Atehortúa vs. Salamanca: guerra de generales

La Policía vive hoy un pulso de alto calibre. La institución –guardiana de la seguridad de los colombianos– es el ring de una pelea jurídica y de poder, que involucra a dos generales, un proyecto multimillonario y un pleito disciplinario en el que todos se sacan los trapos al sol. Acusaciones sobre amenazas de muerte, señalamientos de complot y traición, anónimos, seguimientos, operaciones secretas de contrainteligencia y varias grabaciones de conversaciones forman parte del pulso que tiene contra las cuerdas al director de la institución, el general Óscar Atehortúa.

SEMANA tuvo acceso a algunas de las piezas de ese enredo jurídico. Una de ellas es el llamado Cuaderno 12, un documento reservado que llegó a manos del propio ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y muestra claramente la dimensión a la que llegó el enfrentamiento entre Atehortúa y Salamanca.

De todos los personajes de este complejo ajedrez, uno clave es el intendente jefe César Augusto Quintero. El funcionario es quien firma el detallado informe dirigido al general Salamanca en el que alerta sobre el supuesto proceder irregular del general Atehortúa. Este documento, quizás la pieza más explosiva del proceso, fue remitido por Quintero a Salamanca el 22 de noviembre, y luego del general Salamanca al ministro de Defensa, en medio de la más absoluta reserva, el 24 de diciembre del año pasado.

Su contenido es revelador y se conoce como el Cuaderno 12 por el orden en que quedó marcado en el expediente. Se trata de un informe clasificado de inteligencia, cuya reserva solo podía ser levantada por el presidente de la república. Sin embargo, se encuentra radicado en la Procuraduría y han sido citados algunos fragmentos en audiencias públicas.

En el documento, conocido en exclusiva por SEMANA, Quintero le advierte a Salamanca que se trama “una campaña de desprestigio en su contra por la lucha contra la corrupción institucional que ha liderado”. El intendente, que trabajaba en operaciones con Salamanca, le cuenta con preocupación que ha sido señalado “como una amenaza frente a la cual habría que actuar”, lo cual no solo compromete su vida, sino la de su familia.

Quintero se despacha contra las decisiones tomadas por la Dirección y que, según él, han representado el “desmantelamiento de la contrainteligencia policial, un poco por venganza, otro por considerar inconveniente la capacidad operativa que había adquirido el área”. Para el intendente, dos nombramientos son la punta de lanza de esa operación de “desmantelamiento”. Uno de ellos, el del coronel Carlos Alberto Martínez, jefe del Área de Contrainteligencia, el mismo que habría dicho en algunas oportunidades que había que “blindar” a Atehortúa. El otro, el jefe del Grupo de Asuntos Internos de Contrainteligencia, coronel Carlos Antonio Ardila Rocha.

Según Quintero, estos oficiales habrían pedido información sobre dos hechos de connotación nacional, que no tendrían que ver con las labores de esa división. Uno de ellos está relacionado con los resultados de las pruebas de poligrafía del personal del esquema de seguridad del presidente de la república, “para poner en evidencia irregularidades y presuntos delitos admitidos por algunos de ellos”. Pretenden, según Quintero, desacreditar al Gobierno y responsabilizar a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional.

El intendente relata cómo, supuestamente, para evitar que avanzaran las indagaciones en curso, sus superiores comenzaron a trasladar a los investigadores a diferentes regiones con el argumento de que se debía “oxigenar el personal”. Según él, otros equipos fueron reducidos para mermar su capacidad de respuesta, y a otros más les impusieron horarios extendidos y los acosaron con llamados de atención y memorandos. Por otro lado, al equipo de contrainteligencia se le prohibió el acceso a la información fiscal que maneja la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), que permitía corroborar la información tributaria para determinar si los investigados habían incrementado de manera irregular su patrimonio.

