Atención: Fiscalía suspendió órdenes de captura contra ocho disidentes de las Farc por solicitud del Gobierno Petro

La Fiscalía General de la Nación suspendió varias órdenes de captura contra disidentes de las Farc. SEMANA conoció la resolución emitida en las últimas horas por el ente acusador. Se trata de los guerrilleros que, por solicitud del presidente Gustavo Petro, representarán a ese grupo armado en la mesa de diálogos con el Gobierno nacional como gestores de paz.

Entre los beneficiados con esta decisión están Alexander Farfán Suárez, conocido como alias Gafas, y Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey, autor del atentado contra el entonces presidente Iván Duque en 2021 y hombre cercano a alias John Mechas, cabecilla del frente 33 de las disidencias de las Farc.

También fueron suspendidas las órdenes de captura que pesaban contra Leidy Tatiana Rojas, conocida con el alias de Ángela, integrante del frente Adán Izquierdo; Óscar Ojeda; Adolfo Ballesteros Fernández, alias José Tomás Ojeda, Jaime Muñoz Dorado, conocido como Sebastián, cercano al abatido Wilson González, alias Mayimbú.

Fueron las mismas disidencias de las Farc las que eligieron a los guerrilleros que participarán en los diálogos de paz en el marco de la denominada ‘paz total’.

El Gobierno señaló, a través de un documento en el que se les reconoce como como representantes en la mesa de diálogos, que la determinación está “dirigida a obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del derecho internacional humanitario, el respeto a los derechos humanos, el cese de hostilidades y el pacto de acuerdos de paz tendientes a facilitar el desarme y la desmovilización del autodenominado Estado Mayor Central de las FARC-EP”.

La resolución aclara que en el caso de Alexander Farfán Suárez, calias Gafas, quien se se encuentra privado de la libertad en un centro de reclusión, la suspensión de la orden de captura no implica la revocatoria ni sustitución de ninguna medida de aseguramiento, la concesión de ningún subrogado penal ni, en general, el decreto de libertades bajo ninguna figura prevista en la ley.

Alias gafas, que fue detenido en la histórica operación Jaque, registrada el 4 de julio de 2008, fue el encargado durante años de “vigilar” a la candidata presidencial Ingrid Betancourt, a los tres contratistas estadounidenses y a varios militares que estaban en poder de ese grupo subversivo y eran utilizados como moneda de cambio para presionar un intercambio humanitario.

Pese a que Gafas suscribió un acta de sometimiento ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y participó en algunas diligencias ante ese tribunal, habría vuelto a delinquir y por eso actualmente está recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, desde el pasado 28 de diciembre de 2022, por tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares.

A comienzos de este mes, la Fiscalía también levantó las órdenes de captura que estaban vigentes contra otro grupo de guerrilleros. Se trata de Luis Carlos Pinilla Cortez, Renzo Alirio Martínez, Robinson de Jesús González, Ramiro Pinzón Novoa y Walter Freddy Ruiz Montaño, a quienes la Fiscalía, atendiendo la solicitud del presidente Petro, para que también funjan como representantes durante un periodo de tiempo determinado para avanzar en los propósitos de las negociaciones de paz.

¿En qué va la ‘paz total’?

La Corte Constitucional decidió inhibirse de estudiar la demanda del abogado Jorge Enrique Pava en contra de la ley de ‘paz total’. Tras discutir por varias horas la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien advertía que la ley tuvo varios vicios durante su trámite en el Congreso de la República, la sala plena de la Corte Constitucional determinó que ninguno de los cargos formulados en la demanda cumple con los requisitos para ser admitida.

Sin embargo, en el Alto Tribunal cursan otras ocho demandas contra esta ley, la 2272 de 2022, que faculta al presidente Gustavo Petro para negociar con grupos ilegales.

La Corte llevará a cabo una audiencia pública para revisar los argumentos de estas demandas que fueron acumuladas para su estudio en el alto tribunal contra esta ley que faculta al presidente de la República para que adelante diálogos y negociaciones con grupos armados ilegales.

De las ocho demandas que cursan actualmente contra la ley de ‘paz total’, cuatro fueron formuladas por congresistas de los partidos de oposición. Una es del senador Miguel Uribe, otra de la senadora Paloma Valencia, la otras demandas son de los representantes José Jaime Uscátegui y Carlos Fernando Motoa.