“La suspensión de la aspersión fue una concesión a las FARC”

El procurador Alejandro Ordóñez amanecerá este jueves quizá con una sonrisa de satisfacción luego de que el Consejo Nacional de Estupefacientes se viera obligado a reanudar las fumigaciones con glifosato, como método de control de generación de cultivos ilícitos.

Lo hizo después de un año de haber ordenado la suspensión de las aspersiones aéreas con el herbicida, aun cuando esta vez se hará mediante equipos portátiles operados en tierra y no asperjado desde avionetas, como se hizo en el pasado.

El 15 de mayo del año pasado el Consejo Nacional de Estupefacientes decidió dejar de fumigar los cultivos ilícitos del país con glifosato, poniendo fin a más de una década de la ejecución de una política antidroga que permitía prevenir el aumento de producción agrícola de coca, amapola y demás plantas empleadas en la fabricación de drogas ilegales.

Así obró luego de que el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, recomendara suspender el uso del herbicida, en procura de atender a un llamado de prevención de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el que se advertía sobre la posible relación entre las fumigaciones con esa sustancia y la proliferación del cáncer.

El procurador Ordóñez, puso el grito en el cielo. Además de votar negativamente la propuesta del Consejo de Estupefacientes para no continuar con las aspersiones, advirtió que esa decisión le costaría al país un grave retroceso en la lucha contra el narcotráfico.

El jefe del Ministerio Público llegó a señalar que no era descartable relacionar esa medida con la intención del Gobierno de despenalizar progresivamente las drogas y sugirió que se trataba de otra de las formas de congraciarse con las FARC en la mesa de negociaciones.

Y este miércoles Ordóñez cobró por ventanilla. En un mensaje a Semana.com Ordóñez dijo que, de todas maneras, la decisión fue paradójica. “Esta es otra contradicción del Gobierno. Al fin qué, es perjudicial o no el glifosato para la salud. Hace un año dijeron que sí, hoy que lo perjudicial no es el herbicida sino el método de aspersión. Tal contradicción nos ha costado un aumento de más de 100.000 hectáreas coca”.

El jefe del organismo de control fue más allá y una vez más hizo la relación entre la decisión de aspersión y la guerrilla. “La suspensión de la aspersión con glifosato fue una concesión a las FARC en La Habana", afirmó a este portal.

Pero más allá de lo que opinó el jefe del Ministerio Público, lo cierto es que en el país hubo un crecimiento significativo en el área de los cultivos ilícitos. En efecto, los cultivos crecieron en el último año en un 42 % y Colombia llegó a tener la escandalosa cifra de 159.000 hectáreas cultivadas con coca, amapola y similares.

Semejante ‘desinflada’ fue llevando al Gobierno a revisar su propio cambio de política, al punto que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, anunció hace algunos días que se volvería a permitir el uso del glifosato.

Ese señalamiento era ni más ni menos que el preludio de la decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes, que no tuvo otra alternativa que avalar el uso del herbicida, esta vez probando una nueva técnica, en la que solo se permite la utilización de equipos en tierra y no la fumigación desde el espacio aéreo.

Horas más tarde del anuncio del CNE - y en contraposición a alguno sectores- Pastor Alape,  uno de los delegados de las FARC en La Habana, se refirió a la decisión de la fumigación y manifestó que la decisión era una política fracasada.

Las cifras

En marzo pasado se reveló una preocupante cifra sobre el crecimiento de los cultivos de coca en el país.  Entre 2013 y 2014, según reveló la ONU, el área sembrada creció un 44 por ciento, al pasar de 48.000 a 69.000 hectáreas. Este salto hizo que el país se ubicara nuevamente como el mayor productor del mundo.

Según el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE, que apoya y vigila el cumplimiento de los países en la lucha contra el narcotráfico, el 73 % de los cultivos se concentran en Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá y el Catatumbo (Norte de Santander), aunque también se muestra su consolidación en otras regiones, como el Bajo Cauca, Guaviare y Putumayo.

Esta tendencia también quedó en evidencia esta semana cuando la Casa Blanca, al presentar su informe sobre áreas sembradas, advirtió que en 2015 detectó 159.000 hectáreas de coca, casi el doble de las que había en 2013, cuando se reportaron 80.500 hectáreas.