El informe asegura que todos estos hechos ocurrieron “con plena consciencia y total alevosía” por parte del director general de la Policía. Narra que, en medio de esa tensión, el general Jorge Luis Vargas, quien era el inspector general, lideró una “ruta de fortalecimiento” de la Inspección que molestó enormemente al general Atehortúa, quien vio en este trabajo una crítica mordaz a su gestión. Agrega que en este tiempo Vargas lideró operaciones para detectar la corrupción dentro de la Policía, que desembocaron en una verdadera purga interna: 113 retiros, 68 investigaciones disciplinarias, 63 traslados, la apertura de 10 procesos penales, 4.000 polígrafos, 850.000 datos analizados y 65.800 uniformados consultados.

El intendente Quintero revela qué intereses estarían detrás de frenar esas investigaciones. Según el documento, en ese momento se adelantaba un trabajo para cruzar las investigaciones disciplinarias con los procesos de narcotráfico. Entre estos, había casos de “contaminación de contenedores, pasajeros con drogas, omisión dolosa de controles e inutilización de equipos de monitoreo”. Además, se quería establecer si esto obedecía a “una modalidad estructural de corrupción y no a la simple omisión de los policías de turno”. Algunas de estas pesquisas eran analizadas con la Fiscalía, pues había sospechas sobre hechos irregulares “relacionados con pagos de recompensas y gastos reservados” en la Dirección de Antinarcóticos.

En el informe existe un capítulo especial que el mismo intendente Quintero titula como “Casos puntuales de corrupción”, y el primer acápite está dedicado a Óscar Atehortúa. Señala que el director de la Policía “ha tratado de impedir que se avance en investigaciones graves de corrupción y trascendencia nacional” y que causaron una cacería contra quienes “nos hemos opuesto a sus corruptos intereses”. El documento reservado enumera las acciones del general Atehortúa para ponerles freno a esas investigaciones. Por ejemplo, permitirle al entonces capitán José Fernado Llanos, jefe del Grupo de Investigaciones Especiales de la Inspección, revisar el proceso del supervisor del contrato de las casas fiscales, teniente Andrés Moreno, por “recibirlas incompletas e inadecuadamente construidas”.

El informe agrega que, de los más de 17.000 millones de pesos que costó el proyecto, cerca de 8.000 millones habrían presentado “una apropiación indebida por parte de varios señores generales”. La tesis del intendente Quintero es que Moreno firmó a satisfacción el recibido de las casas por “constreñimiento” del general Atehortúa y que estaba dispuesto a relatar esa versión a las autoridades.

El intendente Quintero agrega que él mismo comprobó con su equipo las irregularidades contractuales de ese proyecto de las casas fiscales, pero, justo cuando la investigación iba a tener consecuencias, el general Atehortúa fue nombrado director de la Policía. En su cargo de inspector general, que es el que hoy ocupa Salamanca, lo reemplazó el general Vargas, quien como se ha dicho continuó con el proceso.

Otro hecho fulminante habría sacado chispas entre la Inspección y la Dirección General: la apertura de una investigación disciplinaria por las presuntas fallas en la seguridad de la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander el día del atentado terrorista del ELN. El 17 de enero de 2019, un carro bomba estalló, cobró la vida de 23 personas y dejó más de 100 heridos. El ataque, el primero ejecutado en la modalidad de un acto suicida, dejó abiertas serias dudas sobre la facilidad con la que el vehículo pudo ingresar a la escuela. Atehortúa también habría visto con malos ojos esa investigación, según reza el documento. Al final, el intendente afirma que todo esto que relata se hizo con un único objetivo: “Desestabilizar la institución y al gobierno” en procura de lograr el retiro de los generales que estaban investigando.

El general Atehortúa denunció penalmente a esos funcionarios de la Policía. En el documento jurídico, su abogado asegura que los señalamientos están “preacordados dentro de la trama o complot organizado en contra del Director General de la Policía Nacional”. La denuncia penal agrega que existieron seguimientos irregulares al general, organizados por miembros de inteligencia “para mantenerlo oculto y entregárselo” al general Salamanca, y que ni el capitán Llanos, ni el intendente Quintero tenían la competencia para adelantar investigaciones contra el general, pues este poder pertenece a la Procuraduría. El documento relata una serie de episodios en los cuales ellos ven un entrampamiento para “instigarlo y así conformarle los sucesos que comienzan a denunciar en su contra” tras 36 años de carrera sin tacha.

