Cónclave entre el presidente Petro y el fiscal Barbosa sobre Ley de sometimiento se desarrolla este lunes

La Ley de sometimiento del Gobierno Petro para los narcos puso en alerta al fiscal Francisco Barbosa. Él y su equipo más cercano se reúnen este lunes para analizar los riesgos de la iniciativa. Los nubarrones de la ‘paz total’ siguen siendo negros.

Por ejemplo, se conoció que el proyecto le quita facultades al fiscal para decidir sobre la suspensión de las órdenes de captura y todo quedaría en manos del director de la Unidad de Investigación de la Fiscalía, que es elegido de una terna presentada por la JEP.

Como quien dice, quieren sacar a Barbosa del camino. También la Fiscalía está preocupada porque no se fija un tope de hasta cuánto debe ser la fortuna del narco que se someta para poderse quedar con el 6 %. La Fiscalía presentará su concepto sobre la ley de sometimiento ante el Consejo de Política Criminal.

El fiscal había dejado claro sus reparos sobre la forma cómo se estaba negociando con los narcotraficantes. En una previa reunión con el presidente, el alto funcionario aclaró que acompañará todos los propósitos de paz del Gobierno, pero que debe haber normas claras con apego a la ley para no cometer errores del pasado ni brindar beneficios a los criminales.

Por ejemplo, habló de que se deberá contemplar una justicia restaurativa que establezca penas intramurales con sanciones diferenciadas, pero aclaró que no se le podrá dar un tratamiento de proceso de paz para que los delincuentes eviten someterse a la justicia.

En ese sentido, el fiscal general también confirmó que se mantendrá firme en su posición de no levantar órdenes de captura de delincuentes pedidos en extradición hasta que se discuta esa ley. “No habrá levantamiento o suspensión de órdenes de captura con fines de extradición, no existe un marco jurídico constitucional para hacerlo. Debemos fijar un procedimiento porque no se está negociando con actores delincuenciales ordinarios”, afirmó Barbosa.

El fiscal volvió a insistir que negociar de esa manera con los narcotraficantes sería como haber pactado acuerdos con Pablo Escobar o el Cartel de Cali. “Nunca antes se había hecho un cese bilateral con organizaciones de narcotraficantes”, dijo hace unas semanas.

Barbosa también le solicitó al mandatario que más allá de los capos de las bandas criminales y de narcotraficantes, haya un artículo en el proyecto para que se conozcan quiénes están detrás de esos negocios ilícitos.

El fiscal fue claro en decir que no se podrá pactar que haya algún tipo de acuerdo político con los delincuentes y que puedan llegar a tener representatividad como ha sucedido en otras ocasiones. Según Barbosa, el mandatario se comprometió a no adelantar negociaciones políticas con narcos ni a solicitar levantamiento de órdenes de captura, hasta que no se adelante la discusión de ese proyecto en el Congreso.

El presidente Petro, tras haber hecho duras declaraciones contra los pronunciamientos del fiscal, ha estado abierto a escuchar sus reparos. Esta reunión es la segunda que tendrán a propósito de estos temas.

SEMANA publicó la semana pasada el contenido de esta ley. Se trata de las reglas claras de juego con las que el Gobierno Petro busca desmantelar las organizaciones criminales en Colombia.

Según el articulado, los integrantes de bandas criminales que decidan someterse a la justicia pagarían penas entre los seis y ocho años de cárcel, siempre y cuando, haya información clara sobre rutas y funcionamiento de las estructuras criminales. Como la iniciativa entrará a debate en el Congreso y el articulado podría cambiar, por ahora no importaría el tipo de delitos cometidos si se cumplen con los requisitos del sometimiento.

Un componente importante de este proyecto de ley es que los integrantes de las organizaciones criminales que no hayan cometido delitos graves podrían ser beneficiados con la renuncia de procesos en su contra por lo que, seguramente, muchos quedarían sin cuentas pendientes con la justicia.

“La presente ley tiene por objeto crear mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, mediante la aplicación de procedimientos de investigación y judicialización, contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, garantizar la no repetición, desmantelar las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto e impulsar la reintegración efectiva de sus integrantes mediante un enfoque restaurativo”, dice el primer artículo del proyecto de ley que conoció SEMANA.

Así mismo se definen qué estructuras podrán someterse a la justicia y formar parte de la política de la ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro. “Serán las organizaciones criminales de alto impacto, de que trata el artículo 2 de la Ley 2272 de 2022, es decir, las que cumplan las siguientes condiciones: que se trate de organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas. Que se encuentren organizadas en una estructura jerárquica y/o en red. Que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles, entre las que podrán encontrarse las tipificadas en la Convención de Palermo. Que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen. Que cumplan funciones en una o más economías ilícitas”.

El artículo tercero del proyecto de ley deja claro que no habrá reconocimiento político para las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto y sus integrantes, por lo que los grupos rebeldes, como el ELN, quedan por fuera de esta iniciativa porque ya se adelanta un proceso de paz.

El proyecto también explica las características de las redes criminales que se podrían ver beneficiadas con la iniciativa. “Que se trate de organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas. Que se encuentren organizadas en una estructura jerárquica y/o en red. Que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles, entre las que podrán encontrarse las tipificadas en la Convención de Palermo. Que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen. Que cumplan funciones en una o más economías ilícitas.”.