Judicial
Atención | Corte se abstuvo de dictar medida de aseguramiento contra Armando Benedetti por escándalo de Fonade. Investigación sigue
La investigación contra el ahora embajador de Colombia ante la FAO continuará en el alto tribunal. Pese a su nueva condición de diplomático, la Corte Suprema sigue con el proceso.
Este miércoles, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia definió la situación jurídica del exsenador y actual embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti Villaneda, en el proceso que se sigue en su contra por los presuntos delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.
Tras escucharlo en indagatoria el pasado 21 de septiembre, la Sala decidió no imponer una medida de aseguramiento en su contra. Sin embargo, se advierte que continuará la investigación por hechos relacionados con supuestas irregularidades en contratación del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).
Al definir la medida de aseguramiento, la Corte Suprema reafirmó su competencia para conocer este expediente judicial por lo que el caso, a diferencia de otros, no pasará a la Fiscalía General. En una decisión adoptada por mayoría (4-3) y en la que participaron conjueces, la Sala Especial de Instrucción decidió que es competente para seguir tramitando este proceso.
Teniendo en cuenta que los hechos investigados supuestamente habrían tenido relación con sus funciones como senador activo, la Sala decidió que su fuero de congresista debe prevalecer frente al de embajador rxtraordinario y plenipotenciario adscrito a la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
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Benedetti es investigado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Los hechos hacen referencia a las irregularidades que se habrían presentado en la celebración del contrato que tenía como objeto garantizar el bodegaje, la custodia y la actualización del inventario mensual de documentos, así como la digitalización e indexación del archivo del Fonade. Se le entregó a una empresa que, según la investigación, no cumplió los requisitos definidos en la convocatoria ni entregó la póliza para la firma de ese contrato. Aun así, terminó ganando.
En mayo de 2022, la Fiscalía General le imputó el delito de interés indebido en la celebración de contratos a Hernán Emilio Mejía, exfuncionario de la entidad, y a Juan Carlos Santofimio, quien era el representante de la empresa Certicámaras por este mismo caso. La tesis del ente investigador es que se diseñó un contrato de tal manera que la empresa Certicámaras fuera seleccionada por el extinto Fonade para que le fuera adjudicado el contrato.
Según la fiscal del caso, uno de los testigos, llamado Jorge Henao, dijo que Certicámaras fue, supuestamente, recomendada por el senador Armando Benedetti y su exasesora Elsy Pinzón. Sin embargo, este no es un hecho comprobado.
“También se exterioriza el interés indebido, específicamente el contrato mencionado, al ingresar a las instalaciones de Fonade de forma posterior y exclusivamente en la reunión sostenida entre Jorge Iván Henao, exasesor de la gerencia de Fonade, y el senador Armando Benedetti. Estos ingresos ocurrieron antes y durante la adjudicación del contrato. También manifiesta su interés indebido al ingresar simultáneamente a Fonade con Elsy Mireya Pinzón, la asesora o funcionaria de la UTL del senador ya mencionado”, aseguró la fiscal del caso en su momento.
El contrato fue firmado luego de una convocatoria privada, incumpliendo lo establecido por la ley, con apenas tres oferentes; dos quedaron fuera, según la Fiscalía, tras identificar que los términos del contrato, las características, la experiencia y la capacidad de la empresa contratante fueron modificados para asegurar la adjudicación.
“Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los supuestos involucrados el delito de interés indebido en la celebración de contratos. El cargo no fue aceptado por los investigados”, explicó la Fiscalía.
El contrato adjudicado tuvo un valor superior a los 1.000 millones de pesos y el contratista logró desarrollarlo a pesar de las irregularidades que fueron identificadas por la Fiscalía. Entre los imputados se encuentra la funcionaria del Senado que forma parte de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Armando Benedetti.
