Atención | JEP le responde al Secretariado de las Farc. De renunciar a comparecer perderán todos los beneficios y enfrentarán la justicia ordinaria

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le respondió a los antiguos integrantes del Secretariado de las Farc. Considera que de renunciar a comparecer perderán cada uno de los beneficios que se pactaron en el Acuerdo de Paz firmado en el año 2016.

El presidente de la JEP, Roberto Carlos Vidal advirtió que todos los comparecientes deben cumplir con los compromisos pactados, de lo contrario deberán responder ante la justicia ordinaria. “Aquellos comparecientes que se aparten de las decisiones de la JEP e incumplan de manera grave sus compromisos están sujetas a la pérdida de los beneficios y a la reactivaciones de las investigaciones de la justicia ordinaria”.

El magistrado Vidal advirtió que en las negociaciones que se adelantaron durante años en La Habana (Cuba) se estableció que la JEP era la columna vertebral del Acuerdo de Paz para investigar, juzgar y condenar a los antiguos integrantes de ese grupo guerrillero.

“El propósito principal de esta jurisdicción transicional es el esclarecimiento de la verdad y la garantía de los derechos de las víctimas”, precisó el magistrado Vidal tras responder el comunicado enviado en las últimas horas por los exintegrantes del Secretariado comenzando por Rodrigo Londoño Echeverry que plasmó su firma en el Acuerdo de Paz.

“Aquellos comparecientes que se aparten de las decisiones de la JEP e incumplan de manera grave con sus compromisos están sujetos a la pérdida de los beneficios y las sanciones penales impuestas por la justicia ordinaria”, aclaró el presidente este tribunal especial.

Frente a todo lo ocurrido, la JEP le reiteró a los firmantes del acuerdo de paz que “no les corresponde emitir órdenes ni orientaciones acerca de la manera como la magistratura debe cumplir su mandato constitucional”.

En las últimas horas, los antiguos excomandantes de las Farc, hoy líderes del partido político Comunes, enviaron una misiva en la que manifestaron no estar contentos con las actuaciones de la JEP. Por medio de una carta enviada al presidente Gustavo Petro reclamaron por la implementación del acuerdo de paz.

La carta se conoció pocas horas después que la JEP citara para el próximo mes de agosto a los integrantes del Secretariado de las Farc a declarar en el caso que se adelanta por el atentado terrorista en el Club El Nogal, registrado en febrero de 2003.

Los ex-Farc le reconocen a Petro que ante las Naciones Unidas se haya comprometido a implementar el acuerdo de paz firmado en Cuba en 2016.

“No ha sido fácil, presidente Petro, avanzar durante estos siete años, desde cuando firmamos el tratado de paz; múltiples dificultades, unas naturales, otras creadas, han obstaculizado el sendero de la anhelada paz para nuestro país”, aseguraron.

La carta está firmada por Rodrigo Londoño (Timochenko), Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Joaquín Gómez, Rodrigo Granda, Jaime Alberto Parra y Julián Gallo.

Uno de los hechos más llamativos es que arremeten fuertemente en contra de la JEP. Dicen que les preocupa que el tribunal se habría alejado de lo acordado y que ha hecho sus propias interpretaciones. Además, que la JEP estaría siendo un ente “judicial punitivista más propio de un sometimiento a la justicia”.

Reclaman por los macrocasos y la forma en la que están siendo juzgados los excombatientes, lo que para ellos estarían “vulnerando” la seguridad jurídica de los comparecientes.

“No puede la jurisdicción para la paz apartarse de principios básicos del derecho, como son la legalidad, el juez natural, la imparcialidad, la debida motivación, la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la contradicción, la favorabilidad penal y la doble instancia, entre otros”, dijeron.

Reclaman por quienes han sido expulsados de la JEP, dicen que se estaría vulnerando el debido proceso y la presunción de inocencia, y que se niega la posibilidad de controvertir. “Es una expulsión unilateral de la JEP”, reclaman.

Además, afirman que de 4.485 solicitudes de amnistía, han sido concedidas 688 y 3.804 negadas y que no están de acuerdo con eso. “Este tipo de accionar de la jurisdicción afecta y pone en riesgo el AFP (acuerdo final de paz), así como el logro y éxito de procesos de paz en curso, pues, es evidente la restrictividad con la que ha venido funcionando el sistema lo que genera falta de confianza y un alto grado de incredulidad”, dijeron.