Fiscalía imputará cargos contra gobernador Carlos Caicedo por presuntas irregularidades en contratos millonarios. Solicitará casa por cárcel

Operación Robo de Magdalena se llama la investigación con la que durante meses un equipo especial de la Fiscalía se puso a la tarea de examinar con lupa la contracción de más de seis años, entre 2013 y 2019, de la Gobernación del Magdalena. Fueron rastreadas millonarias irregularidades en contratos que hoy ponen como eventuales acusados de un presunto millonario detrimento patrimonial, al actual mandatario departamental, Carlos Caicedo, y sus antecesores, Luis Miguel Cotes y Rosa Cotes de Zúñiga.

Se trata un hallazgo gigantesco, son cinco contratos que tienen que ver con una de las más importantes carreteras de la región conocida La Vía de la Prosperidad, y otros dos, no menos delicados, que deberían haber sido entregados a niños de la región, como el Centro de Desarrollo Infantil, ludotecas y hasta un coliseo.

“En ese sentido, se priorizó el caso investigativo denominado Robo de Magdalena, que permitió obtener suficientes pruebas y evidencias que dan cuenta de que en ese departamento habrían sido orientados de manera ‘caprichosa’, por lo menos, cinco contratos que superaron en valor los $ 457.670′682.703″, advierte la Fiscalía

Adicionalmente, se identificaron irregularidades administrativas, incumplimientos en la ejecución de obras civiles y de infraestructura; y sobrecostos o desembolsos injustificados que representan probable peculado de algo más de 74.788 millones de pesos.

Se trata de un megagolpe a la corrupción en el departamento del Magdalena, o por lo menos así lo considera la unidad de Fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, que presentará un robusto arsenal de pruebas, evidencias, documentos, testimonios, transacciones, y trazabilidad y videos recogidos durante meses, con los cuales argumentará la imputación contra los tres gobernadores.

En el caso del actual gobernador, Carlos Caicedo, la Fiscalía solicitará de forma preventiva una medida de detención domiciliaria, porque en su condición de mandatario en ejercicio podría intervenir en las investigaciones, y afectar los resultados de las pesquisas judiciales.

“En ese sentido, la medida de aseguramiento es necesaria para conjurar el riesgo de reiteración de conductas similares, en el entendido de que el indiciado es gobernador actual y, por tanto, jefe administrativo y contractual, y principal ordenador del gasto público”, justificó la Fiscalía.

Los tres contratos de Caicedo

La primera gran obra en la que la situación jurídica se le puede complicar al gobernador Caicedo es la construcción de una megabiblioteca en el colegio San Pedro Alejandrino, donde se presentaron posibles falsedades documentales, y varias inconsistencias en el trámite y celebración de un contrato de obra, del 30 de diciembre de 2014.

Señala la Fiscalía que en la investigación se determinó que el proyecto fijó un valor inicial de 10.044 millones de pesos, pero recibió adiciones por encima de los 5.000 millones de pesos. Con este contrato pasó algo resulta insólito, se estableció que el plazo previsto para la construcción era de cinco meses y terminó ampliándose a tres años”.

La Fiscalía imputará a Caicedo los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

Pero la lista sigue, y nuevamente los principales afectados siguen siendo los niños. Esta vez el monto del contrato era de 6.964 millones, para la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y ludotecas en el barrio Ciudad Equidad y el corregimiento Bonda, en Santa Marta. Los sobrecostos habrían superado los 979 millones de pesos.

Se trata de un contrato suscrito el 1 de abril de 2015, en el cual además se encontró que no ha sido liquidado y las obras, al parecer, fueron suspendidas en 2018. En las verificaciones que hizo la Fiscalía, se conoció que se reanudaron a finales de diciembre de 2022.

En este frente investigativo, el exalcalde y actual gobernador de Magdalena será imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público agravada.

Caicedo también será imputado, esta vez, por presuntas irregularidades en obras cuando fue alcalde de Santa Marta. Se trata de la esperada adecuación del Coliseo Gaira, que ya debió haber quedado terminada.

No ocurrió así y, por el contrario, “el millonario contrato suscrito el 28 de octubre de 2015, por un valor de 2.682 millones de pesos, y cuyo objeto era la adecuación del Coliseo de Gaira. En la investigación fueron detectados posibles sobrecostos por 700 millones de pesos y se constató que, trascurridos más de siete años, el escenario no ha sido entregado en condiciones adecuadas, se encontraría en deterioro e inutilización”.

Por este “elefante blanco” que está registrado en videos y fotografías que se convirtieron en pruebas, se ve el Coliseo prácticamente cayéndose, los pisos rotos, la maleza tomándose el escenario, y sin condiciones para su uso.

Vía de la Prosperidad

En este caso la suma del presupuesto comprometido es gigantesca. Se trata de una obra con supuestas anomalías como incrementos patrimoniales sin sustento, y posibles anomalías en los estudios previos y la estructuración del presupuesto, por más 432 mil millones de pesos, para el mejoramiento de la vía Palermo-Sitionuevo, Remolino-Guáimaro, en el departamento.

En este caso, al ver los videos recolectados como pruebas, es evidente que la vía no hace honor a su nombre, en lugar de evocar la Prosperidad, se ven tramos prácticamente parecen trochas, sin intervención ni señalización alguna, lo que además se convierte en un peligro para quienes la transitan.

Posteriormente, la sucesora, Rosa Cotes de Zúñiga, celebró varias adiciones al contrato original entre septiembre de 2017 y octubre de 2019, que representaron más recursos para el constructor.

Las actuaciones de los dos exmandatarios habrían generado al departamento millonarias pérdidas económicas que configurarían un peculado que asciende a más de 73.109 millones de pesos.

Finalmente, está acreditado que la denominada Vía de la Prosperidad pasó de ser un corredor de 52 kilómetros a un proyecto de apenas 18 kilómetros. Es decir, se ejecutó el 34 % de lo planeado. Por lo anterior, los dos exmandatarios de Magdalena serán imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, ambas conductas agravadas.

Acuerdos para entregar millonarios contratos

En el caso de la exgobernadora Rosa María Cotes, de forma particular, la Fiscalía encontró que tramitó y celebró tres contratos presuntamente irregulares para la implementación de las normas internacionales de contabilidad, por valor de 1.023 millones de pesos.

Según las pruebas recogidas por la Fiscalía y que serán parte de la imputación, este contrato se realizó de manera directa y sin concurso de méritos, como obliga la norma de contratación.

Además, la empresa a le que se le adjudicó este contrato a dedo, se habría apartado del objeto definido y se limitó a realizar una consultoría. La exmandataria será imputada por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.