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Atención | Condenan a la exrectora del Gimnasio Castillo Campestre por el caso de Sergio Urrego

La Fiscalía pidió una pena en contra de Amanda Azucena Castillo por actos de discriminación y supuesta adulteración de material probatorio en el caso del suicidio de Sergio Urrego.

30 de abril de 2021
En este caso la condenada es la exrectora del colegio Gimnasio Castillo Campestre, Amanda Azucena Castillo, donde estudiaba el adolescente. | Foto: Archivo SEMANA / Cortesía

Después de seis años de investigación, la Fiscalía logró la tercera condena por el suicidio del estudiante Sergio Urrego en Bogotá. En este caso la condenada es Amanda Azucena Castillo, exrectora del colegio Gimnasio Castillo Campestre, donde estudiaba el adolescente.

La Fiscalía presentó todo el material probatorio en contra de la señora Castillo y fue declarada responsable de los delitos de ocultamiento de elemento material probatorio, en concurso material y heterogéneo, con el delito de falsa denuncia determinada. En esas evidencias están las declaraciones de padres de familia, exfuncionarios del colegio e investigadores del CTI que corroboraron la información aportada por la familia de Sergio Urrego, que por años trató de demostrar que el adolescente se suicidó por presiones y actos de discriminación al interior del colegio.

La exrectora se declaró inocente desde el inicio del proceso, pero incluso quienes fueron sus empleados terminaron por contarle a la Fiscalía que fue ella, Amanda Azucena Castillo, quien indujo a padres de familia a denunciar situaciones de acoso de Sergio Urrego en contra de sus hijos, cuando tal situación era falsa.

“[Debían] denunciar falazmente al menor Sergio Urrego por un supuesto acoso sexual; además, si ellos no accedían a este plan criminal, ideado por la señora Amanda Azucena Castillo Cortés, el menor Danilo Esteban Pinzón Valdez no podría continuar con el proceso de escolarización, como quedó establecido en la declaración rendida en sede de juicio oral por parte de la señora Ivón Cheque Acosta, que indicó que fue por orden directa de la señora Amanda Azucena Castillo Cortés”, señaló el fiscal del caso.

El fiscal del caso aseguró además ante el juez de conocimiento que Amanda Azucena Castillo es un peligro para la sociedad y por eso pidió la máxima condena para los delitos que fueron imputados, en este caso de 132 meses de prisión, equivalentes a 11 años, y una multa de 502 salarios mínimos mensuales vigentes.

“Obligando (sic) a los padres a denunciar por un supuesto acoso sexual que jamás existió y esto con un fin específico y no otros. Amanda Azucena quería camuflar estos actos de discriminación [y esto la llevó] a cometer conductas como ocultamiento de material probatorio y la falsa denuncia contra personas determinadas”, dijo el fiscal.

En la audiencia, que terminó con la condena a la exrectora del Gimnasio Castillo Campestre y donde fue declarada culpable por los actos de discriminación en contra de Sergio Urrego, el fiscal reiteró cómo, por orden de la exdirectiva del colegio, otros exfuncionarios del plantel, padres de familia y compañeros de Sergio, terminaron por generar los escenarios de discriminación que llevaron al suicidio del adolescente.

“Desarrolló manuales de convivencia no ajustados a la política pública de educación, a la Constitución Política ni a la dignidad humana (...) Para buscar la cura de lo que en concepto de la condenada eran conductas inapropiadas, con la instrumentalización de los medios del Estado, no con otro fin, sino de máscaras a actuaciones ilegales”, advirtió el fiscal al pedir la máxima pena en contra de la exrectora.

Mientras insistía en la gravedad de los hechos que fueron investigados por la Fiscalía y ahora convertidos en una condena ejemplar contra la exrectora, el fiscal del caso pidió que se librara la orden de captura inmediata y la exdirectiva del Gimnasio Castillo Campestre fuera trasladada a un centro de reclusión penitenciaria.

La representación de víctimas insistió en la acertada decisión del juez de conocimiento de condenar a Amanda Azucena Castillo y pidió que además de librar la orden de detención, se inste a la exrectora a ofrecer disculpas públicas a las víctimas de este proceso.

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