Atención: Gobierno Petro ya presentó la denuncia penal contra Viva Air ante la Fiscalía. Estos son los detalles

Tal como lo había anunciado, el Ministerio de Transporte, a la cabeza del jefe de cartera, Guillermo Reyes, interpuso una denuncia penal contra Fast Colombia S.A.S., empresa conocida como Viva Air.

Posteriormente, Reyes estuvo afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación atendiendo a una rueda de prensa, brindando detalles sobre el trámite realizado.

Por medio de un comunicado de prensa, MinTransporte le confirmó a la opinión pública que interpuso formalmente la denuncia contra Viva Air. En primer lugar, el documento señala que esta medida es una consecuencia del cierre de operaciones de la aerolínea, lo cual también ha conllevado a traumatismos y perjuicios a los usuarios.

La denuncia fue por el cargo de presunta comisión de los delitos de presunta estafa agravada en modalidad en masa, y ofrecimiento engañoso de productos y servicios. Adicionalmente, el Ministerio expuso los argumentos que respaldan su postura.

El primer punto afirma que la aerolínea recaudó antes del cese de operaciones del 27 de febrero una suma de 273 mil millones de pesos, representados en la venta de tiquetes aéreos, tiqueteras y la recepción de pagos de diversas agencias de viajes. Además, señalan que la cifra se ha mantenido en ascenso desde ese momento.

Sumado a ello, el documento sostiene que la aerolínea mantuvo abiertos los canales comerciales para la venta de sus servicios hasta horas antes que se declarara el cese de operaciones, lo cual evidenciaría dolo por parte de la compañía. El tercer argumento del Gobierno parte de que la empresa sabía con antelación que no podía cumplirle a sus usuarios, pero hizo caso omiso y siguió generándole falsas esperanzas a los viajeros con vuelos que no se podían materializar.

Además de este contexto, también se plantea que, hasta la fecha de la radicación de la denuncia, Viva Air no ha realizado el respectivo reembolso a los afectados, siendo una vulneración al patrimonio económico de los ciudadanos con la no prestación del servicio.

“Esta actuación desplegada por VIVA generó la afectación al derecho fundamental de locomoción de miles de colombianos y obedeció, presuntamente, a presiones indebidas frente a las autoridades administrativas para acelerar la decisión respecto del trámite de integración con otra aerolínea solicitada meses atrás”, reveló el documento.

Por último, el Gobierno afirma que se debe velar por la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos, por lo que el debido proceso debe poner a consideración las actuaciones administrativas que presuntamente ha realizado la aerolínea. Finalmente, indicó que confían que la Fiscalía General de la Nación, bajo su rol como titular de la acción penal y en el marco de sus competencias constitucionales, será el ente encargado de revisar las conductas denunciadas para evidenciar si cumplen con las condiciones para ser catalogada como delito y, posteriormente, ser puestas a consideración ante la justicia.

Luego de interponer la denuncia, el jefe de cartera estuvo afuera de la Fiscalía declarando ante los medios de comunicación. En primer lugar, calificó la decisión como un hito en el sector de transporte, debido a que no se había visto algo de esta índole. “Nos indigna lo que ocurrió, porque se traiciona y violenta con los derechos de los usuarios”, manifestó Reyes.

Además, dio un parte de tranquilidad al afirmar que 12 mil pasajeros afectados ya habían sido ayudados por parte de la Aeronáutica Civil y otras empresas aéreas. Sumado a ello, indicó que, tras el control político que tuvo la semana pasada ante el Congreso, se decidió poner oficinas de la Superintendencia de Transporte y de Industria y Comercio en los principales aeropuertos, para que los usuarios se dirijan allí para exponer sus situaciones.