Atentos: borrador de proyecto de reforma a la salud pide prohibir los “planes complementarios” y pone a tambalear a las prepagadas

Desde hace varios meses, distintos borradores de la reforma al sistema de salud han circulado entre los médicos y líderes de ese sector. Lo han trabajado centenares de profesionales de la salud que se han reunido desde hace meses para hacer una propuesta completa sobre los cambios que se necesitan en el sistema. La ministra Carolina Corcho reconoce ese trabajo.

En medio del alud de críticas que recibió la semana pasada, la alta funcionaria dijo que no pretende presentar una propuesta en solitario, sino que le apuesta a poder recoger en el proyecto de reforma el sentir de la sociedad civil que prepara una propuesta.

“Cuando las organizaciones de la sociedad civil hagan entrega de esta, nosotros haremos nuestras observaciones. Se publicarán y se comentarán”, advirtió la ministra Corcho este martes en el foro de El Tiempo. “Hayan votado o no por el doctor Gustavo Petro están invitados a este debate”, dijo y enfatizó en que quiere hacer un “llamado a la tranquilidad”.

La Ministra ha explicado que todavía el Gobierno no tiene ningún articulado, y que la reforma no se presentará este año. Ha dicho que recogerá las inquietudes de los colombianos y que a finales de octubre o principios de noviembre compartirá el primer borrador. También que el proyecto de ley final se presentará en la próxima legislatura, es decir, después de marzo del año entrante.

En la misma línea se pronunció la Casa de Nariño, después de la portada de SEMANA, Pánico en la salud, a la cual los altos funcionarios del gobierno Petro contestaron casi en simultánea. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Mauricio Lizcano, se refirió este domingo al proyecto de reforma a la salud tras las inquietudes que ha generado la iniciativa entre usuarios y representantes del gremio.

Lizcano aseguró que hasta el momento “no hay decisiones tomadas” sobre la reforma ni existen artículos elaborados sobre esta. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Mauricio Lizcano, se refirió el domingo al tema y dijo que “no hay decisiones tomadas” sobre la reforma ni existe un texto elaborado.

El funcionario manifestó que la prioridad actual del Gobierno es la aprobación de la reforma tributaria, que actualmente se tramita en el Congreso de la República. Señaló, asimismo, que la reforma a la salud es un tema del próximo año y dijo que se realizará una “concertación” sobre el sistema con el objetivo de “construir algo mejor”.

Sin embargo, en el gremio médico han circulado diferentes textos sobre lo que trabaja la sociedad civil, encabezada por gremios médicos, entre ellos la Federación Médica Colombiana de la que Corcho fue su vicepresidente. Lo que dice en esos articulados que van a proponerle a la ministra ha generado angustia en buena parte de ese sector.

Un grupo de médicos, a los que les fue socializado el proyecto hace unos días, compartió el texto con SEMANA. A los doctores los buscó el presidente de la Federación, el doctor Sergio Isaza, y les presentó el borrador propuesto por su gremio. Los médicos aseguran que, de aprobarse estos dos puntos, los planes complementarios y de medicina prepagada, por los cuales hoy miles de colombianos acceden a los servicios de salud, se terminarían desapareciendo como hoy las conoce el país.

En lo que respecta a los Planes Complementarios, que actualmente son ofrecidos por la Empresas Promotoras de Salud (EPS), la idea es prohibirlos. Estos planes son una alternativa que amplía los beneficios de la atención médica ofrecidos en el plan básico de salud al que tienen acceso todos los colombianos (conocido anteriormente como el POS). La idea es que quienes pagan por el plan complementario tienen acceso a mejores clínicas, a especialistas sin la intermediación del médico general o a habitaciones individuales en caso de hospitalización.

En el borrador de reforma de la sociedad civil, que circula entre los médicos, hay un artículo en el que se propone ponerle fin a ese sistema.

“Artículo 230. La venta o comercialización de planes complementarios en servicios u hotelería a los servicios que entrega el Sistema de Seguridad Social en Salud queda expresamente prohibida a estas empresas privadas. Igualmente queda prohibida la comercialización de condiciones de atención u hotelería mejores que los entregados a la población general a las Instituciones Prestadoras de Servicios de salud, que deberán eliminar cualquier mecanismo de discriminación en función de la capacidad de pago o cualquier como condición para formar parte de las redes de servicios del Sistema”.

