan los colombianos, se han visto cosas absurdas, dolorosas y descabelladas en materia de corrupción.

Por ahora la denuncia más frecuente en torno al Programa de Alimentación Escolar, PAE,  gira alrededor de la calidad y cantidad de las raciones alimenticias y las condiciones precarias como se manipulan o distribuyen esos alimentos.

Precisamente en el Valle del Cauca, el jueves 31 de agosto el propio fiscal general Néstor Humberto Martínez reveló que la corrupción “es el segundo delito de mayor crecimiento en Colombia”; y que a un año de su plan Bolsillos de Cristal se adelantan 19.000 investigaciones que involucran a 1.000 personas, de las cuales 500 son funcionarios. Hay recursos comprometidos por el orden de los 2 billones de pesos.

Un día después el presidente Juan Manuel Santos reveló detalles del proceso que adelantó la SIC por la supuesta existencia de un cartel de precios y que motivó la formulación de cargos a cinco empresas proveedoras de frutas que licitan para el PAE en Bogotá y que superaría los 40.000 millones de pesos.

Pero lo que acaba de descubrir la Fiscalía en el Valle del Cauca es aberrante. Investigadores del CTI no solo desenmarañaron una especie de cartel que montó un entramado para quedarse con los contratos, sino que además revelan el tamaño de las coimas que se mueven alrededor de esos jugosos negocios. Es decir, los corruptos se quedan con los dineros que debían invertirse en los alimentos para los niños que asisten a las escuelas públicas.

El caso sucedió en Cartago, justamente el municipio que intenta levantar cabeza luego de padecer la violencia del cartel del Norte del Valle y contar con el penoso récord de sumar diez alcaldes (entre electos e interinos) en una década; en el listado aparecen dos exalcaldes condenados por corrupción.

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Ahora el escándalo salpicó a la actual administración que lidera Carlos Andrés Londoño Zabala, quien llegó a ese cargo luego de recoger las banderas políticas de su hermano Ignacio Londoño Zabala, el polémico abogado de la mafia, asesinado en julio de 2015 cuando era candidato para la alcaldía de Cartago.

Varios dirigentes locales y líderes políticos de la región coincidían en que pese a la inteligencia y buena actitud de Carlos Andrés, esas credenciales no eran suficientes para lidiar con una ciudad como Cartago; de ahí que casi todos daban por sentado que su mano derecha y mentora sería su mamá: Jesusita Zabala de Londoño, quien fue la primera alcaldesa del municipio y además ocupó por un par de años un escaño en el Congreso, en reemplazo del titular Arcángel Clavijo, asesinado en Jamundí en 2003.

Y así fue. El apartamento de la señora Zabala se convirtió en un despacho alterno de la alcaldía y muchos funcionarios de esa entidad y dirigentes reconocen abiertamente que allí no se mueve una hoja sin el consentimiento de "la señora", como la llaman.

A juzgar por la investigación que adelantó la Fiscalía, todo parece indicar que así era y de ahí que el pasado miércoles la señora Zabala se presentó ante el ente investigador, aceptó cargos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho propio y concierto para delinquir. Además, devolvió 43 millones de pesos producto de las coimas y debido a que supera los 65 años de edad, enfrentará el juicio en prisión domiciliaria en Buga, Valle.

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SEMANA tuvo acceso a las transcripciones de algunos audios, fotos y varios detalles inéditos de la investigación que revelan la magnitud del entramado corrupto con el que funcionarios y particulares se habrían quedado con coimas de tres contratos que sumaban $2.307 millones, correspondientes a la interventoría concesión Tránsito, Tarifas Transporte Público y el PAE.

La investigación arrancó este año y además de interceptaciones telefónicas, hubo seguimientos y fotografías de varias reuniones. Todo ello permitió armar el rompecabezas del entramado ilegal que involucra a Jesusita Zabala, madre del alcalde y Gestora Social del Municipio; Jessica Duque Cataño, contratista adscrita al Banco de Proyectos de la alcaldía; y Claudia Patricia Medina, directora Técnica de Procesos Contractuales de la oficina Jurídica del Municipio.

Además, los particulares Javier Andrés López Noguera y Juan Pablo González Marín, lobistas que servían de enlace entre la alcaldía y los contratistas identificados como Julio Édgar Arboleda Blanquicet, dueño de la Unión Temporal Alimentamos Valle que opera el PAE; y Hernán Córdoba Córdoba, representante legal de la firma Corporación para el Desarrollo Social, que hace la interventoría de la concesión en Tránsito. De los seis investigados, cuatro están en la cárcel.

El trabajo de seguimiento les permitió a los investigadores corroborar con fotos y documentos todo lo que hablaban los implicados a través de sus teléfonos celulares. En la mayoría de los audios se escuchan conversaciones entre Jéssica, Javier, Juan Pablo, Julio y casi todas hacían referencia a los contratos, las coimas y "la señora".

El nombre de Jesusita quedó en evidencia cuando la propia Jessica describe a "la señora" como una excaldesa: "Es la gestora que le ayuda mucho al alcalde” y que “a ella le mataron un hijo en elecciones”. Todas esas referencias sumadas a las reuniones documentadas con fotos, “permitieron establecer sin duda alguna que se trataba de Jesusita Zabala”, explicó uno de los investigadores del caso.

