Atención | Fiscalía abre investigación por presuntos hechos de corrupción en la Universidad Militar

Un documento se convirtió en una denuncia formal por presuntos hechos de corrupción en la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá. Se trata de una información que fue presentada ante la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación para que se indague en la supuesta comisión de hechos delictivos en esta institución académica, que en las últimas semanas apareció en titulares de prensa.

La denuncia advierte una serie de nombramientos en la institución sin el lleno de los requisitos legales, de ahí la necesidad de exigirles a los organismos de control una vigilancia sobre las decisiones que en materia de contratación se tomaron en la Universidad y de esta manera establecer las presuntas responsabilidades.

La denuncia en la Fiscalía se convirtió ya en una investigación formal y vincula, de acuerdo con el sistema y las bases de datos del ente acusador, a quien hoy es el rector de la Universidad, el general en retiro Luis Fernando Torres.

“Para reforzar lo que se denuncia ante su despacho, me permito adjuntar las comunicaciones provenientes de la agremiación sindical EX ASPU-UMNG, alusivas a sus voces de inconformidad respecto de los actuales directivos de la Universidad Militar Nueva Granada, demostrando su claro descontento e inconformidad con lo que sucede al interior de la Universidad Militar Nueva Granada”, advierte la denuncia en poder de SEMANA.

El documento contiene una serie de archivos adjuntos en los que se fija el material probatorio como evidencia para la investigación que ahora está en poder de la Fiscalía, con el detalle de las denuncias y los posibles responsables de lo que llamaron el “desmantelamiento” de las unidades administrativas en la Universidad. Son los sindicatos los que dejaron sentadas las bases de la denuncia.

“Varios han sido los actos administrativos de nombramiento en provisionalidad y en encargo que se han expedido en la Universidad Militar Nueva Granada por el señor rector, existiendo lista de elegibles sin acudir a ella o no habiendo realizado la oferta interna a los empleados de carrera, cuando la vacante es definitiva; se han emitido actos administrativos, mediante los cuales, sin respetar la normatividad, se ha promovido a otros servidores públicos”, advirtieron los denunciantes.

Lo que advierten los denunciantes, y que quedó consignado en el documento radicado ante la Procuraduría y la Fiscalía, es que las directivas de la Universidad tomaron determinaciones desconociendo hechos fundamentales para los funcionarios de la institución y hasta “induciendo a las renuncias” para ubicar otras personas en los cargos, tras advertir que no podían crear nuevas plazas.

“Se ha hecho uso abusivo de la facultad nominadora, en cuanto a la potestad de libre nombramiento y remoción, por ejemplo, uno de los casos emblemáticos en la Universidad Militar Nueva Granada, en el que bajo la figura de la renuncia inducida fue desvinculado el doctor Santiago Rafael Torres, jefe de la División Financiera, quien luego de más de 35 años de servicios a la Universidad, se le desvinculó, sin tener aún reconocimiento al derecho de disfrutar de una pensión de jubilación”, reseña la denuncia en poder de SEMANA.

Los sindicatos también le piden a la Fiscalía y a la Procuraduría adelantar investigaciones por los contratos de prestación de servicio, incluso de arriendo de edificaciones que no están siendo utilizadas o que se usan para un fin diferente al que se argumenta en los contratos de arrendamiento. Son hechos, en criterio de los denunciantes, constitutivos de delito y que requieren de una investigación formal de parte de los entes de control.

“Se investigue profundamente, los gastos realizados en la Universidad Militar Nueva Granada, tanto en el despacho del señor rector, como en la Vicerrectoría del Campus Nueva Granada, ubicada en Cajicá, en una y otra dependencia se han realizado gastos que no se compadecen con el cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad Militar Nueva Granada”, señalan los denunciantes.

La denuncia ya está en poder de un fiscal de la seccional de Bogotá, aunque fuentes del ente acusador aseguraron que habrá una reasignación a la Unidad contra la Corrupción de la Fiscalía, con el propósito de que sean fiscales especializados los encargados de establecer la comisión de delitos.