Atención: en medio de ataques, indígenas del Cauca inician Minga para erradicar los cultivos ilícitos

El terror que generan las disidencias se ha esparcido con más saña en el Cauca. Allí, las comunidades indígenas han sufrido quizás una de las peores violaciones a sus derechos humanos de su historia, en apenas el último año. La última víctima fatal que tuvo la lucha criminal de esos grupos por mover allí el negocio de la coca fue Sandra Liliana Peña. La joven líder del resguardo La Laguna Siberia fue asesinada sin piedad en Caldono (Cauca). Su muerte promete significar un punto de quiebre en esa guerra sin cuartel que se vive en el departamento.

Los 127 pueblos del Cauca se han reunido en una Asamblea Extraordinaria. Una de las conclusiones es que harán una minga permanente en Caldono para erradicar todos los cultivos ilícitos. “Control territorial, algunos lo llaman erradicación”, aseguró Hermes Pete, vocero del Cric, este miércoles en Caldono. “En memoria de nuestra compañera, se va hacer el control. No le vamos a dar fecha, ni idea. Solo los invitamos a que se coloquen las botas y saquen sus peinillas, porque se prendió la minga hacia adentro”.

El mensaje del gobernador carga un profundo dolor y un enorme deseo por poner las cosas en su sitio. Disidencias como la Dagoberto Ramos han ocupado territorios indígenas para expandir el negocio de la droga. La gobernadora Sandra Liliana se opuso con vehemencia y pagó con su vida esa acción.

Este jueves se presentaron duros enfrentamientos entre cocaleros y los indígenas en lugares de Caldono como el caimito y socorro pescador. La comunidad denuncia que hay siete heridos, entre ellos el hermano del gobernador de San Lorenzo. En un video, Hermes Pete, vocero del Cric, aseguró que “hubo disparos, huyeron, pero seguiremos avanzando con la Minga”.

¿Quién es la Dagoberto Ramos?

La columna disidente Dagoberto Ramos, que opera en el norte del Cauca, recibe órdenes de Gentil Duarte, el peligroso exlíder guerrillero que ahora es el máximo jefe del Comando Organizador de Occidente. Se le atribuye la muerte de la gobernadora indígena. La Dagoberto, al igual que otras cuatro disidencias, hace parte del Comando Organizador de Occidente.

En el Cauca, la columna disidente Dagoberto Ramos no posee puntos medios. No dialogan: tienen aliados o enemigos, y su conversación se remite exclusivamente a las ráfagas de fusil, secuestros, asesinatos en vía pública y torturas. Las palabras no forman parte de su ADN.

El secuestro –y posterior asesinato– del funcionario del CTI Mario Fernando Herrera el viernes pasado y el carrobomba en las narices de la Alcaldía de Corinto, norte del departamento, son solo una pequeña muestra de su poder criminal. Ese día desfilaron uniformados por el municipio, como si la vida de todos les perteneciera.

Hicieron retenes en la vía que comunica con Caloto y secuestraron al investigador en el corregimiento El Palo, zona plana y una de las carreteras más transitadas en –paradójicamente– uno de los departamentos más militarizados de Colombia.

La Dagoberto Ramos fue una de las primeras disidencias de las Farc que apareció en el Cauca tras la firma del acuerdo de paz en 2016. Las autoridades dicen que excombatientes de esa organización que nunca se acogieron al proceso se reunieron en zona rural de Corinto y decidieron crear una nueva estructura criminal. Para ese entonces, era de apenas unos 20 hombres armados; hoy, la Dagoberto Ramos podría superar los 1.000 integrantes en sus filas.

Como la mayoría de disidencias, no tienen una línea de mando clara. No hay un cabecilla visible, sino criminales con armas largas y cortas capaces de cualquier cosa para mantener a flote el negocio del narcotráfico. Inteligencia militar asegura que quien comanda esta columna en terreno responde por el alias de Orejas, pero hasta el momento no hay información precisa sobre el despiadado disidente.