Lo más bochornoso sucedió alrededor del contrato por $2.132 millones de Alimentación Escolar. La investigación de la Fiscalía evidencia cosas tan absurdas como que el proceso de adjudicación lo revocaron en marzo, solo para entregarlo al otro contratista con el que ya habían cuadrado el fraude. Mientras tanto, los niños se quedaron sin sus desayunos.

Tumbaron el proceso

En este audio Jéssica le dice a Javier, “ese tema de los niños lo van a tumbar mañana porque salió una noticia de la empresa”. Y en otra conversación con Julián se regodean de la manera como le tumbaron la licitación a Ómar Tirado, un exalcalde considerado el zar de los desayunos escolares en el Valle, “Ómar Tirado con todos los años que duró ahí, no debe ser fácil, estaba perpetuado”. A lo que Jéssica responde, “esa señora tiene los pantalones bien puestos, por eso la admiro, es muy verraca”.

El contratista elabora los pliegos

Sumado a ello, le pidieron al propio contratista, que elaborara los pliegos de condiciones a la medida de su empresa. En uno de los audios Jessica y Javier revelan la forma descarada cómo acomodaban esos requisitos, “necesito los documentos de la empresa para cambiar todos; que baje los pliegos y le haga los cambios de acuerdo a la empresa”. En otro audio la funcionaria le insiste a Javier que “le diga a la persona que le organiza los documentos al amigo, para que por favor organice el prepliego”.

El ratón cuidando el queso

No contentos con ello, le piden a ese empresario que él mismo sea quien maneje la interventoría del contrato que ejecutará, es decir, el ratón cuidando el queso. En uno de los audios se escucha a Jessica aclarar que “si se va a ganar la ponencia del otro programa, tiene que ganarse la inter (interventoría) porque ella (la señora) eso no lo va a partir”.

En una de las conversaciones entre Jessica y Julio, este la explica que son tres empresas las que se presentarán en uniones temporales, para manejar el PAE y la interventoría, “(…) para no perder el control de nada”.

La nutricionista de bolsillo

Para rematar, los audios revelan que ese mismo contratista fue el que puso y pagó a la nutricionista que en una junta evalúa las propuestas de los interesados en el contrato de desayunos escolares. O sea, todo estaba amarrado y friamente calculado.

Jessica en diálogo con Julio: “Necesito urgente en el correo la hoja de vida de la nutricionista”, “(…) que como en el contrato tiene que estar la nutricionista, que se acuerde de que no puede ser la misma que va a poner en el contrato luego”.

Las otras revelaciones que reposan en decenas de llamadas telefónicas interceptadas, giran en torno a las coimas, la forma de los pagos y los montos que recibirá cada uno de los que intervienen en el ilícito.

La puja por los sobornos 

La primera reunión documentada con fotos ocurrió el 22 de febrero de 2017 en un sitio conocido como La Vaca Fantástica, en la vía que une a Cartago con Pereira. Allí estaban Jessica, Javier y Juan Pablo. Se trató de una reunión para definir la estrategia del proceso licitatorio y los porcentajes de las coimas en el PAE. Aunque hubo mucha puja entre ambas partes, siempre hablaron entre un 10 y 12 por ciento de soborno, es decir, que ese contrato más interventoría les dejaba una coima de por lo menos $210 millones.

En una conversación Jessica le dice a Julio, “que la jefa está solicitando el 12 (por ciento), que como ella y y él habían acordado un 8 (por ciento) Julio dice que el 12 es mucho”. En otro audio Jéssica manifiesta: “Por ganarme 20 millones de pesos voy a perder una pensión, por no preveer que él (Javier) también tiene que estar pendiente de esa plata”.

Cuadrando la interventoría a Tránsito 

La segunda reunión sucedió el 27 de febrero en el barrio Terrazas del Llano de Cartago. Allí se observa a Jesusita arribar en taxi a la vivienda de una contratista del municipio, de apellido Aguilar. En esa casa se produce el encuentro con Hernán Córdoba, el representante legal de la Interventoría a la concesión de Tránsito. (Ver foto)

En el audio, Jéssica le informa a Hernán que ella habló con la señora “y que como se había hablado de 20, pues ya le dijeron a ella, que entonces en 23 millones de pesos”.

El anticipo de la coima 

La tercera y más reveladora reunión tuvo lugar el 28 de marzo de este año. Ocurrió en el edificio San Luis de Cartago, donde vive Jesusita. Ese encuentro estaba previsto para la entrega de una parte de la coima del contrato de desayunos escolares. En las fotos se aprecia la llegada del empresario Julio Édgar Arboleda y Jéssica.

En una conversación entre Jessica y Javier hablan de los incumplimientos del contratista con las coimas, ya que “la señora dijo muy claro que ella necesitaba la plata antes de montar el proceso”. Y agregó, “(…) la otra semana que le llegó, incluso había quedado de llevar 50 y solo llevó 20”.