Atención | Condenan a un patrullero de la Policía por la muerte de Javier Ordóñez

Sentido de fallo condenatorio. Esto fue lo que escuchó este viernes el patrullero de la Policía, Harvey Damián Rodríguez Díaz, después que finalizara el juicio que se adelantó en su contra por el asesinato del estudiante de Derecho, Javier Ordóñez, registrada en la madrugada del 9 de septiembre de 2020, en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá.

Tras dos años de juicio, se determinó que el patrullero participó directamente en los hechos que rodearon la muerte de Ordóñez, quien fue retenido mientras fumaba un cigarrillo y se tomaba una cerveza en la portería de su conjunto. El patrullero, junto a su compañero, le reclamaron por estar violando las medidas impuestas en medio de la cuarentena por la pandemia del nuevo coronavirus.

Tras un cruce de palabras, golpearon al hombre, lo redujeron de manera violenta y le aplicaron varios electrochoques con una pistola tipo Taser, esto pese a los gritos de auxilio y al hecho que los vecinos pedían que pararan lo más pronto posible, puesto que Ordóñez ni estaba armado ni representaba un peligro.

Mientras intentaba evitar que los vecinos grabaran con sus teléfonos celulares, los uniformados subieron a Javier Ordónez a una patrulla de la Policía rumbo al CAI de Villa Luz. En ese lugar, fue golpeado en repetidas oportunidades, por lo que horas después tuvo que ser trasladado a un centro médico, donde se reportó su fallecimiento.

Para el juez, las pruebas documentales y testimoniales permitieron confirmar la teoría del caso planteada por la Fiscalía General frente al hecho que Rodríguez actuó de manera desproporcionada contra la humanidad de Javier Ordóñez, quien al momento de ser detenido ya se encontraba en total estado de indefensión.

El informe de Medicina Legal arrojó que Ordóñez tenía nueve fracturas en su cráneo. Igualmente, los fuertes golpes que recibió mientras estuvo en el CAI le provocaron lesiones en los órganos internos que desencadenaron su muerte: “lesiones de tipo abrasivo, lineales, hemorrágicas y superficiales localizadas en hemiadbomen inferior, región lumbar derecha y en la frente, lado izquierdo; las lesiones patrón descritas se correlacionan con los mecanismos del arma aportada”.

Así como “contusiones múltiples del mesenterio (mesocolon) del lado derecho, que compromete el mismo en la flexura hepática. Laceraciones múltiples del mesenterio (mesocolon) del lado izquierdo, que compromete el mismo en la flexura esplénica. Hemorragia extensa en los tejidos blandos que rodean el riñón derecho parcialmente obtenida”. En otro de los apartes, revela que el cuerpo presentaba incluso “esquirlas de un proyectil de arma de fuego”. Lo raro es que no se pudo localizar un punto de salida “sin residuos macroscópicos de disparo en piel”.

Por estos hechos ya fue condenado a 20 años de prisión el patrullero Juan Camilo Lloreda Cubillos, quien firmó un preacuerdo con la Fiscalía reconociendo su participación en los delitos imputados, le ofreció excusas a la esposa e hija del hombre de 43 años y se comprometió a colaborar con las investigaciones.

Por la gravedad del asunto, en octubre de 2020 la Procuraduría sancionó a los dos patrulleros, que actuaron como primeros respondientes, con destitución e inhabilidad por 20 años para ejercer cargos públicos. En la decisión, que fijó la sanción disciplinaria máxima, se indicó que los agentes actuaron de forma brutal causándole lesiones a Javier Ordóñez “que le produjeron la muerte”.

Teniendo como base el video grabado por uno de los testigos se concluyó el abuso de la fuerza puesto que lo sujetaron de los pies para reducirlo y aplicarle los electrochoques.

Tras conocerse la muerte de Ordóñez se presentaron manifestaciones sin precedentes en la historia del país en contra de la Fuerza Pública, cuestionando el abuso y la extralimitación de sus funciones.