Atención: comienza el proceso de extinción de dominio a la avioneta del escándalo que involucra al esposo de Alejandra Azcárate

No para la novela de la avioneta C-90, de matrícula N722KR que fue encontrada con casi media tonelada de cocaína en el aeropuerto El Embrujo de Providencia, y que involucró a Miguel Jaramillo, pareja de la actriz Alejandra Azcárate. Ahora la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro.

El motivo por el cual la Fiscalía tomó esta radical decisión es porque la aeronave, avaluada en 2.200 millones de pesos, habría sido dispuesta como instrumento para cumplir actividades ilícitas relacionadas con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, como contempla la norma, razón suficiente para iniciar este proceso.

La avioneta que volaba ese fin de semana el piloto Juan Camilo Cadena Botero terminó envuelta en un problema grave de drogas. Cadena había argumentado que la usaría para llevar material humanitario, en este caso, tapabocas. Sin embargo, esto no resulta una excusa para iniciar la diligencia de extinción de dominio, pues la norma deja claro que si se toma esta medida es porque el bien se estaba usando para hechos delictivos sin discriminar si estos son realizados por su propietario.

Precisamente frente a la tripulación de la avioneta, en el marco del proceso penal por este hecho, el pasado 26 de mayo el juez promiscuo municipal de Providencia, con función de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Cadena Botero y Hárold Darío Rivera Toledo, piloto y ayudante de carga de la aeronave, respectivamente. Ellos son procesados por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado, y lavado de activos, cargos que no fueron aceptados.

En este mismo proceso, Jaramillo se presentó a la audiencia en la que pretendía presentarse como víctima, pues asegura haber sido engañado. El juez le negó la petición, pero afirmó que esta condición de afectado se puede validar en otras etapas del proceso.

De acuerdo con la Fiscalía, “inicialmente los detenidos argumentaron llevar ayudas humanitarias para la fuerza pública de la región; sin embargo, en la inspección, los investigadores descubrieron 28 cajas con tapabocas y, debajo de estos implementos, estaban ocultos 446 kilogramos del alcaloide distribuidos en varios paquetes. También hallaron más de $100 millones en efectivo”.

Sobre esta ‘narcoavioneta’ que ha copado la atención de los medios de comunicación del país hay varias dudas que la Fiscalía está tratando de resolver. La primera es justamente si Miguel Jaramillo, quien es el representante legal de Internades Helicópteros S. A. S, la empresa propietaria de la aeronave, tenía conocimiento de los hechos. Lo mismo se investiga de su socio Fernando Escobar, quien fue la persona que le alquiló el avión a Cadena. Ambos sostienen que fueron engañados por el piloto, una persona a quien conocían de tiempo atrás, por ser familiar de un piloto de tradición. Cadena era uno de las cinco personas registradas en la Aerocivil para volar la aeronave. Entre los argumentos de defensa de Jaramillo y Escobar está el documento con la solicitud de Cadena para usar la avioneta para el envío.

Además, la avioneta no tenía permiso para volar en Colombia en nombre de la empresa de Jaramillo, por lo cual usaba en comodato la empresa Logistic Air Services, que pertenece al colombiano Mauricio Gómez, primo de Miguel Jaramillo, y que funciona en Weston Florida.

Otro de los temas que está tratando de resolver la Fiscalía es cómo desde Guaymaral sale una avioneta cargada de coca con la justificación de que se trataba de ayuda humanitaria. En este caso, una versión entregada en exclusiva a SEMANA por personas cercanas a la investigación plantean dos asuntos que llaman la atención. El primero, que al parecer fue el motivo por el cual cayó el cargamento, es por qué la justificación de que se trataba de ayuda humanitaria resultaba extraña, pues esta ayuda sale por el aeropuerto militar de Catam, así que buscan identificar quién dio la autorización.

En segundo lugar, se busca establecer la relación que puede haber con las iniciales MP y la figura de un toro cebú en la envoltura de cada una de las panelas de cocaína, detalle que para los investigadores no pasó inadvertido y que está siendo cotejado con decomisos anteriores, para determinar si entre sus archivos están estas marcas o son parte de un nuevo actor narcotraficante.