El proyecto también le pone un tatequieto a la medicina prepagada. Si bien no la prohíbe, limita ampliamente los beneficios que podrían darles a sus usuarios, pues asegura que “el hecho de contar con seguros adicionales no significará prelación alguna cuando utilicen el Sistema de Seguridad Social en Salud al que tienen derecho como todos los ciudadanos”.

“Artículo 229. Empresas de Medicina Prepagada y Seguros Privados. Las empresas privadas que tienen como objeto social la venta de planes prepagados o voluntarios de salud podrán seguir funcionando y comercializando sus servicios en el país, pero estos serán totalmente independientes del Sistema de Seguridad Social en Salud y no tendrán relación alguna con el financiamiento del mismo. Quienes adquieran dichos seguros o planes no perderán los derechos en el Sistema de Seguridad Social en Salud. Sin embargo, el hecho de contar con seguros adicionales no significará prelación alguna cuando utilicen el Sistema de Seguridad Social en Salud al que tienen derecho como todos los ciudadanos”.

Este es el borrador de la sociedad civil que circula entre los médicos.

Lea la portada de SEMANA de la reforma a la Salud.

Por todo lado se anticipa una hecatombe. Una “implosión”. Un apague y vámonos. Y esa situación ha generado pánico. En las últimas semanas, en clínicas, hospitales y EPS del país no se habla de otra cosa: el revolcón de la salud que se avecina. Nadie conoce los detalles, pero algo está claro: se eliminará el sistema actual y uno de sus estandartes, las EPS. Aún no se sabe cómo se reemplazarían esos componentes vitales, pero desde ya muchos anticipan un caos sin antecedentes.

La ministra de Salud, Carolina Corcho, decidió convocó a una rueda de prensa y reconoció que se vive un ambiente de “zozobra”, “ansiedad” e “incertidumbre”. Pero llegó con los taches puestos y calificó los miedos de los “expertos” como “mentiras, tergiversaciones e infundios”. Acusó incluso a un “partido de la oposición” de estar detrás. Dijo que estas intervenciones (que hicieron gremios y médicos) “envilecen” el debate y que no considera que se hagan con altura. Su intervención, aseguró, tenía como objetivo dar “tranquilidad”, pero en el sector salud generó todo lo contrario.

El pánico está presente. No dio tranquilidad, a tal punto que la ministra tuvo que salir de nuevo el viernes para hablar de su anunciada reforma. SEMANA habló con médicos, directores de hospitales, gremios de la salud y asociaciones de pacientes. Estos son los principales temores frente a lo que podría incluir el proyecto que alista la ministra Corcho, bajo un ambiente tenso y de absoluta prevención.

Una ministra antisistema

Antes de que Gustavo Petro ganara la presidencia, el nombre de la psiquiatra Corcho ya causaba escozor. La entonces miembro de la Federación Médica Colombiana había sacado de casillas a los más conciliadores. A Alejandro Gaviria, hoy su compañero de gabinete, lo desencajó. Corcho, quien tenía una virulenta cuenta de Twitter, aseguró que en el país habían “fallecido por mortalidad evitable un millón trescientos mil colombianos entre 1998 y 2010”.

Gaviria le reviró duramente y la acusó de tener mala fe. “Resulta increíble las estupideces que se dicen en los debates sobre el sistema de salud. La falta de cualquier intención de honradez intelectual es inquietante. La mentira como principio”, le escribió enfadado. El entonces ministro de Salud, Fernando Ruiz, salió a desmentir las cifras.

Los trinos de Corcho fueron noticia, pues la acusaron de difundir información falsa y tergiversar datos. Dijo, por ejemplo, que Estados Unidos había excluido a Colombia del suministro de vacunas, que los colombianos se vacunarían solo hasta 2023 y que las EPS no trataban el cáncer.

Como ministra, su tono no se ha moderado, por el contrario, se ha agudizado. Ella ha dicho que el modelo de salud, al que califica de “neoliberal”, realmente “no funcionó” y que “hay una crisis evidente”, que “el sistema se desmoronó” y que es “perverso”. Y ha ofendido al sector al decir cosas como que “el sistema invita a robar”.

En la salud, han visto con desconfianza su papel y resienten que en sus intervenciones se les trate de ladrones. Sin embargo, el mayor SOS fue lanzado esta semana por el Consejo Gremial, que reúne a casi todo el sector empresarial del país, incluidas las entidades de salud. El poderoso organismo aseguró que no es “recomendable experimentar” y que “un paso en falso afectaría a todos los hogares del país”.

