Atención | A poligrafía los investigadores encargados de las salas de interceptación de la Policía, tras escándalo revelado por SEMANA 

Continúan conociéndose decisiones de la justicia luego de los hechos revelados por SEMANA y que arrancaron con unas pruebas de poligrafía a la entonces niñera de Laura Sarabia, exjefa de gabinete del Gobierno nacional. Mientras la Fiscalía alista una serie de diligencias de declaración, la Policía advirtió que los funcionarios, a cargo de las salas de interceptación, serán indagados a través de pruebas de poligrafía.

El propio director de la Dijín, el general José Ramírez, advirtió que le pidió a la Fiscalía adelantar auditorías a las salas de interceptación con el objetivo de verificar las actividades que allí se desarrollan y quienes son los responsables de hacer las intervenciones a las comunicaciones, previa autorización de los fiscales a cargo de los procesos.

“Hemos pedido lo propio, con las oficinas de control interno de la Policía, para que hagan unas auditorías permanentes. Someteremos al personal, por supuesto, a pruebas de polígrafo, de confiabilidad, de manera aleatoria y también una revisión de los procesos de manera permanente para que no se presenten dudas frente a la actuación de los policías”, dijo el general y director de la Dijín.

En ese mismo propósito, de garantizar la transparencia en los procedimientos que adelanten los funcionarios de policía judicial, en las intervenciones o interceptaciones que se autoricen por parte de la Fiscalía, el general aseguró que esos funcionarios tendrán que asistir a pruebas de poligrafía que les den confiabilidad a los procesos dentro de la entidad.

“En un primer acto administrativo realicé un instructivo en donde fortalecimos el control que se realiza en los procesos de intervención. Tengo una reunión la próxima semana con el fiscal general de la Nación y obviamente trataremos este tema. Lo importante es que la Fiscalía nos ayude auditando también las salas de interceptación”, dijo el oficial respecto de las decisiones y actividades tras este escándalo.

De vacaciones

El nuevo director de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), el general José Ramírez, dijo que los funcionarios que han sido mencionados dentro del caso de las presuntas interceptaciones ilegales siguen en sus cargos, pero aclaró que dos de los implicados se encuentran en vacaciones.

“El analista sigue trabajando, el investigador pidió vacaciones, y hay otro de los funcionarios que se encuentra de vacaciones. Somos respetuosos de las investigaciones y por supuesto apoyamos las investigaciones de la Fiscalía, que ellos sean los que tomen decisiones al respecto”, dijo el oficial.

Este nuevo escándalo de “chuzadas” ha generado una crisis en el gobierno de Gustavo Petro. SEMANA conoció que otras dos personas, un hombre y una mujer, también fueron “chuzados”, es decir, sus teléfonos celulares terminaron interceptados de manera ilegal por integrantes de la Policía, tal como lo hicieron con Marelbys Meza y Fabiola, dos exempleadas de Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete del Gobierno nacional.

Lo que se conoce hasta el momento es que estas dos personas, cercanas a Marelbys Meza, fueron escuchadas de manera ilícita durante varios días. La información que conoció SEMANA señala que las escuchas ilegales se realizaron desde una sala adscrita a la Policía en Bogotá, y quienes solicitaron estas “chuzadas” lo lograron con una fiscal de la capital de la República.

Hay una clara diferencia con las primeras “chuzadas” denunciadas por el fiscal Barbosa. En ese caso se hicieron desde Chocó, ordenadas por la Comisión Investigativa contra el Crimen Organizado (Cicor) de esa región, haciendo un montaje con el cual justificaron la chuzada: afirmaron que se trataba de una necesidad en medio de la persecución a los cabecillas del Clan del Golfo. En este caso, sin embargo, las chuzadas se hicieron desde Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación está investigando estos nuevos hechos y ordenó inspecciones judiciales a esta sala de interceptaciones ubicada en el centro de la ciudad. Además, revisa cada archivo, solicitudes e informes de policía judicial que se habrían utilizado para conseguir la autorización de interceptar las comunicaciones de estas dos nuevas víctimas.