ATENCIÓN: Comisión de Acusación llama a versión libre al expresidente de la Corte José Luis Barceló por chuzadas a Uribe

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes llamó a versión libre al expresidente de la Corte Suprema de Justicia José Luis Barceló. “La denuncia inicialmente interpuesta, hace referencia a las presuntas interceptaciones ilegales que se le hicieron al exsenador Álvaro Uribe Vélez por parte de la Corte Suprema de Justicia. Desde que fue asignada a los despachos la mencionada denuncia, se han recogido una serie de elementos materiales probatorios cuya finalidad ha sido la de individualizar al aforado constitucional que presuntamente cometió la conducta”, dice el documento.

“En el mencionado Informe de Policía Judicial, el despacho pudo constatar que dentro del proceso número 51699 se ordenó la interceptación telefónica al abonado del doctor Álvaro Uribe Vélez, la cual fue ordenada, mediante auto del 7 de marzo de 2018 suscrito por el magistrado José Luis Barceló Camacho”, agrega el documento de la Comisión de Acusación.

Este es el documento de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes

El 26 de agosto pasado, SEMANA reveló el auto firmado por el exmagistrado, en el que se pidieron las escuchas que eran para el congresista Nilton Córdoba y terminaron en el celular del expresidente. El número telefónico del exmandatario apareció, sin explicación alguna hasta ahora, en el expediente de otro proceso penal, el del congresista Nilton Córdoba, a quien inicialmente se le había ordenado la interceptación. SEMANA conoció el auto mediante el cual la Corte Suprema autorizó dichas escuchas que, al final, se mantuvieron por cerca de un mes en el número del expresidente.

El documento está firmado por el magistrado José Luis Barceló, quien en ese momento era el instructor del caso del parlamentario. Allí se dispone la interceptación de los abonados celulares del expresidente, con fundamento en otro documento firmado por los técnicos investigadores Clara Azucena López y Roque Julio Duarte y que queda consignado en el informe de policía judicial 11223286 / 11223287. En el auto, el magistrado Barceló le pide a la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía que “rastree y registre” todas las comunicaciones que se realicen por 90 días desde dos números celulares, a partir de ese día, el 7 de marzo de 2018.

Con estos elementos, la Comisión de Acusación tomó la determinación de llamar a versión libre a Barceló. “Así las cosas, de acuerdo con los documentos allegados a esta investigación, el proceso en el que presuntamente se adelantaron las interceptaciones ilegales denunciadas es el expediente 51699, que tuvo curso en el Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y cuyo conocimiento estuvo a cargo del despacho del Magistrado doctor José Luis Barceló Camacho. De igual forma, con la finalidad de indagar las conductas del exmagistrado José Luis Barceló en relación con los hechos denunciados, los despachos ordenaron pruebas como la inspección judicial de la Honorable Corte Suprema de Justicia; la declaración juramentada de los técnicos investigadores Clara Azucena López y Roque Julio Duarte, estas últimas llevadas a cabo el 20 de octubre y el 10 de noviembre del presente año”.

En ninguna parte de estos dos documentos revelados por SEMANA se señaló que estos teléfonos pertenecieran al excongresista Nilton Córdoba, ni se afirma la razón por la cual se pudiera obtener información de interés para la investigación a través de su interceptación, como suele suceder en otras órdenes judiciales que buscan este mismo fin.

Hace unos años, cuando esta polémica tuvo lugar, el magistrado Barceló le había explicado a SEMANA cómo -según él- esos números telefónicos habían llegado a esa orden. “Efectivamente, se decreta la interceptación, se da la orden a Policía Judicial y estos, con el fin de buscar cuál es el número de contacto de Nilton Córdoba, buscan los procesos en el despacho de Gustavo Malo. Los investigadores del CTI indagaron en ese expediente por el contacto del número telefónico, vieron sendos documentos de citaciones a Nilton Córdoba y la dirección de la oficina del representante, un número telefónico celular, y efectivamente sobre ese número telefónico es que recae la interceptación”.

SEMANA también reveló la declaración que dio a la justicia el analista del CTI, Óscar Álvarez, en la cual reconoce que continuó escuchando el teléfono del expresidente, pese a haberse percatado de que no correspondía al mismo que le habían ordenado interceptar, que era el del congresista Nilton Córdoba Manyoma.

Asi mismo, señaló que él había informado oportunamente de manera verbal de esa situación a la gerente del caso, Clara López. Según el funcionario, ella al conocer la información, no le pidió suspender inmediatamente la escucha del teléfono del exmandatario, por lo cual continuó haciéndolo por varios días más.

En su conversación con la Fiscalía, Álvarez hace un relato detallado de ese episodio, quizás uno de los más controvertidos de todo el caso que cursa contra el expresidente. “Se cumplió con una orden”, dice en su testimonio. “Era imposible que yo supiera de quién era ese número”, agregó Álvarez. “Yo cómo iba a saber que el abonado era el señor Uribe Vélez. Eso no tiene sentido”, dijo. “Quiero ser reiterativo. Cumplí con una orden de trabajo. Informé”.

El analista asegura que “el contacto verbal se hizo con la gerente del caso, con la autoridad”. Aclaró que nunca plasmó en ningún documento lo que estaba sucediendo, pero que se comunicó con quien era en ese entonces su jefe, Clara López y a su vez que sabe que también estaba enterado del tema el entonces magistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Cortés. Ante la pregunta de si le habían informado cuál era el objetivo de la interceptación, el funcionario contestó que no. “Lo que le puedo garantizar es que se informó que no era A, sino B”, agregó.

El funcionario de la Fiscalía le preguntó cuánto tiempo pasó desde que escuchó que era el expresidente Uribe hasta que se paró esa interceptación. “Máximo fueron cinco días”, asegura Álvarez. Lo que se había dicho hasta ahora es que el tiempo que duró la Corte Suprema escuchando al exmandatario fue de un mes. Cuando le preguntan por qué dejó pasar tantos días, el funcionario del CTI contestó que estaba “esperando órdenes” de sus jefes.