Sobre las acusaciones del informe reservado, la defensa de Atehortúa asegura que se trataba realmente de un grupo de contrainteligencia que trabajaba a escondidas para el general Salamanca. El abogado soporta esa afirmación con el testimonio del coronel Carlos Alberto Martínez, quien aseguró que “logró identificar la existencia de un grupo liderado por Quintero que trabajaba desde la Inspección General, realizaba funciones de recolección de información desde el ámbito disciplinario, creaba documentos para la Inspección General de la Policía Nacional, sin que existiera autorización legal para ello”.

Para la defensa de Atehortúa, “Quintero no es testigo directo o presencial de los hechos del contrato, no es investigador disciplinario y, sin embargo, se arroga la capacidad testimonial para afirmar algo que no es cierto y que no conoce directamente”. Agrega que “las decisiones del director de la Policía no pueden ser cuestionadas y desprestigiadas por un subalterno, haciendo gala de supuesta función de inteligencia”. Y le pide a la Fiscalía que lo investigue por fraude procesal, falso testimonio, falsa denuncia, abuso de función pública y utilización de asunto sometido a secreto o reserva. Sin embargo, el Cuaderno 12 llegó a manos del ministro de Defensa como un documento reservado.

El origen de la pelea

Hoy la cúpula de la Policía está dividida y asiste a una guerra sin igual de poderes, que llegó a los estrados judiciales y a los organismos disciplinarios. Los generales Atehortúa y Salamanca se han enfrentado públicamente en un hecho sin precedentes. La semana pasada, el proceso ante la Procuraduría, que se había llevado de manera discreta, centró todos los reflectores.

En la audiencia, el general William René Salamanca, el principal testigo en contra de su jefe, aseguró que por cuenta de sus denuncias se sentía en riesgo. “Mi vida y familia están en peligro”, dijo. El general relató que un grupo de policías en retiro lo había buscado para lanzarle esa advertencia, que él había sentido seguimientos y que a su empleada del servicio la habían interrogado sobre sus movimientos.

Más allá de su situación personal, el general aseguró que había recibido versiones de que en la Dirección de la Policía estaban alterando el sistema para borrar las evidencias. De inmediato, la audiencia se suspendió y la Procuraduría ordenó una inspección a la Dirección de la Policía, específicamente al Sijur (Sistema de Información Jurídico). La noticia sorprendió, pues se trata del lugar donde reposa la información reservada y privilegiada de la institución, que pocas veces está abierta y a disposición de los organismos de control. Según fuentes del caso, se encontraron 105 ingresos al proceso hechos desde la Inspección, que hoy son objeto de investigación.

El caso provocó un estruendo, y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, tuvo que salir a apagar ese incendio. “En lo que tiene que ver con el general Salamanca, por supuesto, cuenta con toda la seguridad. En lo que tiene que ver con el general Atehortúa, es un gran director de la Policía y está generando un ambiente operacional muy importante”, aseguró.

Días después, el proceso se retomó y adquirió velocidad de crucero. Las audiencias iban a seguir de largo este fin de semana, y por el número de testimonios citados, 15 para apenas un par de días de juicio, se esperaba que continuaran incluso hasta el festivo. Detrás de ese mano a mano entre los dos pesos pesados de la Policía, existe un proceso disciplinario extenso y complejo. La Procuraduría investiga si existió corrupción en la construcción de unas casas fiscales, conocidas como Cenop 1 y Cenop 2, en el municipio de San Luis, Tolima. Se trataba de un proyecto cercano a los 17.000 millones de pesos, dividido en dos fases. En la primera, el objeto del contrato era edificar 60 viviendas fiscales, y en la segunda, 51 más.