La Andi, por su parte, rechazó de frente las insinuaciones “sistemáticas y generalizadas” en el sentido de que las EPS desvían recursos públicos y aseguró que ese clima de zozobra “irradia entre todos los agentes del sistema y ha llegado hasta los usuarios”. Sin discusiónPor el tamaño de la propuesta, genera incertidumbre que los espacios de discusión han sido casi inexistentes. La ministra Corcho es una de las funcionarias más herméticas del Gobierno de Gustavo Petro, incluso con los medios. La alta funcionaria anticipó esta semana que no dará entrevistas: “Tengo 1.300 solicitudes... entenderán”.

Atrás quedaron las épocas elocuentes de Corcho

“El Gobierno Petro se ha reunido con delincuentes, hampones, reincidentes, pero no ha habido espacio para que la ministra de Salud se reúna con las EPS ni asista a los eventos donde están todos los actores”, se quejó un alto directivo del sector. Generar esos espacios es el principal clamor del sistema y lo recuerda el Consejo Gremial. “El mayor temor es el desconocimiento.

Un sistema que atiende dos millones de personas al día debe tener claridades”, advirtió Mauricio Rubio, presidente ejecutivo del hospital Méderi. “Hay incertidumbre de que se hagan cambios en el sistema de salud sin consultar primero”, agregó el neurocirujano Remberto Burgos. En Colombia, al año se prestan casi 800 millones de atenciones, 2,2 millones diarias, 91.116 atenciones por hora y 1.500 atenciones por minuto.La ministra ha dicho que el borrador de propuesta que ha circulado no es el que están trabajando y que lo entregará a finales de octubre y será construido con la sociedad civil. El Gobierno ya señaló que se presentará al Congreso el año entrante.

El presidente de la Federación Médica Colombiana, el pediatra Sergio Isaza, asegura que han participado en las discusiones, y que estas se vienen realizando desde 2021. Este gremio, que respalda a la ministra, ha trabajado en un borrador en reuniones mensuales, pero no sabe si será el acogido.

Crear una crisis

En campaña, el presidente Petro dijo que no creía en el modelo actual del sistema de salud y anticipó la muerte de las EPS. En un debate presidencial de SEMANA y El Tiempo, el entonces candidato explicó que la salud se organizaría con centros de atención primaria cada 20.000 habitantes.

“Los médicos van al barrio sin necesidad de carné de EPS”, agregó. Y habló de que quería que “no se necesiten intermediarios que se roben su dinero, que son las entidades EPS, que hoy están en su mayoría quebradas”. A pesar de que se sabía a dónde apuntaría una reforma, el miedo se disparó por el financiamiento. En una salida sin antecedentes, la ministra Corcho pidió al Congreso disminuir el presupuesto del sector. El asunto es el siguiente. El sector salud, como un todo, tendrá un presupuesto de 50,2 billones de pesos en 2023, de 41 billones que se aprobaron para 2021.

El Gobierno Duque había pedido 8,1 billones de pesos adicionales para el aseguramiento, con el cual se contemplaba aumentar el valor de la UPC (Unidad de Pago por Capitación), que es lo que gira el Estado a las EPS por cada afiliado. La ministra Corcho explicó que para ella esa cifra no era “lógica”, pues había recibido un déficit de 5,5 billones de pesos del Gobierno anterior, y eso implicaría pedir un aumento casi de 15 billones, que es media reforma tributaria. El asunto prendió las alarmas en las EPS, pues por ahora recibirán una UPC inferior a la que, según ellos, cuesta la atención de cada colombiano, luego de una inflación que superará el 10 por ciento al cierre del año.

De hecho, la ministra dijo que para el aseguramiento solo se necesitarán 3,8 billones de pesos, lo que deja a las aseguradoras con 4 billones menos de lo que dicen que se requiere. El balón está en la cancha del Congreso de la República, donde se tramita el Presupuesto General de la Nación, al cual le queda solo un debate en plenarias de Cámara y Senado.

Esta puja tuvo una lectura: que le apuesta a generar una crisis que justifique su revolcón. No es una idea traída de los cabellos. Ella misma lo dijo en una conversación pública con el médico italiano Federico Gelli, quien atendió al presidente en Italia cuando se contagió de covid. La ministra dijo: “Debe haber una crisis explícita clara que le permita a la sociedad entender que se necesita el cambio. Y que en medio de la crisis surja una alternativa”.

