El expresidente Álvaro Uribe Vélez declaró este viernes ante el juzgado 28 de conocimiento de Bogotá.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez declaró este viernes ante el juzgado 28 de conocimiento de Bogotá. | Foto: Captura de video

Nación

Atención | El 27 de abril se definirá el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe

Este viernes intervino el exmandatario para presentar sus argumentos.

18 de marzo de 2022

El juzgado 28 de conocimiento de Bogotá fijó para el 27 de abril la audiencia en la que se definirá si se cierra o no el proceso que se adelantó contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y estafa en actuación penal.

El despacho judicial tomó la decisión este viernes tras escuchar la intervención del exmandatario, quien por cuatro horas presentó sus argumentos apoyando la petición de prescripción solicitada por la Fiscalía General.

“Me han hecho un daño reputacional, político y contra mi libertad enorme”, aseguró el exmandatario al reseñar que pese a toda la evidencia que le presentó a la Corte Suprema de Justicia en su indagatoria en octubre de 2019 fue cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad y vinculado formalmente a un proceso penal.

Uribe indicó que la única orden que le dio a sus abogados fue la de buscar la verdad y corroborar las versiones que indicaban que varios testigos que lo habían acusado a él y a su hermano Santiago de ayudar a fundar y fomentar los grupos paramilitares en el departamento de Antioquia querían retractarse, esto debido a que habían sido presionados por el senador Iván Cepeda para que hicieran estas declaraciones todo a cambio de beneficios jurídicos y económicos.

“Yo nunca fui a buscar testigos, simplemente a corroborar informaciones que me llegaban en el sentido de que el senador Cepeda estaba buscando a testigos, ofreciéndoles beneficios para que acusaran a mi hermano o a mí”, declaró el expresidente. En su extensa intervención, la cual sufrió varias interrupciones puesto que para la juez se estaban hablando de temas que no hacían referencia a lo mencionado por la Fiscalía General en su petición, Uribe explicó cómo contactó al abogado Diego Cadena, las labores que le pidió ejercer y las advertencias que le hizo en más de una oportunidad.

El exjefe de Estado (2002-2010) indicó que lo único que ha buscado es que se sepa toda la verdad y se le respete su honra y buen nombre, anunciando que en todos sus años de vida pública jamás se le ha podido demostrar ninguna irregularidad o acción contraría al Derecho. En su intervención pidió excusas por algunas palabras soeces y de grueso calibre que utilizó contra algunos de sus colaboradores, abogados y personas cercanas, pero pidió que lo entendieran debido a la situación que estaba viviendo.

El exmandatario, igualmente, cuestionó los señalamientos hechos por los representantes de las víctimas reconocidas en este proceso (el senador Iván Cepeda; el exfiscal General, Luis Eduardo Montealegre; el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo; y Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, considerado el testigo principal) quienes hicieron acusaciones sin fundamento y totalmente alejadas de los hechos contenidos en la investigación por presunta manipulación a testigos.

“Señora juez, ante usted me han presentado como Álvaro Uribe el criminal, paramilitar, mafioso, director de Aeronáutica Civil de Pablo Escobar (...) Yo he estado muy pendiente, he tomado atenta nota a las audiencias, y he hecho fuerza para no hablar ni interrumpir”, aseguró el expresidente al pedir que tenga en cuenta sus cualidades humanas y su vida pública a la hora de tomar una decisión. “Mi único deseo es refutar todos esos señalamientos”.

Los escenarios de la preclusión

La jueza tendrá que definir si avala la petición de la Fiscalía (coadyuvada por la Procuraduría y los abogados del expresidente) para archivar el caso o si reconoce lo solicitado por las víctimas para que el exmandatario sea llamado a juicio. Sea cual sea la decisión, alguna de las dos partes podrá presentar el recurso de apelación el cual tendrá que ser resuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.