Nación
Atención: Fiscalía solicita medida de aseguramiento contra Olmedo López y Sneyder Pinilla por escándalo de corrupción en la UNGRD
La defensa de los exdirectivos pidió que su sitio de reclusión sea una guarnición militar. La decisión será del juez.
Casi nunca un procesado, en una investigación penal, insiste en una medida de aseguramiento en su contra, pues esto fue justamente lo que hicieron Sneyder Pinilla y Olmedo López, los dos exdirectivos de la Unidad para la gestión del Riesgo (UNGRD) imputados por un millonario escándalo de corrupción.
La Fiscalía hará la solicitud formal de una medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de los dos exfuncionarios y del contratista de la entidad, Luis Eduardo López. Será una audiencia ante un juez de control de garantías, donde presentarán los elementos de prueba para argumentar la necesidad de mantener detenidos a los exdirectivos.
Previamente, el ente acusador hizo la imputación de cargos en contra de los funcionarios y el contratista advirtiendo que todos integraron una “empresa criminal” que nació en la UNGRD y que se apoyó con altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Pedro, todo con el ánimo de direccionar los contratos y elegir a dedo los contratistas.
“Otros servidores públicos y contratistas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y otros particulares entre los cuales tenemos al señor Luis Eduardo López Rosero, empresario, contratista, representante legal de la empresa Luquet S.A.S, y que, por interpuesta persona, dirigía y controlaba materialmente más de 30 empresas”, afirmó el ente acusador.
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Entre los salpicados aparece el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de quien, según la Fiscalía, se logró establecer su presunta responsabilidad en la coordinación de los contratos que salían de la entidad y los contratistas que se ganaban los millonarios proyectos.
“Usted, señor Olmedo, coordinó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Sneyder Pinilla el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Córdoba, Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar, Bolívar, en los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la República”, señaló la Fiscalía.
Durante la imputación de cargos también apareció el nombre de Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia y también de la Dirección Nacional de Inteligencia. Según la Fiscalía, el direccionamiento de los contratos y la entrega de sobornos, fueron instrucciones de este alto funcionario y amigo del presidente Gustavo Petro.
“La entrega de 1.000 millones de pesos directamente al presidente de la Cámara, Andrés David Calle, conforme con las instrucciones que le dio Carlos Ramón González, quien para ese momento se desempeñaba como director del Departamento de la Presidencia de la República (Dapre)”, dijo la fiscal en la imputación.
Con la imputación hecha, la Fiscalía advirtió que lo único pendiente era argumentar la solicitud de medida de aseguramiento privativa de la libertad, que el juez fijo para este miércoles 7 de agosto, día festivo, y cuando justamente el presidente Gustavo Pedro celebra la mitad de su mandato. Será en esta audiencia donde se conocerá el material probatorio que se tiene en contra de los vinculados.
