Cecilia Álvarez, exministra de Transporte del Gobierno de Juan Manuel Santos, no aceptó cargos por caso Odebrecht

Este jueves 6 de julio, la Fiscalía General le imputó el delito de interés indebido en la celebración de contratos a la exministra de Transporte Cecilia Álvarez Correa, por su presunta participación en las graves irregularidades que se presentaron durante la ejecución del polémico contrato de la Ruta del Sol II que le fue adjudicado en 2009 a la multinacional brasileña Odebrecht.

“Debemos puntualizar que, desde un comienzo, este proyecto de la Ruta del Sol II estuvo impregnado de actos corruptos”, precisó el fiscal delegado ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes Durán, al presentar los hechos jurídicamente relevantes.

“En casos excepcionales, como el presente, ese interés general ha sido desplazado por unos intereses particulares que afectaron la intervención y la actuación suya durante esta operación administrativa”, anotó.

Para la Fiscalía General, la entonces ministra tenía intereses económicos y personales en uno de los proyectos que ejecutaba Odebrecht en el departamento del Cesar, en referencia a un puerto fluvial, y pese a esto no manifestó su impedimento en las reuniones que se celebraron para su aprobación, lo que representa una grave irregularidad.

La situación tiene una agravante si se tiene en cuenta que Álvarez Correa participó activamente en los consejos de ministros en los que se avaló el documento Conpes para que uno de los apartes de obra de la Ruta el Sol cobijara uno de los proyectos en los que tenía amplio interés.

“De los elementos probatorios que se han presentado se puede señalar, de una parte, la existencia en la doctora Cecilia Álvarez Correa, previamente a sus actuaciones en los ministerios, de unos intereses privados y particulares, por supuesto, su situación personal en cuanto que desde el año 2008 y durante todo este período sostenía una relación sentimental con la doctora Gina Parody, que debe tener unas implicaciones con ella y su núcleo familiar inmediato”, anunció.

“De otra parte, a la doctora Cecilia Álvarez Correa también le asistía un interés de tipo profesional, puesto que desde el año 2010 y hasta mitad del 2011 desarrolló en su ejercicio profesional una actividad privada en una serie de empresas específicas como parte de sus juntas directivas, entre estas Cartagena Dos S.A.S. Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y el Terminal de Contenedores de Cartagena, pero además, fungiendo como miembro de la junta directiva de esa sociedad conoció el proyecto de construcción del Puerto Fluvial en la Rivera del Magdalena”, precisó el fiscal.

En más de una oportunidad, asistió a las reuniones en las que se detalló ese importante proyecto en la región y el cual tenía una relación directa con la Ruta del Sol II: “La doctora Cecilia Álvarez conoció en detalle y participó en la ejecución de ese proyecto, hizo observaciones continuas”. De esta forma, buscó un beneficio para ella y los familiares de su entonces pareja sentimental.

“Le correspondía a la ministra de Transporte velar por la gestión y consecución de los recursos necesarios para financiar los proyectos del sector transporte, principalmente uno que había sido declarado de cuarta generación por el Conpes, y que se le instó expresamente al Ministerio en concurso con la ANI a ser priorizado, teniendo en cuenta el cupo global de vigencias futuras aprobado al sector transporte”, añadió el fiscal Jaimes.

“Los elementos de prueba indican que las adiciones y las demás actuaciones se hicieron sin estudios técnicos que las sustentaran y sin autorización previa del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) y del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), como lo exige la ley. Adicionalmente, está acreditado que el tramo Ocaña-Gamarra no tendría relación alguna con el objeto principal del contrato Ruta del Sol II y debía tramitarse a través de un nuevo proceso de contratación por licitación pública”, sostiene la entidad.

“Con su proceder, la exfuncionaria, al parecer, favoreció a la concesionaria Ruta del Sol y benefició un proyecto fluvial sobre el río Magdalena que planeaba poner en funcionamiento una terminal en Gamarra (Cesar), en el entendido de que le garantizó una vía de acceso principal que sería el trayecto Ocaña-Gamarra, adicionado a la Ruta del Sol II”, añadió.

Según la Fiscalía, “es evidente el interés particular en el caso, que le impedía a la señora Álvarez Correa Glen participar en la adición del tramo Ocaña-Gamarra, pues antes de asumir el Ministerio de Transporte hizo parte de la junta directiva de varias sociedades vinculadas a la construcción del citado proyecto portuario con enfoque multimodal, en donde tenían intereses económicos familiares de su pareja (en ese entonces la ministra Gina Parody)”.

Pese a ser mencionada en la imputación, la Fiscalía General ya le archivó la investigación a la exministra Gina Parody al no encontrarse “configurado el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en el entendido de que la exministra no participó en el trámite y celebración del otrosí cuestionado. De igual manera, descartó el delito de interés ilícito en la celebración de contratos, pues el cargo que desempeñó no tuvo relación alguna con el objeto contractual”.

En este sentido se manifiesta que “la Fiscalía no ha encontrado evidencia que demuestre que la exministra Parody D’echeona aportó al posible actuar ilícito de su pareja en la comisión de conductas contra la administración pública”.