Asociaciones de pacientes reaccionan al aumento del valor de la UPC para 2025: “Es una condena de muerte”

Pacientes Colombia, movimiento que agrupa a 199 asociaciones de pacientes a nivel nacional, reaccionó este martes, 31 de diciembre, al anuncio del gobierno del presidente Gustavo Petro de incrementar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) un 5,36 % para 2025.

La UPC es el valor que le entrega el Gobierno a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) para el aseguramiento de la salud de cada colombiano.

La organización señaló que el aumento está 10,6 puntos por debajo de lo necesario para garantizar la sostenibilidad del sector de la salud y que la decisión es una “condena de muerte para los pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo” en el país.

“De múltiples formas y a través de amplias voces en el sector se hizo un llamado al Ministerio de Salud y Protección Social para que la UPC tuviera un incremento mínimo del 16 %, pero el aumento definido es de solo 5,36 %, 10,6 puntos por debajo de lo necesario para garantizar la sostenibilidad del sector, el acceso a los servicios y medicamentos de los millones de personas y los salarios de los profesionales de la salud”, indicó en un comunicado.

De igual manera, Pacientes Colombia manifestó que con el bajo incremento de la UPC el aumento del “gasto de bolsillo” para los usuarios del sistema de salud será “inminente”.

“Ampliar la brecha entre lo que se necesita y lo que se decreta aumenta los graves riesgos para el sistema de salud colombiano y para la vida de millones de colombianos. En 2025, la UPC seguirá siendo insuficiente y el aumento del gasto de bolsillo será inminente para los pacientes y usuarios del sistema. Esto significa que, en medio de una crisis cada vez más profunda, los pacientes tendrán que comprar los medicamentos o pagar el total de los procedimientos a los que hoy acceden pagando solo una cuota moderadora”, expresó.

La orgnizacion también cuestionó que es la primera vez en 30 años que se conoce este incremento tan tarde y aseguró que antes de la determinación no se garantizó que las organizaciones del sector expresaran sus opiniones.

“Llama la atención que, por primera vez en 30 años, no se hayan cumplido los plazos para definir el valor de la UPC, que históricamente se conocía antes del 31 de diciembre. Además, no se garantizó la participación social y ciudadana que se establece en el artículo 12 de la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015, ya que no se permitió la presencia de los actores del sistema en cada fase del proceso de aplicación de la metodología e, incluso, no se publicó la resolución para comentarios. Desde la sociedad civil, a través de las organizaciones de pacientes, se preguntó constantemente al Ministerio qué EPS había entregado la información para el cálculo, sin obtener respuesta”, sostuvo.

“Nos preocupa la indiferencia del Gobierno nacional ante esta decisión. Se están ignorando los derechos de la sociedad civil y se están incumpliendo normas que, en última instancia, complican el futuro de los pacientes en Colombia. Es importante ser conscientes de las acciones que en el presente pueden tener un impacto significativo en la vida de millones de personas que dependen de medicamentos y servicios de salud para mantener su calidad de vida”, afirmó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.

Y agregó: “Una UPC suficiente, basada en los diferentes estudios existentes, podría haber mitigado muchos de los inconvenientes del sistema de salud. Como pacientes, también hacemos un llamado a la Corte Constitucional para que atienda nuestra solicitud de estado de cosas inconstitucionales, porque aquí se está jugando con el bienestar y la supervivencia de los colombianos”.

Finalmente, Pacientes Colombia manifestó que la definición tardía de la UPC impone más barreras administrativas y económicas que obligan a los pacientes a suspender sus tratamientos y acrecientan los problemas laborales para la fuerza laboral sanitaria. “Esta situación implicó un retraso en la transferencia de fondos a las EPS, lo que se tradujo en bloqueos de servicios y en un atentado directo contra la salud de los colombianos, generando efectos irreversibles en el sistema”.

“La salud no da espera. En el punto en el que estamos, necesitamos acciones concretas. Se ha materializado nuestro gran temor nos condenaron a muerte. Con menores recursos en salud, más muertes”, subrayó Silva.