Atención: el general William Fernando Prieto Ruiz es el nuevo comandante del Comando de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar

En medio de una ceremonia militar se conocieron importantes cambios en unidades clave para el Ejército, como lo es el Comando de Combate de Inteligencia Militar. En esta unidad fue nombrado el general William Fernando Prieto Ruiz, quien venía de comandar la Tercera Brigada desde finales del año 2021.

“Con una ceremonia militar de transmisión de mando para su presentación y reconocimiento, asumió como nuevo comandante de la Tercera Brigada el coronel Julio Arturo Pinzón Gutiérrez, quien viene de desempeñarse como jefe de Estado Mayor del Comando Específico del Cauca (Cecau). El coronel Pinzón, con 27 años en la institución, recibe el mando del brigadier general William Fernando Prieto Ruiz, quien estuvo al frente de la Tercera Brigada desde finales del año 2021 y ahora asumirá el cargo como comandante del Comando de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar (Caimi)”, señaló el Ejército.

En su presentación como nuevo comandante, el coronel Pinzón dijo que buscará continuar cumpliendo con la misión de proteger a la población vallecaucana y salvaguardar el territorio, aportando al desarrollo en beneficio de las comunidades y trabajando coordinadamente con diversos sectores del departamento para lograr aportar a su seguridad.

Es de señalar que los cambios que se aproximan en las Fuerzas Militares se dan en medio de los bajos resultados que ha tenido el sector defensa para combatir delitos de alto impacto en el país, como quedó demostrado en unas de las más recientes portadas de SEMANA.

El ministro de Defensa le da la razón a la portada de SEMANA: “Estamos muy graves”, pero le echó la culpa al Ejército

“Estamos muy graves”, fueron las palabras que expresó el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, para reconocer la pobre acción del Ejército en la incautación de cocaína en varias regiones del país.

“Si en la Séptima División en los tres departamentos llevamos tonelada y media, estamos muy graves”, dijo el ministro Velásquez luego de encabezar una reunión con los gobernadores de Antioquia, Chocó y Córdoba.

Por eso el ministro le pidió al Ejército mayor compromiso para decomisar cocaína. “Lo digo y siempre en la observación: yo creo que un compromiso grande que debemos tener de parte de Fuerza Pública es este relacionado con la incautación de cocaína (...) entonces ver eso cómo se va a incrementar de manera sustancialmente, más frente a metas que son realmente ambiciosas como tener 834 toneladas de cocaína incautada durante este año por toda la Fuerza Pública”.

SEMANA reveló recientemente cifras en donde el decomiso de cocaína se desplomó en un 18 % entre el año pasado y este en el mismo período. Según cifras del Ministerio de Defensa, entre enero y mayo de 2022 se decomisaron 311 toneladas de cocaína, mientras que en ese mismo período de este año la cifra fue de 256, es decir, 55 menos.

Gobernadores y gremios dejaron mal parado al ministro de Defensa, Iván Velásquez, sobre situación de seguridad en el país

La situación de inseguridad en el país sigue siendo uno de los motivos de mayor preocupación por gobernadores, gremios y Defensoría del Pueblo. Frente al ministro de Defensa, Iván Velásquez, hicieron una dura radiografía de lo que está pasando en los territorios.

“Hemos presentado unas cifras que llaman especialmente la atención. Del universo de alertas tempranas que nosotros hemos emitido desde la Defensoría del Pueblo, el 75 % de esas recomendaciones, de los hechos que ahí se advierten para prevenir los riesgos, son consumados, de manera que para eso se requiere toda la atención y, sobre todo, la mejor disposición y articulación por parte de las entidades”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Por su parte, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, dijo que “la seguridad alimentaria de los colombianos se está viendo afectada porque se están viendo extorsiones, secuestros. En prácticamente todos los territorios rurales se requiere más presencia de la Fuerza Pública y que el Gobierno se sacuda. Si se destruye la seguridad en el territorio va a bajar la inversión, va a bajar el empleo y, sobre todo, nos preocupa lo que pueda pasar hacia adelante con la producción alimentaria en el país”.

A su vez, Claudia Calero, presidenta de Asocaña, manifestó lo siguiente: “Nosotros seguimos insistiendo en que debe llegar al territorio, al suroccidente colombiano específicamente, y en una gran proporción a ese norte del Cauca, seguridad y justicia. Vean ustedes, en el norte del Cauca, en lo corrido del año tenemos cinco trabajadores muertos, ocho heridos y un secuestrado, y a la fecha ninguna respuesta sobre a quién se le puede atribuir esta situación. En la zona hay zozobra, incertidumbre, hay impunidad y la impunidad trae más violencia”.