El centro de operaciones de la Dagoberto Ramos son los municipios Miranda, Toribío, Caloto y Corinto, lo que las autoridades llaman ‘el triángulo de la marihuana’. Allí, los cultivos ilegales están casi al pie de la vía principal, a la vista de todos. No se oculta nada, ni los sembradíos ilegales ni los retenes ilegales –como pescas milagrosas–, a escasos cinco minutos de los centros poblados.

El trabajo de las disidencias es cuidar que todo salga bien para los negocios turbios. Custodiar los laboratorios donde se produce la marihuana creepy, acompañar el cargamento hasta la salida al Pacífico caucano por la región de El Naya y entregar gramo por gramo a emisarios de carteles mexicanos. Así funciona el asunto.

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Pero para abrirse paso en el mundo criminal, la Dagoberto Ramos libró inicialmente una violenta guerra con la disidencia Jaime Martínez, al mando de Johany Noscué, alias Mayimbú, por quien las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos.

Ambas estructuras operan en el norte del Cauca: la Dagoberto tiene el nororiente, y la Jaime Martínez, el noroccidente, principalmente la salida al Naya por la zona rural de Suárez. La frontera invisible que separa a ambas columnas es la vía Panamericana. Entre 2016 y 2019, cuando los territorios no estaban repartidos, fueron arrojados en vías del norte del Cauca más de 150 cuerpos con señales de torturas, amarrados y en bolsas negras. Cada cadáver tenía un mensaje: “Lo matamos por ser un sapo de la Jaime Martínez”, decían algunos.

En el Cauca apenas espabilaban con la nueva confrontación que se les venía cuesta arriba. En medio de combates y asesinatos selectivos quedó la comunidad y la guardia indígena, que intentó hacer control territorial tras la salida de las extintas Farc.

Los indígenas creyeron que podrían entablar un diálogo directo con la Dagoberto Ramos, así como lo hicieron con el frente primero o el frente sexto, que operaban en las montañas del norte del Cauca; sin embargo, no fue posible. Uno a uno, guardias, comuneros y gobernadores indígenas cayeron asesinados. Según datos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), desde 2016 a la fecha, la Dagoberto Ramos es la principal responsable del homicidio de más de 200 comuneros indígenas.

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Uno de los crímenes más sonados fue el de la gobernadora Cristina Bautista y cinco guardias más en zona rural de Toribío el 29 de octubre de 2019. Para esa fecha los indígenas ya se habían dado cuenta del poder criminal de la Dagoberto Ramos y quisieron llamar la atención del país en una gigantesca minga.

En ese evento, la gobernadora Cristina Bautista tomó el micrófono y dijo ante la multitud: “Si hablamos nos matan, y si callamos también; entonces hablamos”, sus palabras fueron respondidas con un grito de euforia por los asistentes. La minga no sirvió de mucho.

El Gobierno envió delegados, hicieron un par de acuerdos, pero el asunto no trascendió de unas cuantas firmas en un extenso documento. Días después mataron a la gobernadora en zona rural de Tacueyó, corregimiento de Toribío.

La asesinaron con ráfagas de fusil en el momento en que impedía que hombres de la Dagoberto Ramos se llevaran reclutados a dos jovencitos menores de edad. La guardia indígena los interceptó en el camino, detuvo el vehículo, bajó a las víctimas y retuvo a dos disidentes; mientras decidían qué hacer con ellos les dispararon desde la montaña. La gobernadora Bautista recibió los primeros impactos, luego hirieron a diez comuneros más; cinco de ellos murieron en el lugar y otros se arrastraron hasta caer a un barranco de más de 20 metros.

Al otro día, a la vez que la Fiscalía realizaba los actos urgentes, los disidentes llegaron a la escena del crimen y quemaron la camioneta blindada de unos líderes indígenas sobrevivientes del ataque. El vehículo tenía al menos 50 impactos de balas, y lo quemaron a plena luz del día, sin ningún tipo de vergüenza o arrepentimiento.

La Dagoberto Ramos no es una disidencia cualquiera; sus hombres actúan imitando escenas de terror propias de carteles mexicanos. Ese terror se ha ensañado más con las comunidades indígenas del Cauca que han querido cuidar su territorio.