Atención | Corte Suprema aceptó recusación de Armando Benedetti contra la magistrada Cristina Lombana

SEMANA conoció en primicia que la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia aceptó la recusación que presentó el exsenador y exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, contra la magistrada Cristina Lombana, en medio de una de las cinco investigaciones que adelanta en su contra ese alto tribunal.

La Corte determinó que la magistrada no tenía competencia para actuar dentro del proceso que se adelanta contra el exsenador por presunto enriquecimiento ilícito.

En la recusación, la defensa del exsenador advertía que la magistrada había incurrido en varias irregularidades. La primera de ellas tiene que ver con la pérdida de competencia de esta alta corporación para seguir investigando a Benedetti.

La Corte encontró que, como lo argumentó la defensa en la recusación, desde el momento en que Armando Benedetti fue designado embajador, la competencia para investigarlo pasó a ser de la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, pese a que no tenía ya la competencia para actuar en el proceso por presunto enriquecimiento ilícito, la magistrada Lombana, con el pretexto de adelantar actividades de investigación en una de ellas, envió a uno de sus funcionarios a inspeccionar en la Fiscalía el expediente que ya había sido remitido al ente acusador, para conocer las nuevas decisiones reservadas que se habían adoptado en el proceso por parte del fiscal Gabriel Jaimes, quien fue designado para llevar el caso.

“Se evidencia además que, desde el mismo momento en que la actuación de la referencia salió de esta Sala Especial de Instrucción, con destino a la Fiscalía General de la Nación, por competencia, la magistrada no cesó en sus empeños por que la misma le fuera a ella restablecida, más allá de las oportunas y plurales respuestas que en sentido negativo recibió de los diferentes organismos, incluso, de la propia Presidencia de la Corporación”, dice la Corte.

Tras este suceso, el fiscal Jaimes se manifestó diciendo que esto excedía las funciones de la magistrada. La defensa del exsenador denunció que la magistrada insistió en ordenar al fiscal que debía entregarle copia de todas las decisiones reservadas que él había tomado en el proceso en el que ella ya no era competente.

La magistrada finalmente logró tener acceso al expediente. Al no estar de acuerdo con ninguna de las decisiones adoptadas por el fiscal Jaimes, le ordenó a la Comisión de Disciplina que lo investigue porque consideró que el fiscal estaba desestimando pruebas que “claramente tenían vocación de sustentar los cargos” contra Benedetti.

Precisamente, la segunda razón por la que la Corte aceptó la recusación contra la magistrada fue que la funcionaria judicial no solo estaba yendo en contravía de lo que ya había dicho la misma Corte Suprema respecto de la competencia en el proceso, sino que, además, con dicha manifestación, ya había mostrado su concepto frente al proceso que se adelanta contra el exsenador.

“La magistrada intervino en una investigación de la Fiscalía General de la Nación en la que, por supuesto, no era competente, para cuestionar seguidamente la legalidad de las decisiones que dicho órgano de investigación había proferido en el caso adelantado en contra de Benedetti Villaneda; pero, de la misma manera, realizó una valoración anticipada del material probatorio, al consignar la manifestación objeto de cuestionamiento, desde el punto de vista de su convicción personal y por el conocimiento previo que tenía de dicha actuación, lo que por supuesto no la legitimaba para proceder de esa manera, y en cambio sí la ponía en riesgo de ser separada del conocimiento de esa investigación, en el evento de que se recuperara la competencia de esta Sala Especial de Instrucción, como en efecto ha ocurrido”, dice la Corte en su decisión.

La contienda sigue

La contienda entre Armando Benedetti y la magistrada Cristina Lombana ha tenido varios rounds. Sumado a la recusación contra la magistrada Lombana, la defensa de Benedetti interpuso el pasado 15 de agosto una denuncia penal y una queja disciplinaria en contra de la togada por los delitos de prevaricato y abuso de la función pública.

Las denuncias fueron radicadas ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. En estas, la defensa advierte de las posibles irregularidades en las que habría incurrido la funcionaria en sus actuaciones respecto de las investigaciones que se adelantaban en su despacho contra Benedetti.

La primera irregularidad tendría que ver con la competencia para investigarlo, que pasó a ser de la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con la defensa, la magistrada no envió los procesos al ente acusador sino que “los retuvo arbitrariamente por casi un año, pese a haber perdido la competencia”.

En los documentos a los que tuvo acceso SEMANA también se afirma que, pese a que no tenía ya la competencia para actuar en los procesos, la magistrada ordenó, en tres oportunidades, al Tribunal Superior de Bogotá hacer audiencias en las que pretendía que un juez de menor jerarquía decidiera todo lo contrario a lo que había resuelto la mayoría de la Sala de Instrucción de la Corte. Su objetivo, según denuncia la defensa, era quedarse con los procesos que cursaban contra Benedetti.

En su denuncia, la defensa también relata que, en dos oportunidades, dichas audiencias no se instalaron y que incluso el Tribunal le recordó a la magistrada por escrito que no podía ordenar ni solicitar este tipo de diligencias.

Sin embargo, una de las audiencias solicitadas por la magistrada Lombana sí se instaló y, tras oír las intervenciones, el magistrado manifestó: “De modo que, como lo han dicho las partes e intervinientes, no hay un conflicto a resolver” y ordenó devolver el expediente.

En su denuncia, Benedetti pide que se investiguen las filtraciones de las decisiones de la Sala de instrucción de la Corte, que son de carácter reservado, pues, a pocas horas de que la magistrada ordenara investigar al fiscal delegado Gabriel Jaimes, la providencia ni siquiera estaba en el expediente y ya había sido compartida integralmente en medios de comunicación.

Para Benedetti y su defensa, la magistrada no es un juez imparcial, pues consideran que “ya lo condenó” y que, por lo tanto, no puede seguir siendo ella quien lo investigue.