Ricardo Ávila, exdirector de Portafolio, en un artículo en El Tiempo, lo planteó en los siguientes términos al mostrar los impactos del desfinanciamiento: “¿Fue tal afirmación un preaviso de la intención del Gobierno de crear de manera deliberada una debacle para demostrar que la estructura vigente no funciona? Los hechos recientes no desdicen esa interpretación”.

La ministra respondió a esa tesis: “Han dicho que vamos a inducir una crisis, pero la salud ya está en crisis”. En contraste, el exministro Fernando Ruiz, del Gobierno Duque, dijo a este medio: “Colombia ha tenido muy buenas EPS y las sigue teniendo. Hemos venido con un proceso de depuración con acuerdos de punto final y pagando las deudas. Hemos venido eliminando las empresas que no funcionan, pero tenemos que tener claro que hay EPS que hacen un muy buen trabajo. El activismo no tiene sentido cuando uno está hablando de una responsabilidad tan grande, como es la salud de los colombianos”.

La “implosión” Corcho

En el sector de la salud, la palabra que más suena por estos días es “implosión”. En la rueda de prensa, la ministra le respondió a un periodista de SEMANA por esa percepción. “No es que se vaya a generar esa implosión, una implosión es que una EPS que se ocupa del cuidado de la vida no tenga acceso a recursos que pagamos los colombianos para el cuidado de la vida”, puntualizó. “Esto no tiene que asustar a nadie, mucho menos a los médicos que no han sido tratados con dignidad”, agregó. Pero la implosión vendría del fin de las EPS. El sistema de salud hoy funciona de la siguiente manera.

El Estado recauda el dinero (la ministra lo calcula en 70 billones de pesos) y este es repartido a las EPS, por la vía de un organismo llamado Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud). En esa ecuación, ambos entes desaparecerían. Corcho asegura que las entidades prestadoras de salud no cumplen su función y que “no es que queramos eliminar las EPS”, sino que “ellas mismas se han eliminado”. Este modelo aterra a los trabajadores de la salud, a pesar de que todos reconocen que se necesitan cambios. “Yo no creo en la tal reforma. No hay que reformar nada. Hay que sacar a los corruptos y este Gobierno no va a poder porque trabaja con los corruptos.

Eliminar las EPS es volver a las épocas del Seguro Social, donde el aseguramiento lo tenía el prestador. Se triplica la corrupción así”, advirtió Sigifredo Fonseca, médico salubrista y exsubgerente del Hospital Universitario de Santander (HUS). “La ministra no tiene ni idea, el sistema de salud es muy bueno, hay que ajustarlo y luchar contra la corrupción”, agregó. El exministro Ruiz explicó las consecuencias que tendría eliminar esa figura del asegurador. “Si a usted le da un infarto en un pequeño pueblo, no habrá quién lo atienda porque los sistemas no estarán conectados por ese sistema de aseguramiento”.

Para Ruiz, lo que vendría entonces es un sistema fallido que se traduciría en “pacientes que mueren, no tienen medicamentos, no logran acceder a urgencias y entran a listas de esperas interminables”. Esa misma preocupación la tiene Gustavo Campillo, director de Rasa, una asociación de pacientes. “El escenario propuesto va a ser una catástrofe humana en Colombia. Yo no veo cómo un hospital en Tadó (Chocó) puede garantizar la atención de un paciente con cáncer metastásico cuyo tratamiento vale 70 millones de pesos mensuales”, sostuvo.

“Las EPS tienen un papel determinante: recogen lo que el ciudadano aporta y le pagan al hospital. Sin pago o con demoras en el pago, las cirugías no se podrían dar a tiempo y la enfermedad crecería”, dijo el prestigioso neurocirujano Burgos. Y contó que muchos de los procedimientos que él maneja tienen un enorme valor y pocos tienen 50 millones de pesos en el bolsillo para operarse de urgencia. Este sistema garantiza, por ejemplo, que se den los tratamientos de alto costo a quienes lo necesitan, a pesar de que no correspondan a sus aportes.

Por ejemplo, el promedio mes de atenciones a un paciente con hemofilia es de 7 millones y el de uno con diabetes mellitus tipo 2, de 750.000 pesos. “Si la operación final del ejercicio es deficitaria, el riesgo lo asume la EPS. No lo pagan los afiliados”, dijo Paula Acosta, presidenta de Acemi.

