Nación
Atención | Con tutela, la defensa del exalcalde Ramiro Suárez Corzo espera frenar su traslado a La Picota
Su defensa había solicitado mantenerlo en un centro médico. Presentaron una tutela y el Inpec pisó el acelerador en el traslado.
En menos de una semana, el condenado exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo, ha pasado por tres espacios de reclusión. Primero en una clínica de Cúcuta, de donde salieron las denuncias por su actividad política mientras pagaba su condena. Luego, un controvertido traslado a Bogotá, a otra clínica y ahora, otra vez, La Picota.
Suárez Corzo estuvo una larga temporada en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, fue allí donde lo notificaron de una decisión que le dejaba con el beneficio de detención domiciliaria para terminar de pagar su condena, por homicidio, en su casa. Así ocurrió hasta que el beneficio fue revocado.
Un juez ordenó que el exalcalde debía regresar a una cárcel, pero el exmandatario ya estaba en una clínica por cuenta de unas complicaciones médicas. En la clínica estuvo hasta el pasado fin de semana cuando, luego de unas denuncias, el Inpec tomó la determinación de trasladarlo a Bogotá. Fue recluido en el Hospital San Carlos, en el sur de la capital.
Recientemente, SEMANA conoció que Ramiro Suárez Corzo se convirtió en testigo de la Fiscalía para develar la corrupción en la cárcel La Picota, de cómo se hacían los pagos a funcionarios del Inpec para facilitar salidas y entradas de productos. Esa nueva condición de testigo, en criterio de su defensa, lo deja en riesgo, de regresar justamente a La Picota.
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La tutela
La defensa del exalcalde presentó una tutela para insistir que su cliente debe permanecer lejos de La Picota, pues es testigo en contra de quienes serán señalados en sus declaraciones ante la Fiscalía. Sin esperar el resultado de la tutela, el Inpec advirtió del nuevo traslado. Le alistaron una celda a Suárez Corzo y esperan que los médicos le den de alta.
“Es evidente, que dejar al señor Ramiro Suárez bajo el control del establecimiento carcelario La Picota o algún otro dirigido directamente por miembros del INPEC, representa un riesgo real sobre su vida, seguridad e integridad personal, e incluso, constituye un peligro para la investigación que adelanta la Fiscalía… pues podría torpedear su colaboración e impedir su comparecencia libre y voluntaria a las diligencias programadas para el próximo 27 y 28 de septiembre de la presente anualidad”, explicó la defensa.
Para los abogados resulta un riesgo, apenas obvio, que su cliente, el exalcalde, termine recluido en el espacio donde se encuentran los funcionarios que más tarde serán objeto de investigación por parte de la Fiscalía y gracias a las declaraciones y el proceso de colaboración del exmandatario.
“El hecho de estar privado de la libertad, en las condiciones médicas y personales en que se encuentra mi representado, por sí solo, ya representan un estado de indefensión y subordinación susceptible de protección; pero, si además, se suma el hecho de que dicha condena está siendo vigilada y controlada por funcionarios públicos o dragoneantes, sobre los que tiene que declarar bajo la gravedad de juramento”, señala la tutela.
Como parte de la tutela, la defensa acude a unas medidas cautelares que garanticen, por ahora, suspender la resolución que ordena el traslado de Suárez Corzo a la cárcel La Picota, por lo menos hasta que se resuelva de fondo dicha tutela, todo en aras de prevenir el “peligro a su salud, integridad y seguridad personal”.