Corte confirma libertad a cinco implicados en el atentado a la escuela General Santander. Impunidad luego de más de cuatro años del acto terrorista

La Corte Suprema de Justicia confirmó este viernes 12 de mayo la libertad por vencimiento de términos a Miguel Antonio Castillo Rodríguez, Angie Lorena Solano Cortés, Andrés Felipe Oviedo Espinel, Carlos Arturo Marín Ríos y Jessica Catherine Barrientos Castilla, acusados por su participación en el atentado terrorista en la Escuela de Cadetes General Santander, registrado el 17 de enero de 2019, y fueron dejados en libertad. El alto tribunal determinó que, en efecto, en este expediente se superaron los términos para que iniciara el juicio formal tras la radicación del escrito de acusación.

Tras revisar la acción de tutela presentada por los familiares de una de las víctimas que reclamaba la protección del derecho al debido proceso, la Sala concluyó que el fallo que ordenó la libertad de los cinco procesados fue claro y acorde a Derecho. “Para la Sala no se configuró el mencionado defecto, toda vez si bien el Juzgado no explicó por qué tendría en cuenta los días transcurridos desde la solicitud de libertad por vencimiento de términos (30 de diciembre de 2022) a la fecha de la decisión (17 de febrero de 2023), lo cierto es que, frente a la postulación, sí dio cuenta de que para este último momento aún no había iniciado la audiencia de juicio oral, cuestión imprescindible de cara al análisis de los presupuestos establecidos”, precisa el fallo de 20 páginas.

“(...) La Sala de Casación Penal encontró ‘ajustada a legalidad’ la providencia de un juzgado penal del circuito que examinó una solicitud de libertad por vencimiento de términos y tomó como última fecha para la contabilización el día en el que adoptó la decisión”, aclara el fallo.

El 2 de julio de 2020, el entonces presidente, Iván Duque; el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; y el fiscal general, Francisco Barbosa, anunciaron la captura de estas personas señaladas de participar en la financiación, planeación y ejecución del atentado terrorista que dejó 22 cadetes muertos y 89 personas heridas.

Según la investigación, Miguel Antonio Castillo Rodríguez, alias Toño, es el propietario de dos empresas de producción y distribución de quesos ubicadas en Arauca y Bogotá, que habrían servido para financiar la acción criminal. Esta persona es investigada por servir de testaferro y legalizar dineros producto de extorsiones y secuestros en Arauca y Cundinamarca.

Mientras que Andrés Felipe Oviedo Espinel, alias Jesús, fue señalado de haber recibido órdenes directas del Comando Central del ELN (Coce) para planificar las actividades criminales que condujeron al ataque con carro bomba.

Por su parte, Angie Lorena Solano Cortés, alias Maco, fue señalada de hacer acompañamiento en una motocicleta del vehículo cargado con explosivos. Labor que adelantó junto a Carlos Arturo Marín Ríos, alias Marín.

Por estos hechos, fueron llamados a juicio para que respondieran por los delitos de homicidio en persona protegida en concurso homogéneo, tentativa de homicidio en persona protegida en concurso homogéneo, terrorismo, financiamiento al terrorismo. Sin embargo, hasta el momento el proceso penal no ha dado inicio.

La primera condena

En mayo de 2022, Ricardo Andrés Carvajal fue condenado a 46 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de terrorismo agravado, homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y daño en bien ajeno agravado.

“Fiscales de la Seccional Bogotá y de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales demostraron que Carvajal Salgar pagó el arrendamiento de la bodega, ubicada en el barrio Santa Librada, en el sur de Bogotá, donde fue escondida y acondicionada con explosivos la camioneta utilizada para cometer el atentado, el 17 de enero de 2019″, explicó la Fiscalía al conocer la condena.

La bodega era un pequeño parqueadero ubicado en una casa de familia que fue arrendada una semana antes y en ese sitio metieron la camioneta usada en el atentado. Hasta esa bodega llevaron los explosivos y fue armado el artefacto. De esa misma casa salió la camioneta con destino a la Escuela de Policía, donde finalmente detonaron el explosivo con el desafortunado saldo de 22 cadetes muertos.

“La contundencia de las pruebas y evidencias presentadas por la Fiscalía General de la Nación fueron determinantes para que una juez especializada de Bogotá condenara a 46 años de prisión a Ricardo Andrés Carvajal Salgar, por su participación en el atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional General Francisco de Paula Santander”, señaló el delegado contra la Criminalidad Organizada, Javier García Trochez.

Carvajal Salgar fue el primer capturado por este atentado terrorista y su voz apareció en una llamada que, por casualidad, los investigadores de otro caso tenían interceptada y donde el ahora condenado aseguró que estaba escondido tras completar o ayudar en el atentado terrorista.

“Una de las evidencias obtenidas en la investigación da cuenta de que, a través de una llamada telefónica, el hoy sentenciado le aseguró a una tercera persona que se había escondido porque estaba vinculado al ataque terrorista”, explicó la Fiscalía.

Desde un inicio del proceso, el sentenciado se declaró inocente mientras aseguró que su comentario en la llamada telefónica, el mismo que se convirtió en prueba en su contra, lo hizo porque le pareció gracioso.

La condena fue apelada por la defensa de Carvajal Salgar y el proceso pasó al Tribunal Superior de Bogotá. Por ahora, el condenado seguirá privado de la libertad mientras los magistrados resuelven el recurso que interpuso su abogado.