Atención | Defensa del expresidente Álvaro Uribe asegura que no ha sido notificada del llamado a juicio

No hemos sido notificados. De esta forma respondió el abogado penalista Jaime Granados Peña al llamado a juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

“Esta defensa informa que no ha recibido notificación de esa decisión ni traslado del escrito de acusación”, detalló Granados Peña en su cuenta de X.

El abogado, quien ha representado al expresidente Uribe en varios procesos judiciales, anunció que estará atento a cualquier información oficial por parte del ente investigador.

Esta es una de las primeras decisiones de gran trascendencia político-judicial en la administración de la recién posesionada fiscal general, Luz Adriana Camargo. En la pasada administración del fiscal Francisco Barbosa se había solicitado en dos ocasiones la preclusión del proceso, pero los jueces la habían negado.

“A partir de la evidencia física y los elementos materiales probatorios recaudados y estudiados por el despacho al cual correspondió este expediente por reparto hace tres meses, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal, advierte un comunicado de la Fiscalía.

Sobre el trámite de esta nueva decisión que pone al expresidente Uribe, nuevamente, a sentarse en el banquillo de acusados, la Fiscalía aclaró que “una vez el Centro de Servicios Judiciales del Complejo Judicial de Paloquemao de Bogotá cumpla con el reparto y se conozca el juzgado penal del circuito al que le corresponda el juicio, se realizará la audiencia de formalización de la acusación, en la fecha y hora que fije la judicatura”.

Este llamado a juicio, cuando apenas inicia la gestión de Camargo, como era de esperarse, de inmediato generó reacciones a favor y en contra, y relacionadas justamente con el cambio de administración en la Fiscalía.

Por eso, desde la entidad advirtieron que “la Fiscalía General de la Nación garantiza el derecho al debido proceso en la presente y en todas las actuaciones a su cargo. Ahora, el investigado y su defensa, el agente especial de la Procuraduría General de la Nación, y quienes reclaman la calidad de víctimas con sus apoderados, tendrán la oportunidad de solicitar pruebas y participar en el debate oral con la práctica e incorporación de medios probatorios y alegaciones, que deberá culminar con la emisión de un fallo”.