Atención: condenan a nueve años y cinco meses de prisión al juez que recibió millonario soborno de Carlos Mattos

Reynaldo Huertas, el juez que en el 2015 recibió un millonario soborno para emitir unas medidas cautelares que beneficiaran al empresario Carlos Mattos para que siguiera comercializando vehículos de la marca coreana Hyundai, fue sentenciado este jueves a nueve años y cinco meses de prisión.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá negó la solicitud de detención domiciliaria que pidió Huertas y se ordenó su captura para que cumpla su sentencia en la cárcel La Picota, de Bogotá.

En la decisión judicial se manifestó que con su actuar el entonces juez sexto civil municipal de Bogotá afectó gravemente la imagen de la justicia en Colombia.

“Reinaldo Huertas, inmiscuyó en su plan delictivo a uno de sus empleados y se validó de los buenos oficios de otros empleados para darle apariencia de transparencia a su penoso objetivo”, precisó el magistrado en la lectura del fallo.

Después del extenso juicio, Huertas fue hallado culpable de los delitos de utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático en calidad de determinador y el delito de cohecho en calidad de autor directo.

“Reinaldo Huertas ostentaba una de las más altas dignidades del servicio público, ser juez de la República, no obstante utilizó esa investidura para ceder ante los intereses de un particular, con ocasión del plan criminal fraguado”, cuestionó el magistrado al considerar que pese a que el funcionario judicial tenía el conocimiento claro que todo era ilegal recibió el soborno para desviar una decisión judicial y favorecer así al poderoso empresario.

Esto afectó gravemente la integridad de la Rama Judicial y puso en tela de juicio las decisiones que se toman, pues las personas recibieron el mensaje de que todo tiene un precio y el que tiene recursos económicos puede salirse con la suya.

“Es indudable que la burla y la falta de escrúpulos del comportamiento de Reynaldo Huertas, así como el consecuente daño que tuvo la Rama Judicial (…) llevó a la pérdida de confianza de los colombianos y que incluso descontento con el primer pago, se atrevió a pedir más dinero”, señaló el magistrado en la lectura de la decisión.

La Sala Penal le ordenó al juez Huertas el pago de una multa de 414 millones de pesos para reparar los daños causados. Igualmente, fue inhabilitado por 11 años y cinco meses para ejercer cualquier cargo público.

Las pruebas reveladas en el juicio indicaron que previo a tomar su decisión, Huertas sostuvo un encuentro con Mattos para hablar del tema. El empresario ya había puesto en marcha un plan para alterar todo el sistema de repartos con el único fin que la demanda que había presentado fuera direccionada al despacho de Huertas que, en tiempo récord, falló las medidas cautelares a favor del entonces presidente de Hyundai Automotriz Colombia S.A.S.

Por estos hechos de corrupción, Carlos Mattos fue condenado a nueve años y cinco meses de prisión. El empresario fue sentenciado tras aceptar su participación en los delitos de cohecho por dar u ofrecer (entrega de sobornos) y daño informático agravado (en calidad de determinador). Para el juzgado, el mismo empresario reconoció haber participado en estos actos de corrupción que permearon a la Rama Judicial y afectaron gravemente su imagen.

En compañía del abogado Luis David Durán Acuña, el empresario contactó a todas las personas que tenían vinculación directa con el sistema de repartos y la asignación de procesos en los despachos civiles para convencerlos de que necesitaba alterar el sistema. Para esto, ofreció altas sumas de dinero.

Por su formación académica, sabía que este tipo de alteraciones eran ilegales; sin embargo, siguió insistiendo para que la tutela que habían presentado se enviara al juez Huertas y así lograr sus pretensiones.

Mattos llegó a tal punto de ingresar, junto a otro abogado, para modificar el fallo que le brindó medidas cautelares, puesto que existía una falla de redacción. Todas estas irregularidades fueron ocultadas por los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.