Cuatro policías vinculados al Tren de Aragua fueron capturados en Bogotá. Cobraban las extorsiones a comerciantes

Tristemente, según la investigación, los policías que estaban a cargo de la seguridad en un CAI de la localidad de Kennedy en el sur de Bogotá, eran los encargados de facilitar el crimen a cargo del temido Tren de Aragua. Fueron cuatro los uniformados capturados en un operativo que develó cómo los policías, al parecer, cambiaron su función constitucional, la dignidad de su uniforme, por unos escuálidos pagos de los bandidos que decía perseguir.

“Luego de valorar el material probatorio presentado por un fiscal de la Seccional Bogotá, un juez de control de garantías judicializó a cuatro integrantes de la Policía Nacional, adscritos al CAI Caldas en Kennedy, sur occidente de la capital del país. Se trata del intendente Óscar Javier Vanegas y los patrulleros Walder Antonio Orjuela Morales, Johan Manuel Hernández Gordillo, Cristhian Fernando Molina Sala”, señaló la Fiscalía.

Los policías, de acuerdo con la investigación, permitían la comercialización de estupefacientes en bares y negocios del barrio María Paz de la localidad de Kennedy ubicado en el suroccidente de Bogotá, justamente la zona de injerencia de la organización criminal conocida como el Tren de Aragua, responsable de los homicidios en ese punto de la capital.

“Labores de policía judicial, entre las que se destacan interceptación de comunicaciones, pusieron al descubierto a los uniformados del CAI quienes serían los encargados de cobrar las altas sumas de dinero que imponían los cabecillas de las organizaciones criminales y que eran cobradas en establecimientos públicos, bares y vendedores informales”, explicó el fiscal del caso durante las audiencias preliminares.

En otras palabras, eran los mismos policías, los que debían garantizar la seguridad en la zona, quienes se encargaban de cobrar las extorsiones. Se convirtieron en la oficina de cobros de las principales bandas criminales en la localidad de Kennedy. De comprobarse su responsabilidad, la deshonra a la institución y a los principios del código de ética policial, sería dramática.

“La investigación da cuenta omitían sus deberes frente al control a la venta de licor adulterado, permitían la prostitución infantil y exigían dinero a delincuentes implicados en hurtos; muchos de estos serían integrantes de organizaciones como el llamado Tren de Aragua”, explicó José Manuel Martínez, director seccional de fiscalías en Bogotá.

En audiencias de control de garantías la Fiscalía imputó el delito de cohecho en contra de los cuatro uniformados, dos no aceptaron su responsabilidad a pesar del material probatorio que presentó el ente acusador donde se escucha incluso a los propios uniformados haciendo las exigencias de dinero a los comerciantes del sector que se supone debían cuidar.

“Los operativos de captura del intendente Óscar Javier Vanegas y los patrulleros Orjuela Morales, Hernández Gordillo y Pineda López se cumplieron en la capital del País. Las cuatro personas fueron imputadas por el delito de cohecho”, dijo el director seccional de fiscalías en Bogotá.

Dos uniformados, que reconocieron su responsabilidad, es decir aceptaron que trabajaban para las organizaciones criminales, fueron cobijados con una medida de aseguramiento de detención domiciliaria, mientras que a los dos policías que negaron los cargos un juez de control de garantías los envió a una cárcel.