También quien se refirió a la situación de inseguridad en el país fue el gobernador del Caquetá, Arnulfo Gasca, quien indicó que “la situación del país es compleja y delicada en materia de orden público. En Caquetá tenemos un problema grave con cinco grupos al margen de la ley donde se ha venido incrementando el boleteo, la extorsión, la carnetización de los campesinos, los retenes ilegales, las diferentes situaciones que hacen cada día más difícil el vivir de nuestros campesinos”.

Sobre esta compleja situación y tras la suspensión del cese al fuego con las disidencias de las Farc de Iván Mordisco, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, reconoció que la Fuerza Pública está “en necesidad del reposicionamiento de las Fuerzas Militares, que es en lo que se viene adelantando para realizar efectivamente operaciones ofensivas y enfrentar al Estado Mayor Central en estas regiones, labores que están con seguras acciones que se llevarán a cabo. Habrá acción contra el Estado Mayor Central”.

Agregó que se debe recuperar el territorio donde hacen presencia las estructuras criminales con las que no hay cese. “De manera que esta acción es una nueva reacción que se viene fortaleciendo en otros territorios del país que permitirá efectivamente recuperar el territorio”.

De igual manera, el ministro reconoció que en algunas ciudades del país hay incrementos importantes de homicidios. Dijo que en Barrancabermeja se incrementó en más de un 100 % el homicidio, o en Sincelejo un 97 %. “Respecto de estas situaciones específicas y ciudades concretas, causas que estudia la Policía Nacional, se adelantará una campaña, una acción que permitirá fortalecer la acción”, dijo el ministro Velásquez.

Lea aquí la portada completa:

Iván Velásquez resultó ser un fiasco como ministro de Defensa y, de paso, la ineficaz política de seguridad del Gobierno Petro para llegar a la llamada ‘paz total’

El fracaso del funcionario en el cargo salta a la vista y su desconexión con la crítica situación de orden público que azota al país es cada vez más notoria. Este viernes, horas antes de su liberación, se atrevió a culpar a la sargento Ghislaine Karina Ramírez de haber sido secuestrada por el ELN junto con sus dos hijos, ambos menores de edad y uno de ellos autista. Velásquez habló de una “imprudencia” de la uniformada y, como si fuera poco, planteó que en todo caso se sabía “de la presencia del Ejército de Liberación Nacional” en esa zona del país.

Las palabras del ministro no solo revictimizaron a los secuestrados. También demostraron de qué lado está. Aunque después, ante la ola de críticas, trató de corregir con un trino, ya era tarde. Aquí lo cierto es que los criminales del ELN eran los únicos responsables del hecho y nada justifica el secuestro. Por el contrario, el Estado tiene que garantizar la seguridad en todo el territorio nacional, como ordena la Constitución. Es vergonzoso que un ministro de Defensa acepte públicamente que hay zonas donde los asesinos son dueños y hay que dejarles el espacio libre. Es como si le importaran más los derechos humanos de los delincuentes que los de los ciudadanos.

Cuando se desataba la tormenta por sus polémicas declaraciones, se conoció la noticia del regreso de los secuestros masivos al país como en el año 2000: esta vez, las víctimas fueron 19 trabajadores de la empresa KMA Construcciones en el Catatumbo. Con el ministro Velásquez, sin duda, Colombia ha retrocedido décadas en materia de seguridad.

El panorama es aterrador. Las masacres aumentaron 61,1 % entre el 7 de agosto de 2022, cuando Petro se posesionó, y el 5 de julio de 2023 en comparación con el Gobierno Duque en el mismo periodo entre 2021 y 2022. Las zonas más críticas son Norte de Santander, Arauca, Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico.

Lo del secuestro es escalofriante. Mientras que entre enero y mayo de 2022 hubo 55 registros, en el mismo periodo de 2023 fueron 144, es decir, un incremento del 162 % en ese delito. Pero no solo eso. De enero a junio de este año fueron asesinados 83 líderes sociales, según Indepaz. También aumentaron los hurtos a personas (16 %), las extorsiones (33 %), y hay datos escandalosos en la lucha contra el narcotráfico: la erradicación de cultivos ilícitos cayó 87 %, la incautación de cocaína se desplomó 18 %, la de heroína, 47 % y la de marihuana, 11 %. Los narcos están de fiesta, y puertos como Buenaventura son hoy un polvorín.

