Judicial
Urgente | JEP imputará cargos de lesa humanidad y crímenes de guerra a 10 exjefes del Comando Conjunto Central de las Farc
Deberán responder por cargos como toma de rehenes, homicidio, tratos crueles e inhumanos, asesinatos, esclavitud.
Este viernes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la imputación de cargos en contra de diez excomandantes del Comando Conjunto Central de las Farc en el expediente por los actos de secuestro que se presentaron en los departamentos del Tolima, Huila y Quindío.
Las pruebas recolectadas indicaron que esta estructura guerrillera adoptó una política de financiación a través de los secuestros. Con la llamada Comisión Financiera Manuelita Sáenz -según explicó la magistrada Julieta Lemaitre- “se creó un sofisticado sistema de secuestro y extorsión” para cumplir con la cuota de dinero que debía ser entregada al Secretariado de las Farc que, sea dicho de paso, ya fue imputado por estos hechos.
En este sentido se advierte que desde el Comando Conjunto Central se materializaron las políticas trazadas por el antiguo Secretariado en torno al secuestro y que se clasifican en tres tipos: secuestros para financiar la organización, para forzar el intercambio por guerrilleros presos y para contribuir a mantener al control territorial.
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En los últimos meses se recibieron varias versiones de comparecientes de ese grupo armado ilegal que coincidieron en afirmar que los secuestros fueron utilizados con fines económicos para financiar el aparato militar y para cumplir “con el propósito de tomarse la capital del país y ganar la guerra”.
La Sala advierte que el Comando Conjunto Central secuestró personas que residían en la zona que ya venían siendo extorsionadas, en Tolima y Huila, que contaban con prósperos centros agrícolas por el cultivo del café, el arroz, así como por la ganadería y el comercio. La mayoría de los secuestros con fines económicos fueron reportados en los municipios de Murillo, Ortega y Venadillo. También secuestró a personas que procedían de Bogotá, Ibagué y Neiva y viajaban con frecuencia a fincas de descanso en Tolima y el norte del Huila. Sobresalen los secuestros cometidos en zonas vacacionales en torno a la represa de Prado y el eje Girardot-Melgar.
El Comando Conjunto Central también realizó privaciones de la libertad con fines de control territorial, especialmente en los municipios de Ortega, Chaparral, Coyaima, Planadas, Ataco y Rioblanco, áreas históricamente controladas por unidades de las Farc en el sur de ese departamento. En tres casos también privaron de la libertad a miembros de la fuerza pública para forzar un canje por guerrilleros presos, y lo entregaron a otros bloques.
Por estos hechos fueron vinculados Luis Eduardo Rayo, conocido como Marlon; Enoc Capera Trujillo, Giovanni; Jhon Jairo Oliveros Grisales, Armando Pipas; Nelson Antonio Jiménez Gantiva, Gonzalo; Édgar Ramírez Medina, Onofre Camargo; Víctor Hugo Silva, Erick o el Chivo; Wilson Ramírez Guzmán, conocido como Teófilo y Raúl Agudelo Medina, Olivo Saldaña -quien actualmente enfrenta un proceso por la falsa desmovilización de la compañía Cacica La Gaitana de las Farc-.
En la imputación de cargos se advierte que estos diez exintegrantes del Comando Conjunto Central son “máximos responsables” por el liderazgo que ostentaron. así como el mando que tuvieron sobre los seis frentes, tres columnas y tres compañías, además de las comisiones Financiera Manuelita Sáenz y Política René González que componían el Comando.
La Sala determinó que Álvaro Henner López, conocido como J. J. o Jhon Jairo Paz Guevara, y Gustavo Bocanegra Ortegón, alias Donald, son máximos responsables por su participación. Aunque no tuvieran mando sobre las estructuras del Comando Conjunto Central, son responsables de hechos graves y representativos del secuestro en el Tolima.