La relación con esas casas no se origina en la dirección de la Policía de Atehortúa, a la que él llegó en 2018, sino mucho antes, cuando se desempeñó como director del Fondo Rotatorio, cargo en el que estuvo entre 2014 y 2016. Según la Procuraduría, Atehortúa en ese momento, aunque no fue quien contrató la obra, habría “faltado a su deber de adelantar la revisión”, “verificar las condiciones de calidad ofrecidas por el contratista” y “velar por el cumplimiento”. Luego, para tratar de impedir el avance de esa investigación, el Ministerio Público sostiene que el director de la Policía habría incurrido en conflictos de intereses y tráficos de influencias.

El general Salamanca llega al caso mucho después, en el año 2019, pues fue nombrado como inspector, es decir, la máxima autoridad disciplinaria de la entidad. Entre sus nuevas labores, Salamanca recibió el expediente de las casas fiscales, un proceso abierto por su antecesor en este cargo, el general Jorge Luis Vargas. Allí había un capítulo especial contra el teniente Andrés Moreno, quien había sido el supervisor del contrato de interventoría.

El general Salamanca decidió crear mesas de trabajo para revisar esos procesos internos. Salamanca aseguró que en medio de estos trámites recibió una alerta. El capitán José Fernando Llanos, quien estaba en curso de ascenso para mayor, lo buscó y le contó que el general Atehortúa le preguntó sobre los procesos de las casas. Llanos se desempeñaba como jefe del Grupo de Investigaciones Especiales de la Inspección, llevaba tiempo en esa área y había trabajado con el general Atehortúa cuando él fue, a su vez, inspector de la Policía.

Además del documento de Quintero, SEMANA tuvo acceso a grabaciones de audios de una serie de conversaciones y llamadas del capitán Llanos y chats de WhatsApp. Estas son piezas de interés dentro del proceso. Por ejemplo, en uno de los chats, Llanos busca al director Atehortúa y le dice lo siguiente: “Mi general muy buena noche he verificado el tema, tiene solución jurídica, cuando considere pertinente explicarle, Dios lo bendiga”. Atehortúa le responde: “Muchas gracias, ¿me habla de (Andrés) Moreno?”. El capitán le confirma que sí y le insiste en que tiene viabilidad. Moreno había buscado a Llanos para que este, desde su trabajo en la Inspección, pudiera ayudarlo con su proceso.

El capitán Llanos también grabó reuniones informales que tuvo sobre estas investigaciones. Según él, el coronel Carlos Alberto Martínez, jefe del Área de Contrainteligencia, lo buscó para decirle que debían “blindar” al general Atehortúa y que les comunicara cualquier novedad. Esa conversación, a la que también tuvo acceso SEMANA y que duró casi una hora, ocurrió en la cafetería de la Dirección de la Policía. En la charla, el capitán Llanos pone el tema de las casas fiscales. Martínez le contesta que existe un complot para sacar a Atehortúa y que lo que quieren es “romperlo a usted para romper al jefe”; y agrega que los anónimos que circulan y el proceso de las casas no son más que una “estrategia en la lucha de poderes”.

El coronel Martínez señala que la persona detrás de los anónimos es supuestamente el intendente jefe Quintero por la manera en la que fue redactado, con la intención de evidenciar el supuesto complot. El coronel Martínez concluye que esto es un tema del “poder por el poder, y ahorita vienen cosas muy bravas para mi general Salamanca, mi general Salamanca se la está jugando toda”. Llanos le pregunta qué puede hacer, y Martínez le contesta: “Pues cuidar al jefe, hacer lo que estamos haciendo nosotros, ¿usted cómo cree que estoy yo en medio de todos estos tigres?”.

La defensa de Atehortúa ha sostenido que esta grabación no solo es irregular, sino que se hizo con equipos de la Policía. Además, enfatiza allí cómo en sus declaraciones el capitán asegura que Atehortúa nunca le solicitó ninguna actuación para favorecerlo en el proceso y que, si así fuera, él jamás lo hubiera permitido.

Las llamadas del capitán Llanos también dan pistas del caso. En una de estas, el capitán habla con el intendente jefe César Augusto Quintero, miembro del equipo de inteligencia y contrainteligencia de la Policía, sobre ese encuentro en la cancha de fútbol. “Le dije, mi general, ¿qué le dicen a usted?”, cuenta Llanos sobre cómo le planteó el tema a Atehortúa. “Me están diciendo que el intendente jefe (es decir Quintero), el intendente jefe fue el que hizo un anónimo”. En las conversaciones, ambos se ríen, y Llanos le dice que él desvió las sospechas sobre la autoría del anónimo a otra persona. Según Llanos, el general concluye diciéndole: “Tranquilo, créame que no va a pasar nada”.

