Atención: Estados Unidos sanciona al exgeneral Jesús Arias Cabrales por su papel en la toma del Palacio de Justicia

Estados Unidos prohibió este viernes, 24 de noviembre, la entrada al país del general retirado del Ejército Nacional Jesús Armando Arias Cabrales, quien estuvo implicado en la desaparición de seis personas durante el operativo para recuperar el control del Palacio de Justicia, tomado en noviembre de 1985 por la ya desaparecida guerrilla M-19.

El Departamento de Estado estadounidense señaló que Arias Cabrales participó “en una grave violación de los Derechos Humanos” durante aquellos hechos, ocurridos en Bogotá y por los que fue condenado a 35 años de prisión en Colombia.

Además de Arias Cabrales, han sido incluidos en la lista negra de Estados Unidos su esposa Martha Paulina Isaza de Arias y sus hijos, Francisco Armando Arias Isaza y Martha Lucia Arias Isaza.

“Estados Unidos apoya firmemente el acuerdo de paz de 2016 de Colombia y se suma al pueblo colombiano en la conmemoración de su séptimo aniversario. Estados Unidos felicita a Colombia por este aniversario y valoramos sus continuos logros hasta el momento”, señala el comunicado del Departamento de Estado.

La operación militar dejó un centenar de muertos, entre ellos una docena de jueces del Tribunal Supremo, así como seis guerrilleros desaparecidos. En mayo de 2020, fue puesto en libertad condicional tras someterse a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), organismo del que ha sido expulsado en agosto por no colaborar.

La JEP es el tribunal especial surgido tras los acuerdos de paz de La Habana para juzgar a quienes participaron (guerrilleros, efectivos de la fuerza pública y terceros civiles colaboradores) en el conflicto interno colombiano.

Arias Cabrales y su papel en la JEP

Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Brigada XIII del Ejército Nacional durante la toma del M-19 al Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985, quedó expulsado definitivamente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el pasado 28 de agosto.

Fue la Sección de Apelación la que ratificó la noticia de su salida, ya que consideró que no entregó información nueva e incumplió con el compromiso de aportar información a la verdad frente al caso de los desaparecidos.

La Sala determinó que en sus sesiones el general en retiro negó la existencia de las desapariciones forzadas y posterior ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán Rojas.

Esto pese a la evidencia que demuestra que salió herido, pero con vida, del Palacio de Justicia, en la tarde del 7 de noviembre bajo la custodia de agentes de la fuerza pública. Sin embargo, su cuerpo apareció en el primer piso del Palacio.

Recientemente, el general en retiro se refirió a la condena que está pagando por desaparición forzosa durante aquel trágico episodio. En entrevista exclusiva con Vicky Dávila, directora de SEMANA, el general Arias reveló sus sentimientos y emociones, y manifestó su determinación de preferir morir en prisión antes que confesar algo que no cometió.

Por no tener voluntad para aportar a la verdad, la Procuraduría General le solicitó a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que expulsen al mayor en retiro Óscar William Vásquez Rodríguez y el sargento (r) Gustavo Arévalo Moreno del proceso que se adelante por los desaparecidos del Palacio de Justicia durante la operación de recuperación, los días 6 y 7 de noviembre de 1985.

En marzo pasado, la JEP expulsó al excomandante de la Brigada XIII del Ejército, general en retiro, Jesús Armando Arias Cabrales, por no realizar aportes plenos, exhaustivos, francos y detallados sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.

Para la sala, “el general (r) Arias Cabrales desconoció la razón de ser de la construcción de la verdad en la JEP”. Señala el tribunal que Arias Cabrales pasó por alto que la justicia ordinaria ya lo condenó como coautor de la conducta de desaparición forzada, pues su “aporte fue esencial y definitivo a la ejecución del comportamiento”. Pese a las advertencias de la sala durante la diligencia judicial de enero pasado, el general (r) revivió asuntos que no tienen discusión.