Velásquez ha sido un desastre como ministro de Defensa. Cuando llegó, no sabía nada del sector y, por lo visto, poco o nada ha aprendido. No hay que olvidar que, antes de ocupar el cargo, había sido un reconocido e histórico enemigo de las Fuerzas Armadas. No las conoce, no las entiende y no le importan. En lugar de liderar las tropas, pareciera que su misión ha sido atajar el accionar de estas a tal punto que, como ministro, ha sido más un obstáculo que les ha impedido cumplir con su deber constitucional de proteger a los colombianos. Ese apaciguamiento lo único que hace es envalentonar a los criminales.

Para nadie es un secreto que su primera acción fue barrer con unos 60 generales y almirantes, sobre los cuales quedó la mancha ante la opinión pública de que eran corruptos o violadores de derechos humanos. La inteligencia también está arrasada o, por lo menos, en sus 11 meses de gestión, pareciera haber hecho todo lo posible por desmantelarla. Varios de los mejores y más experimentados oficiales fueron llamados a calificar servicios o, simplemente, trasladados. Es como si se buscara menguar las fuerzas del Estado mientras se empoderan los grupos criminales.

Las grandes operaciones contra los llamados objetivos de alto valor se acabaron, al igual que los bombardeos. No hay duda: las disidencias de las Farc, el ELN, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y otros grupos armados ilegales se han fortalecido en el Gobierno Petro y andan como Pedro por su casa en los diferentes territorios y apoderados del negocio del narcotráfico. El cese al fuego bilateral, firmado casi a las doce de la noche del 31 de diciembre, más que disminuir la violencia, les ha permitido a los criminales tomar aire mientras las Fuerzas Armadas, humilladas, han tenido que hacer caso.

Una prueba de ello es que, después de asesinar policías, secuestrar a una sargento con sus dos hijos, activar un explosivo que dejó a varios uniformados heridos y sembrar el terror en Fortul, Arauca, con ráfagas de fusil, el presidente, sin expresar una sola palabra de solidaridad con las víctimas, firmó con sangre fría el decreto que dio vía libre al cese al fuego con el ELN.

El ministro de Defensa ha sido de todo menos un defensor de las Fuerzas Armadas y de sus intereses. Por ejemplo, su gestión fue mediocre ante la suspensión del pago de la mesada 14, lo cual afectará a los pensionados del sector y muy especialmente a los heridos en combate. Algo infame y que desmoraliza no solo a los retirados, sino también a los miembros activos de la fuerza pública. Otro grave problema es que el pie de fuerza ha disminuido en el país, así como su presupuesto. Ni qué decir de su capacidad operativa, que cada vez se ve más golpeada con el deterioro de la logística militar (modernización de equipos, mantenimiento y combustible). Para el ministro de Defensa, los uniformados no son héroes de la patria, son simples funcionarios. Así los llama constantemente.

Es un hecho: Velásquez ha logrado algo inimaginable y ha sido reducir y limitar la capacidad de respuesta de las Fuerzas Militares y de Policía, que estaban ranqueadas entre las mejores del mundo. Todo pareciera ser una estrategia deliberada para ambientar su proyecto de ‘paz total’, que requiere de un Estado arrodillado ante los criminales y dispuesto a darles lo que pidan.

Durante la administración de Velásquez también se han promovido intentonas de persecución contra generales de la cúpula del Gobierno Duque. Tanto es así que el comandante de las Fuerzas Militares, el general Hélder Giraldo, reconoció que, por orden del presidente Petro, se iniciaron indagaciones contra los excomandantes y generales (r) Eduardo Zapateiro y Luis Fernando Navarro por la muerte del narcoterrorista Jesús Santrich en territorio venezolano.

Por alguna razón, de Velásquez no hay muy buenos recuerdos en la Corte Suprema de Justicia cuando fue magistrado auxiliar. De Guatemala fue expulsado, acusado de impartir una justicia tipo show e ideologizada. Allí fue calificado como un perseguidor por sus presuntas extralimitaciones en la lucha contra la corrupción. Hay quienes dicen que su objetivo real es ser el próximo fiscal general de la nación, aunque se tendrían que cambiar los requisitos para poderlo elegir.

Por ahora, mientras sea ministro de Defensa, los ciudadanos vivirán cada día más inseguros, y las Fuerzas Armadas tendrán en él a un malqueriente camuflado que les da órdenes, las desprecia y las mantiene amedrentadas y maniatadas. Por otra parte, con el país en llamas, no hay garantías para las elecciones de octubre, algo con lo que ni se inmuta el ministro. La mayoría de gobernadores y alcaldes aseguran que están solos y que Velásquez no les pasa ni al teléfono. Está claro que el cargo le quedó grande. Bien decía Winston Churchill, el legendario primer ministro británico que derrotó a Hitler en la Segunda Guerra Mundial: “Un apaciguador es aquel que alimenta a un cocodrilo con la esperanza de que él sea el último en ser comido”.