En un segundo aparte de la conversación, Llanos deja claro que el general Atehortúa nunca le pidió nada sobre archivar los procesos en su contra o no investigarlo. Quintero le pregunta si el general “estaba en buena tónica”. A lo que Llanos le contesta: “Lo sentí más tranquilo”.

Tercer aparte de la grabación:

Testigos claves dentro del proceso del general Atehortúa hablan de organizar un plan para desacreditar a alguien, pero ¿a quién?

El punto máximo de esa tensión que se vivía en el interior de la Policía sucede el 19 de diciembre de 2019. El general Atehortúa le pide al general Salamanca que acuda a su despacho. Según ha relatado Atehortúa, lo que buscaba era preguntarle si estaba usando personal de inteligencia y contrainteligencia para los procesos disciplinarios, algo desde su punto de vista irregular. Salamanca le había hecho el quite a esa cita, pero finalmente acude. La conversación sube de tono rápidamente y la pelea llega ahí a un punto de no retorno. El general Salamanca increpa a su director diciéndole que sabe que él lidera un complot para sacarlo de la Policía y le advierte que va a develar el entramado criminal del proceso de las casas fiscales. El general Atehortúa le recuerda sus malos resultados cuando fue director de Seguridad Ciudadana.

Tras esa acalorada discusión, el director decide enviar a vacaciones al general Salamanca, quien llevaba 13 años sin descansar, y tenía acumulados 402 días. Por esa orden, debía estar más de un año fuera de la entidad. Fuentes confirmaron que se necesitó de una mediación del alto gobierno para revertir esa decisión. Pase lo que pase, en lo único en que todos los involucrados coinciden en privado es que detrás del proceso en la Procuraduría se teje un verdadero pulso de poder. La lucha por la dirección de la Policía siempre ha despertado los más bajos instintos y las purgas más sinuosas. Lo vivieron en su momento el general Óscar Naranjo, el general Rosso José Serrano y el general Rodolfo Palomino, entre otros, en el camino por conseguir el mando y mientras fueron directores de la institución. Pero ahora la situación es sorprendentemente más pública que en esos tiempos.

Quienes están con Atehortúa sostienen que todo esto lo motiva el resentimiento de Salamanca, quien era el más opcionado en 2018 para llegar a ser el número uno del organismo. Quienes están con Salamanca aseguran que Atehortúa lidera una serie de maniobras turbias para que esa investigación de corrupción no lo tumbe del puesto.

Mientras que la Fiscalía archivó este viernes la investigación contra el director de la Policía por las casas fiscales, la Procuraduría enfila baterías en su contra. El jueves, el procurador del caso le dio un mensaje contundente. Atehortúa señaló que las audiencias programadas para el fin de semana se cruzaban con importantes misiones de su cargo, que tiene como fin garantizar la seguridad de los colombianos. El procurador del caso le respondió que “llegará el momento en el que o usted cumple sus funciones como director de la Policía o se defiende en este juicio”.

Por su parte, en Palacio de Nariño el tema es tratado con sigilo y existe una amplia expectativa de lo que pueda pasar con el proceso en la Procuraduría. Como dato clave, el periodo de Fernando Carrillo termina en el mes de enero y lo reemplaza Margarita Cabello, exministra de Justicia de Iván Duque, a quien le tocará seguramente expedir la sanción o la absolución de Atehortúa. Algunas fuentes le aseguraron a SEMANA que Carrillo quizás no se resista y adopte antes de irse alguna decisión.

Mientras tanto, los ojos del país están a la expectativa de cuál será el capítulo final de esta guerra de generales, que sin duda lastima la credibilidad de la Policía como institución y deja al descubierto todas las intrigas palaciegas de algunos de sus más altos oficiales.