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Atención | Gobierno pide al Comité Nacional del Paro cambios en el preacuerdo de garantías del derecho a la protesta
Dos miembros del comité fueron citados por los voceros del Gobierno, pero no con las intenciones esperadas por ellos. La refrendación del preacuerdo es el paso necesario para que comience la negociación entre las partes.
El Gobierno citó sorpresivamente este jueves a dos miembros del Comité Nacional del Paro para discutir el preacuerdo de garantías a la protesta social que fue concertado por las partes y cuya refrendación está en vilo. SEMANA pudo establecer que el llamado no fue para firmar el documento que daría paso a una negociación entre las partes, sino para pedir modificaciones.
De acuerdo con fuentes consultadas por este medio, el Ejecutivo quiere que los miembros del comité rechacen explícitamente los bloqueos y que esto quede pactado en dicho preacuerdo. Aún no es claro si aceptarán.
Cabe recordar que el Comité Nacional del Paro exigió como prerrequisito para dar inicio a la negociación de su pliego de emergencias con el gobierno Duque, la creación de un documento que garantice el derecho a la protesta en todo sentido. A pesar de que esto no estaba incluido en las exigencias iniciales, varias semanas de protestas en donde la violencia y las denuncias de abuso policial se hicieron notorias y llenaron las redes sociales, llevaron a los sindicatos y movimientos estudiantiles a ponerlo como condición.
Desde el presidente Iván Duque hasta los ministros de Defensa e Interior, Diego Molano y Daniel Palacios, han cuestionado el bloqueo de vías en el país que no solo han causado problemas de movilidad, sino desabastecimiento de alimentos y medicamentos. Asimismo, estos se han prestado para generar violencia en contra de las misiones médicas con ataques a ambulancias y prohibición del paso por algunas zonas del país.
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Sin embargo, desde el Comité Nacional del Paro han insistido en que el bloqueo es una forma de protesta pacífica que está permitida y respaldada por la ley, algo con lo que no concuerda ni el Gobierno ni la Fiscalía General de la Nación, que ya ha decretado medidas cautelares sobre vehículos que han estado obstruyendo las vías del país.
“El paro y la huelga existen para paralizar la producción y mientras ella no atente contra la vida y la salud, es un derecho legal y del que puede hacerse uso (...) Los bloqueos son mecanismos legales según la OIT para establecer las oposiciones y las protestas frente a una situación de carácter social o laboral”, indicó Fabio Arias, fiscal general de la Central Unitaria de Trabajadores en Vicky en SEMANA, el 11 de mayo.
Todo esto ocurre a un mes de la primera fecha del paro nacional, que comenzó el miércoles 28 de abril con protestas en todo el país. La motivación inicial de la protesta, o al menos de sus convocantes iniciales, era que se cayera el proyecto de la reforma tributaria y que el Gobierno se sentara a negociar con el Comité Nacional del Paro, después de dos años de intentos, un listado de exigencias. En 2020, el comité redujo el pliego de peticiones que contenía más de 100, a uno más corto con 7 puntos específicos, pero en algunos casos estructurales.
El presidente Iván Duque decidió retirar la reforma tributaria después de cinco días de protestas y de una escalada inusitada de violencia urbana en Bogotá, Cali y otras ciudades. Aun así, las marchas continuaron, a pesar de la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y la posterior caída del proyecto de la reforma a la salud en el Congreso, que respaldaba el Gobierno, pero que no fue presentado por él.
Después de tres semanas de manifestaciones y convocatorias continuas, tanto de distintos miembros de la sociedad como del Comité Nacional del Paro, el Ejecutivo tomó la decisión, por primera vez, de negociar. A pesar de ello, aún no se ha instalado oficialmente el proceso, justamente porque todavía no se ha refrendado de parte de los dos el preacuerdo de garantías para la protesta social y no es claro cuándo pasará.