La venta de miles de taxis Hyundai, conocidos como “zapaticos” en el mercado, catapultó el millonario negocio automotor de Carlos Mattos.
La venta de miles de taxis Hyundai, conocidos como “zapaticos” en el mercado, catapultó el millonario negocio automotor de Carlos Mattos. | Foto: carlos julio martinez

Judicial

Atención | El corrupto empresario Carlos Mattos fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión

El empresario fue sentenciado por enviarle 100 millones de pesos a la jueza que dejó en firme las medidas cautelares que le permitieron seguir comercializando vehículos de la marca coreana en Colombia.

9 de noviembre de 2022

Carlos Mattos fue sentenciado a cinco años y ocho meses de prisión por enviarle 100 millones de pesos a la jueza 16 civil de Bogotá, Ligia del Carmen Hernández, quien, luego de este soborno, dejó en firme las medidas cautelares que lo beneficiaron para seguir comercializando vehículos de la marca coreana Hyundai en Colombia.

En la decisión judicial, se tuvo en cuenta la gravedad de los hechos en los que estuvo inmerso el entonces presidente de Hyundai Automotriz Colombia al planear el envío del dinero como “agradecimiento” a la jueza que ratificó las medidas que ya había emitido el juez sexto civil, Reynaldo Huertas.

En ese momento, Mattos vio “la entrega de dádivas como una forma de agradecer la adopción de medidas que le permitieron continuar con la comercialización exclusiva de la marca coreana, desconociendo que la administración pública tiene unos principios básicos, entre otros los de moralidad, igualdad y gratuidad, optando por desatender los mismos con ocasión a la posibilidad de tener recursos económicos”.

“Un actuar como el que se le reprocha al procesado denota una intención a un intenso daño social, puesto no solo desprestigia a la administración de justicia sino que conduce a acrecentar la idea que la misma beneficia a aquellos sujetos que tienen mejores posibilidades económicas, afectando así la expectativa de una justicia recta y eficaz”.

Pese a que la sentencia inicial era de siete años y ocho meses de prisión, el juez le rebajó al tener en cuenta la falta de antecedentes penales, la colaboración que ha tenido el empresario y el hecho que aceptó su falta mediante un preacuerdo. Mattos deberá pagar una multa de 85 salarios mínimos legales vigentes, es decir, unos 85 millones de pesos.

A primera hora de este martes, el empresario recibió un no rotundo a la petición que buscaba que se anulara todo lo actuado hasta la fecha en el proceso que se le adelanta por el denominado caso Hyundai. El juez once de conocimiento de Bogotá rechazó las peticiones presentadas recientemente por la defensa del expresidente de Hyundai Colombia Automotriz, que reclamaba el incumplimiento del preacuerdo firmado con la Fiscalía General.

En su análisis jurídico, el juez determinó que a Mattos no se le vulneraron sus derechos al debido proceso cuando se aumentó la condena, que en un principio se había fijado tras reconocer su participación en el envío de sobornos a una jueza, que dejó en firme las medidas cautelares que lo beneficiaron en el marco de la pelea jurídica que tenía para seguir comercializando vehículos de la Rama Judicial en Colombia.

En el último mes, Mattos ha reclamado que la Fiscalía lo engañó y utilizó para la firma del preacuerdo en el que aceptó los delitos y, además, se comprometió a indemnizar con un millón de dólares a la Rama Judicial por los daños causados.

Igualmente, aseguró que no fue bien asesorado por su entonces abogado cuando reconoció públicamente la aceptación de cargos, lo que conllevó a una condena de siete años de prisión.

Este proceso sufrió un revés cuando la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena al considerar que no se había demostrado el incremento patrimonial por parte del empresario.

Mattos tiene pendiente otro proceso penal por haber puesto en marcha un estructurado plan para alterar el sistema de repartos en los juzgados civiles, con el fin que su tutela llegara directamente al despacho del juez Reynaldo Huertas. Para esto, el empresario pagó sobornos a funcionarios y empleados de la Rama Judicial.