Atención: Fiscalía anuncia apertura de investigación por denuncia de chuzadas en la Corte Constitucional

Tras el escándalo que suscitó la denuncia de presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales a uno de los despachos de magistrados de la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de la respectiva investigación, la cual estará a cargo de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema.

La propia fiscal general, Luz Adriana Camargo, ordenó iniciar la investigación de manera inmediata y dispuso de todos los recursos al alcance de la entidad, para avanzar con celeridad y rigor para establecer los alcances y el impacto de la situación denunciada el pasado miércoles.

La reacción de la Fiscalía General de la Nación se da unos días después de recibir una carta de manos del propio presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, en la que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar denuncia cómo él y su esposa están siendo víctimas de persecución por parte de organismos de inteligencia del Estado, las cuales incluyen interceptaciones telefónicas, seguimientos y perfilamientos.

Las alarmas se encendieron hace unos días, cuando un mensaje de un estado de WhatsApp se viralizó. Allí decía: “Me permito informar que este teléfono y este chat han sido intervenidos ilegalmente por los órganos de inteligencia del Estado”.

Este viernes, en la Fiscalía le confirmaron a SEMANA que dicho mensaje salió del teléfono celular del propio Ibáñez Najar, quien a través de la corporación de justicia hizo llegar su denuncia en una carta a la fiscal general de la nación para su respectiva investigación.

La carta, de dos páginas, tiene fecha del pasado 14 de junio bajo el asunto “situación irregular”. Allí, el magistrado Ibáñez le reportó al presidente de la Corte Constitucional que desde hace varios meses viene siendo intervenidas sus comunicaciones, especialmente el teléfono celular.

“He llegado a la conclusión que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos de la ley estatutaria de inteligencia y contrainteligencia (uno de los cuales opera en la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Inteligencia), en coordinación con la Dian y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Uiaf)”, señaló.

Sin embargo, Ibáñez fue más allá: “También he verificado que han sido intervenidas las comunicaciones de los magistrados auxiliares que trabajan en mi despacho (...). Es una situación absolutamente irregular y arbitraria de la cual somos víctimas (...) y no descarto que esa misma actuación se pueda estar dando en relación con otros magistrados de la Corte Constitucional”.

Ibáñez también puso de presente que, hace aproximadamente dos meses, funcionarios de monitoreo y analítica “adscritos a la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República” han hecho “seguimientos con fines de perfilamiento” a su esposa.

SEMANA buscó al magistrado Ibáñez, pero su respuesta fue categórica. Dijo que no se pronunciará sobre el tema porque “supone que se trata de una investigación reservada que está en manos de la Fiscalía”.

La alerta por estos posibles seguimientos y chuzadas no es solo entre los magistrados de la Corte Constitucional. SEMANA contactó a varios magistrados en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la JEP, que expresaron que varios de ellos se sienten “inseguros y presionados” por el Gobierno Petro.