No se sabe en el nuevo modelo quién respondería por eso. Si las EPS desaparecen, hay otra función clave del sistema que quedaría en el aire: hoy hay más de 88.300 prestadores de servicios de salud que se articulan allí. Otra labor que hacen es el pago de las incapacidades. Se gestionan cerca de 757.892 millones de pesos para los cerca de 1,4 millones de afiliados que se incapacitan anualmente.

Arrasar con lo construido

Uno de los problemas, sostienen los expertos, es que la reforma en la que piensa Corcho estaría partiendo de una premisa falsa: que el sistema no sirve para nada. Mauricio Santamaría, exdirector de Planeación Nacional y presidente de Anif, lo explica así: “El sistema de salud es el mayor logro de equidad que ha tenido Colombia en los últimos 50 años. No podemos volver al esquema que existía antes de 1993. Eso sería un error gravísimo. De una cobertura del 29 por ciento en 1993, pasamos a una cobertura del 99 por ciento, en 2021”.

Acosta, de Acemi, ha dicho que el fin de las EPS sería un “salto al vacío”. Asegura que gracias a este sistema los colombianos cuentan con la posibilidad de tener un sistema de salud en el que “no hay preexistencias, no hay límites de gasto, se cubren todas las enfermedades y todos los colombianos están cubiertos”.

Hoy, por ejemplo, el plan de beneficios de salud cubre el 97 por ciento de los medicamentos y el 90 por ciento de las atenciones del mercado. Se ha logrado que 26 de los 60 mejores hospitales de América Latina estén en el territorio nacional. Y Colombia se ha convertido en un polo a donde miles de extranjeros vienen a operarse.

“Pretender un borrón y cuenta nueva es un imposible categórico, es imposible regresar al modelo de 1990 y creemos más en construir sobre lo existente”, señaló Jorge Toro, director de la asociación de IPS. “Hay preocupación de que la reforma se haga en detrimento de lo que ya se tiene, causando una gran crisis en el sector”, advierte el decano de Medicina de la Universidad del Rosario, el médico Gustavo Quintero.

El presidente de la Asociación de Hospitales y Clínicas, Juan Carlos Giraldo, aseguró que la reforma es muy necesaria, pero si se parte de dos premisas: “Construir sobre lo que ya tenemos y defender el aseguramiento. Las EPS no deben desaparecer, pero sí evolucionar”.

Corcho sustenta su tesis en el desastre que han sido muchas EPS. Ha dicho varias veces que solo cuatro funcionan realmente y que las demás son catastróficas. El superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, tiene la misma tesis y la misma frase: “Yo no llegué a liquidar las EPS. Ellas se van liquidando solas”.

En este momento hay 11 EPS en proceso de liquidación y cuatro ya liquidadas. Beltrán, también con el espejo retrovisor bien acomodado, dijo que todo eso lo había heredado del Gobierno Duque. Esas EPS en liquidación son las verdaderas “papas calientes” del sistema actual. Entre todas hay más de 8 millones de afiliados. El futuro de esos colombianos ya es inquietante sin reforma a la salud, pero lo es mucho más bajo este panorama y lo que podría venir.

“Tengo una gran preocupación acerca del futuro de Savia Salud. Tenemos que conversar con toda la franqueza para evitar que una decisión sorpresiva afecte la salud de millones de antioqueños”, reclamó Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia.

Pero el punto neurálgico serán las deudas que estas entidades tienen. “Ahí tenemos una gran angustia. ¿Quién nos va a reconocer los 12,6 billones de pesos que deben las EPS con las IPS? Para solo dar un ejemplo, en Medimás y Coomeva hay 4 billones de pesos en cartera”, dice Toro. Acemi reconoce que el 79 por ciento de las deudas a prestadores a más de 60 días corresponde a EPS liquidadas o en medidas de vigilancia.

Bajo este escenario de incertidumbre lo único que hay son dudas y temores. Y justamente la zozobra que dice la ministra Corcho querer evitar es cada día más grande. Urge que, a la menor brevedad, ella le presente al país el proyecto de la anunciada reforma del Gobierno Petro. A pesar de las dificultades, Colombia ha logrado consolidar uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Solo es admisible hacer cambios para mejorar. Con la vida de los colombianos no se juega, ni se improvisa.